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Boletín N°. 1824 Acelerar la integración de la averiguación previa contra Serrano Limón, piden diputados a la PGR

Se aprobó el exhorto al Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, para que pida a los agentes del Ministerio Público den celeridad a la integración de la averiguación previa seguida en contra de Jorge Serrano Limón, representante legal del Comité Nacional Provida A. C. y de Rocío Gálvez Sánchez, vicepresidenta del mismo.

Lo anterior, debido a las irregularidades en la asignación y utilización de recursos públicos destinados al Comité Provida, por lo que se debe tomar en consideración la resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública, así como el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para hablar a favor del punto de acuerdo expuesto por la Junta de Coordinación Política, la diputada del PRD, Martha Lucía Mícher Camarena, señaló que la ASF decidió inhabilitar sólo de manera administrativa por 15 años a Jorge Serrano Limón, por lo que recordó que su grupo parlamentario presentó en septiembre del año pasado una denuncia penal en contra del representante legal de Provida.

Desde esa fecha, siete meses, recalcó, no se han tenido noticias del curso que tiene y de la situación de la denuncia penal por peculado, es por ello que se solicitó a Macedo de la Concha, con pleno respeto a las facultades constitucionales y legales que le corresponden, dé celeridad a la integración de la averiguación previa.

Mícher Camarena indicó que con la aprobación se acabará con una historia de desvíos, rumores, contradicciones de cifras y acuerdos alejados de la legalidad, por lo que pidió llegar hasta las últimas consecuencias para que no se permita que Asociaciones Civiles utilicen sus recursos “para comprar tangas, trajes y una serie de artículos que nada tienen que ver con el objeto para el que fue solicitado”.

Dictámenes de Primera Lectura
Estímulos fiscales para impulsar desarrollo empresarial

Se conoció en primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto, por el que se adiciona un capítulo VII-A al Título Segundo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que constituye un estímulo fiscal orientado a invertir en el desarrollo de las capacidades empresariales y asociativas de la población marginada y en situación de pobreza para que se encuentren en condiciones de generar su propio empleo y una fuente digna y sustentable de ingresos.

Reglamento para el Canal del Congreso

Además, también se presentó en primera lectura el dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto, por el que se expide el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que a más de cuatro años del inicio formal de sus transmisiones, estos esfuerzos carecen de una guía normativa que establezca con claridad los alcances y límites de la actuación el canal.

Enseñanza en preescolar del Himno Nacional

Por otra parte, la Comisión de Gobernación presentó en primera lectura cinco dictámenes con proyectos de decretos, de los cuales, dos reforman y adicionan disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. El primero de ellos, reforma el artículo 46 de este ordenamiento, para incluir la enseñanza del Himno Nacional en el nivel de educación preescolar.

Traducción a lenguas prehispánicas del Himno Nacional

En tanto, el segundo dictamen referente a la citada ley, plantea adicionar un artículo 39 BIS, a fin de que los pueblos y las comunidades indígenas puedan ejecutar el Himno Nacional traducido en la lengua que en cada caso corresponda.
Ley Seca

Asimismo, esa misma Comisión dio a conocer el dictamen con proyecto de decreto que reforma el numeral dos del artículo 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), con el objetivo de que el día de la elección y el precedente, a juicio de las autoridades competentes y de acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad federativa, se ordenará, cuando sea indispensable para preservar el orden de la jornada, el cierre de los establecimientos que expendan bebidas embriagantes.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

También de la Comisión de Gobernación se conocieron dos dictámenes para reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El primero de ellos reforma la fracción X del artículo 31, y las fracciones IV y IX del artículo 35, ya que el texto vigente aún hace referencia a la desaparecida Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y es necesario actualizarlo con el cambio por el término Secretaría de Economía (SE) y amplía las funciones de la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que vigile el cumplimiento y aplique la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal, además de que otorgue las certificaciones relativas al ámbito de su competencia

Reubicación industrial a zonas urbanas

El otro dictamen de la misma instancia legislativa referente a esta Ley, adiciona una fracción XXX, recorriéndose el orden subsecuente, al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de que la SE impulse la reubicación de la industria de zonas urbanas con graves problemas demográficos y ambientales, en coordinación con las entidades Federativas, para que se facilite su traslado con infraestructura industrial.

Permiso a Cónsul

De igual forma, esa misma Comisión presentó en primera lectura el dictamen con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alfonso Barnetche Pous para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Portuguesa, en la Ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

Multas a infractores ambientales

Asimismo, se conocieron en primera lectura varios dictámenes con proyectos de decretos de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tres de los cuales reforman y adicionan la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. El primero, propone adicionar la fracción V al artículo 112 para incluir en las sanciones por violaciones a este marco legal, multa por el equivalente de 20 a 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Cumplimiento de sanciones

El segundo de los dictámenes relacionados con esta ley, adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 111, para establecer que en la resolución administrativa correspondiente, se señalarán o adicionarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hiciere acreedor; señala que dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo para subsanar deficiencias el infractor deberá comunicar su cumplimiento por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora.

Precisar normatividad

El tercer dictamen relacionado con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos reforma los artículos 1, fracción XIII, la fracción VII del artículo 7; modifica el artículo 101 y adiciona un párrafo al artículo 104 de la misma ley, pues aunque la normatividad ambiental prevé la imposición de medidas correctivas para que el infractor cumpla con las disposiciones que no ha observado cuando se ha detectado su incumplimiento, en el texto de esta ley no se indican con claridad en qué consisten, ni la autoridad facultada para imponerlas, pues únicamente se encuentran disposiciones relativas a las medidas de seguridad.

Notificaciones en materia ambiental

Asimismo, esta misma Comisión presentó un dictamen con proyecto de decreto para adicionar los artículos 167 BIS 1, 167 BIS 2, 167 BIS 3 y 167 BIS 4, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que constituyen un importante avance en la regulación jurídica de las notificaciones, mejoran la actuación de los órganos de la administración pública federal, dando mayor certidumbre a sus actos y amplían la tutela de los derechos y las libertades de los particulares.

Actualizan listas nacionales de especies en riesgo

Finalmente, se conoció también en primera lectura el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que el artículo 49, segundo párrafo y el 56 segundo párrafo de la Ley General de Vida Silvestre, para establecer el derecho de toda persona a que la Secretaría ponga a su disposición información sobre la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nacional y su hábitat, excepto aquella susceptible de generar derechos de propiedad intelectual y que las listas respectivas serán revisadas y actualizadas cada tres años.

 
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