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• Podrían ser sujetos de fincamiento de responsabilidades por omisiones en el desempeño de sus actividades
• El diputado Alejandro Flores presentará este martes ante el Pleno una iniciativa al respecto

El Pleno de la Cámara de Diputados conocerá este martes una iniciativa del legislador de Acción Nacional, Rogelio Alejandro Flores Mejía, tendiente a modificar el Artículo 108 Constitucional, a fin de establecer que los rectores de las universidades públicas y empleados universitarios que cumplan funciones de dirección, vigilancia, revisión y auditoría, sean considerados como servidores públicos y puedan ser sujetos de fincamiento de responsabilidades por los actos u omisiones en que incurran dentro del desempeño de sus actividades.

Dicha iniciativa señala que al reformar este artículo, se coadyuvaría a que las universidades públicas puedan aplicar sus recursos con probidad, eficiencia y exclusivamente a los fines que le son propios.

Plantea también que en un Estado democrático y de derecho, el ámbito de acción de las instituciones públicas de educación superior debe estar determinado por la ley, y los funcionarios universitarios tienen que responder ante ésta por el uso de las facultades que expresamente se les confiere.

Además, menciona que en la práctica, la responsabilidad de quienes son los encargados de conducir y dirigir el destino de las instituciones públicas de educación superior, tienen la obligación de cumplir de manera eficaz con el manejo adecuado de los recursos financieros y del patrimonio universitario.

Al respecto, el diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, destacó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, en el año 2004, las distintas instituciones públicas de educación superior del país registraron una matrícula escolarizada de 2 millones 322 mil 800 estudiantes.

Agregó que el subsidio público gubernamental a las distintas universidades públicas del país para el ejercicio presupuestal 2004, ascendió a 48 mil millones 654 mil 600 pesos, de los cuales, 37 mil 285 millones, 526 mil 100 pesos son subsidio federal y 10 mil 715 millones 128 mil 500 pesos son de subsidio estatal.

El monto total del subsidio gubernamental a las instituciones públicas de educación superior, dijo el legislador panista, supera por mucho al subsidio que reciben varias de las Secretarías de Estado y la mayoría de las entidades Federativas del país, lo que hace conveniente crear un marco normativo acorde con la necesidad de maximizar la utilización de estos recursos públicos en beneficio de la Educación Superior que imparte el Estado.

"Por ello se propone la creación de instrumentos legislativos que perfeccionen los mecanismos de supervisión, fiscalización y vigilancia de los recursos asignados a las Instituciones Públicas de Educación Superior, lo que permitirá garantizar el desempeño honesto, eficiente y responsable de los funcionarios universitarios", subrayó.

Puntualizó que una medida que ha resultado eficiente en la fiscalización del uso de los recursos públicos es la declaración de situación patrimonial, por ser un instrumento preventivo que fortalece la confianza y asegura la honradez de quienes fungen como servidores, toda vez que los tres tipos de declaración, a saber: la inicial, la de conclusión y la anual, le facilitan al Estado detectar irregularidades y en consecuencia, le permite fincar responsabilidad.

"Esto significa que tanto los Rectores de las Instituciones Públicas de Educación Superior y los demás funcionarios universitarios que cumplan funciones de dirección, vigilancia, revisión y auditoría en la administración de la Universidad, también deben sujetarse a un marco normativo igual al que regula las responsabilidades de los servidores públicos", concluyó.