• Por primera vez en el marco de un nuevo orden legal, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen respectivo

El pleno de la Cámara de Diputados avaló con 241 votos el dictamen con proyecto de decreto de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 2001, donde se establece que sus resultados no se ajustan a los criterios señalados por el Presupuesto ni se han cumplido los objetivos en diversos programas, además de que existe un número significativo de incumplimientos que han constituido observaciones a su contenido, siendo procedente que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dé seguimiento a su solventación y finque las responsabilidades conducentes.

El dictamen correspondiente a la cuenta pública de 2001 se desarrolló en el marco de un nuevo orden legal que entró en vigor justamente para ese ejercicio fiscal, en el que se ha fortalecido la participación de la Cámara de Diputados en el proceso de revisión de la nueva administración federal de las instituciones públicas que maneja recursos y se ha dotado de mecanismos más eficaces en la conducción de las responsabilidades que corresponden a la ASF.

El documento elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destaca que las observaciones mencionadas se tradujeron en un efecto económico de 339 mil 456.2 millones de pesos e informa que las principales variables económicas presentaron desviaciones importantes respecto de las metas previstas en los Criterios Generales de Política Económica.

Explica que durante 2001 el Producto Interno Bruto (PIB), cayó 0.3 por ciento en términos reales, cifra muy por debajo del crecimiento de 4.5 que originalmente se proyectó y del alcanzado un año antes, de 6.6 puntos porcentuales; a la vez, el sector industrial se contrajo en 3.5 por ciento, lo que se reflejó en pérdida de 358 mil 587 empleos formales.

Indica que el balance presupuestario arrojó un déficit de 43 mil 430 millones de pesos, monto superior en dos mil 459.7 millones de pesos, respecto de la meta aprobada, que como proporción del PIB fue equivalente a 0.75 por ciento mayor en 0.1 puntos al aprobado y que el superávit primario se situó en 144 mil 630 millones de pesos, nivel equivalente al 2.5 por ciento del producto.

Durante dicho ejercicio fiscal, el saldo de la deuda bruta del sector público se ubicó en un billón 420 mil 869 peso, equivalente al 24.6 por ciento del PIB; la deuda interna constituyó el 54.7 por ciento de la deuda bruta del sector público presupuestario.

En tanto, el Gobierno Federal aumentó en el año analizado su saldo en 30 mil 345.1 millones de pesos, con lo que su monto total ascendió a un billón 304 mil 824 millones de pesos, lo que significa 91.8 por ciento del total de la deuda bruta presupuestaria y el sector paraestatal disminuyó su saldo en 10 mil 904 millones de pesos, al situarlo en 116 mil 45 millones de pesos, cifra que significó el 8.2 por ciento de la deuda bruta presupuestaria.

Por otra parte, en el dictamen se establece que en ese año se destinaron 59 mil 713.8 millones de pesos a los programas para superar la pobreza extrema, lo cual significó un incremento de 9.7 por ciento real, pero un subejercicio de 5.2 por ciento respecto al presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, al dejar de erogar tres mil 287.6 millones.

También explica que para ese mismo ejercicio fiscal se autorizaron recursos para el desarrollo humano por 31 mil 663 millones de pesos, sin embargo, todos los programas que contienen esta vertiente de apoyo social registraron subejercicios de mil 793.7 millones de pesos. En cuanto a los recursos destinados al fortalecimiento de la infraestructura social básica, ascendieron a 20 mil 803.7 millones de pesos, de los cuales se dejaron de ejercer 518.2 millones.
Posicionamientos

Al fundamentar el dictamen, el diputado Guillermo Huízar Carranza (PRD), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señaló que el dictamen reporta los principales resultados obtenidos en las 355 revisiones practicadas a 134 de 335 entes públicos, lo que significa que 201 no fueron objeto de revisión alguna.

Se emitieron tres mil 23 observaciones, de las que se derivaron cuatro mil 113 acciones correctivas y preventivas, las cuales tienen que ver con deficiencias en la operación de los sistemas y mecanismos de control interno; con el incumplimiento de objetivos y metas de algunos programas institucionales, con la presunción de daño al erario federal o al patrimonio de las dependencias o entidades y con la falta de comprobación o justificación de diversas operaciones.

Mencionó que entre las irregularidades encontradas el caso más significativo sigue siendo el Programa de Capitalización y Compra de Cartera en poder del Fobaproa-IPAB, donde se detectaron múltiples operaciones al margen de la norma, que generaron 32 observaciones con un impacto económico de casi 60 mil millones de pesos.

Dijo que la APF violó a la norma en 309 ocasiones; 18 veces la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; cuatro veces la Ley de Ingresos; 37 veces el Presupuesto de Egresos de la Federación; 32 veces la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 76 veces su reglamento; y 43 veces la Ley de Adquisiciones, todo ello con el efecto económico de más de 339 mil millones de pesos.

Afirmó que el año 2001 descubre una administración pública ineficaz y retadora del imperio del derecho y subrayó que ninguna democracia puede sostenerse con esos resultados en transparencia, rendición de cuentas y eficacia gubernamental.

Más adelante, se rechazó con 247 votos la moción suspensiva presentada por el diputado Rafael Sánchez Pérez (PAN), quien propuso que el dictamen regrese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para solicitar a la ASF la entrega de los dictámenes de la revisión de la Cuenta Pública de 2001 que no presentó en tiempo y forma.
La moción fue impugnada por el diputado perredista Pablo Gómez Álvarez por considerarla improcedente, pues lo único que lograría es postergar el debate y la votación, pero no desaprobaría el dictamen, “por lo que se debe entrar a discutirlo y ver si la Cámara de Diputados tiene o no facultades para emitir una resolución sobre la cuenta pública”.

Al manifestar su voto en contra, el legislador José Isabel Trejo Reyes (PAN) dijo que la Cuenta Pública de 2001 ya fue revisada, que la ASF hizo sus observaciones y estableció las medidas necesarias para resarcir, en su caso, el daño a la Hacienda Pública Federal.

Recordó que el ciclo de la revisión consiste en la entrega a esta soberanía; se envía al organismo de fiscalización y termina con el informe de resultados que, cuando eso sucedió, traía una serie de observaciones las cuales iban hasta los 339 mil millones de pesos; mismas que en informes pasados se establece que en un 99 por ciento ya fueron solventadas.

Al hablar a favor del dictamen, Raúl José Mejía González (PRI) señaló que es la primera vez que se presenta un dictamen de revisión de Cuenta Pública, con base en el nuevo marco legal de la fiscalización superior en México, a raíz de las reformas constitucionales de 1999.

Asimismo, indicó que en el documento se detectaron severas deficiencias durante el primer año de gestión del presidente Vicente Fox, por lo que esta soberanía debe privilegiar las evaluaciones cualitativas sobre las cuantitativas, así como la evaluación del impacto que las políticas públicas tienen en nuestro país.

Por su parte, el diputado Federico Döring Casar (PAN) sostuvo que en el dictamen se están potencializando los pequeños detalles de incumplimiento y no se reconoce lo que se hizo correctamente, como el cumplimiento del 97.6 por ciento en la recaudación de ingresos presupuestarios, 98.3 por ciento en ingresos tributarios, 99.3 por ciento en ingresos no tributarios y resaltó que sólo está pendiente por solventar el 0.3 por ciento de lo observado por la ASF.

Aseveró que Acción Nacional está orgulloso del ejercicio de gasto 2001, sin embargo les hubiera gustado mayor congruencia entre la cifra técnica y lo que debería ser una redacción madura, objetiva y responsable de los resolutivos del dictamen.

La legisladora Minerva Hernández Ramos (PRD) indicó que este dictamen constituye un severo llamado de atención al Gobierno Federal, ya que los legisladores no permitirán que la revisión de cuenta pública continúe siendo un acto de simulación, sino que, por el contrario, provoque la reflexión del Presidente Vicente Fox y actúe en consecuencia y en su gabinete ubique en espacios de conducción a gente preparada, capaz y dispuesta a apegarse a la normatividad vigente.

En contra, el diputado Salvador Vega Casillas (PAN) dijo que el dictamen es a destiempo, contradictorio, con gran cantidad de errores y falsedades. Se ignoraron las conclusiones que se emitieron en la Comisión de Vigilancia y las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación, precisó.

Añadió que la información se presenta con carácter tendencioso, pues se dice que hay subejercicio, pero no se aclara que la mayoría de lo no ejercido fue por eficiencia en el uso de los recursos, ya que no se pagaron comisiones y gastos de deuda.

En tanto, el diputado Francisco Alvarado Villazón (PVEM) se pronunció a favor del dictamen, “ya que refleja que la gestión gubernamental, en términos generales, se apegó a los ordenamientos y principios de contabilidad gubernamental, favoreciendo con ello la rendición de cuentas de esta soberanía y el cumplimiento con el mandato constitucional”.

Posteriormente, la mesa directiva levantó la sesión y citó para la próxima que tendrá lugar el martes 26 de abril de 2005 a las 11:00 horas.