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Boletín N°. 1816 Multas y cárcel a quienes practiquen la reproducción asistida sin autorización

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  • Se propuso reformar la Ley General de Salud para detectar clínicas clandestinas

Ante la incidencia de infertilidad en la población del país, de aproximadamente entre un 12 y 15 por ciento, la Cámara de Diputados analiza los alcances de una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, mediante la inclusión de un capítulo sobre las técnicas de reproducción asistida, a fin de que se imponga cárcel y multas a quien recurra a esta opción con fines distintos a los autorizados.

El diputado de Convergencia, Jesús Martínez Álvarez, propuso lo anterior para que se impongan de dos a seis años de prisión y multa de dos mil a seis mil días de salario mínimo a quien revele la identidad de los donadores de células germinales o a quien disponga de las mismas con fines distintos a los autorizados.

Asimismo, el legislador propone pena de 4 a 10 años de prisión y multa de cinco mil a 10 mil días de salario mínimo a quien transfiera embriones no humanos al útero de la mujer y a quien comercialice o dé uso industrial a estos óvulos.

La misma sanción se aplicaría a quien realice técnicas de reproducción asistida en menores de edad. En los casos en que estas prácticas no autorizadas intervengan profesionales o auxiliares de las disciplinas de salud, además, se les suspenderá de dos a tres años en el ejercicio de su actividad y hasta cinco años en caso de reincidencia, dijo el diputado.

Refirió que en la actualidad entre 10 ó 20 por ciento de las parejas que buscan un embarazo presentan infertilidad sin causa aparente, pero a medida que los conocimientos avanzan y se incorporan nuevas tecnologías aparecen más soluciones viables.

Se estima, indicó, que en un 40 por ciento de los casos, el origen de la infertilidad es femenina y en otro 40 el hombre es el afectado y sólo en un 20 por ciento el problema resulta de una combinación de factores por parte de ambos cónyuges.

Abundó que ante la infertilidad es esencial, previo a iniciar un tratamiento, realizar una evaluación diagnóstica adecuada que permita determinar la causa que origina el trastorno y de este modo aplicar una conducta terapéutica específica.
El diputado Martínez Álvarez planteó que en la Ley General de Salud se incluya un capítulo VII Bis en el Título Tercero para establecer que "la reproducción asistida es un medio alternativo para dar efectividad a la libertad reproductiva del ser humano y se basa en técnicas en que la unión de las células o implantación del óvulo fecundado en el útero de la mujer se realiza mediante manipulación artificial".

Propuso que mediante el Consejo de Fertilización Humana y Embriología, como instancia dependiente de la Secretaría de Salud, se detecte a todas aquellas clínicas o centros clandestinos donde se lleven a cabo prácticas de reproducción asistida fuera del cumplimiento de la ley en la materia.

Este conjunto de propuestas del legislador se estudian en la Comisión de Salud para su dictaminación, posterior presentación en el Pleno y posible aprobación.

 
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