El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 268 votos a favor, 138 en contra y una abstención, el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, por el que se expide la Ley para la Conservación y Restauración de las Tierras.

Del mismo modo, para reformar, adicionar y derogar, diversas disposiciones de las leyes generales de Desarrollo Forestal Sustentable y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de lucha contra la desertificación.

De acuerdo con el dictamen avalado por los diputados, entre los principales aspectos de la crítica situación del campo, está la degradación de los recursos naturales, que afecta radicalmente la productividad, con sus consecuentes efectos en la problemática socioeconómica y la soberanía alimentaria del país, a la vez que repercute en intereses nacionales estratégicos de conservación de los servicios ambientales, provisión del agua en calidad y cantidad y la diversidad biológica.

Añade que en México la pérdida de recursos forestales y biodiversidad, la escasez del agua y su contaminación, han alcanzado dimensiones que ubican a esos procesos como materia de seguridad nacional, por las implicaciones que conllevan y por el riesgo de pérdida de su control con los medios nacionales disponibles, lo que hace impostergable la solución con carácter urgente y prioritario.

Destaca que el territorio nacional se deteriora a un ritmo calculado de entre 0.9 y 1.6 por ciento anual, y que la deforestación afecta alrededor de 600 mil hectáreas anuales, además de que se han perdido el 30 por ciento de los bosques y selvas existentes en 1960, ante lo cual, con un esfuerzo enorme, solamente se han alcanzado reponer por reforestación 200 mil hectáreas anuales en los últimos dos años y las plantaciones comerciales son incipientes.

Además, menciona, la pérdida de utilidad agrícola de unas 10 mil hectáreas anuales de las mejores tierras irrigadas por causa de la acumulación de sales, ha sumado ya una superficie de 425 mil hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva.

En consecuencia, establece que la pérdida de capital natural por la deforestación tiene costos inaceptables e imposibles de sufragar, pues de acuerdo con el Banco de México, se estima que solamente por reducción directa en la rentabilidad, la degradación de los recursos naturales provoca pérdidas del orden de los 40 mil millones de pesos anuales, en tanto que los cálculos del Producto Interno Neto Ecológico, formulados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, estiman que el costo agregado, incluyendo el agotamiento de recursos, es del orden del 10.6 por ciento del Producto Interno Bruto.

Añade que entre las principales causas inmediatas de la deforestación, está el cambio de utilización de las tierras para fines agropecuarios, promovidas por factores como la dinámica económica y el crecimiento poblacional en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que ejercen presiones por medio del costo de oportunidad, al no existir una valoración de los servicios ambientales de los recursos naturales y la biodiversidad.

"La presencia del narcotráfico; la aplicación de esquemas de concesiones de aprovechamiento forestal con escaso beneficio para los dueños de los recursos, así como los incendios, que afectan anualmente un promedio de 276 mil hectáreas (calculado para el periodo de 1991 a 1998), de las cuales el 34 por ciento son arboladas y alrededor de una quinta parte de ellas resultan dañadas letalmente", señala.

Al iniciar el debate y al hablar en pro del dictamen, el diputado Pascual Sígala Páez (PRD) señaló que como todas las leyes, ésta tendrá defectos que se podrán corregir con la buena voluntad de los grupos parlamentarios, pero lo que no se debe hacer es regatear por más tiempo los instrumentos indispensables que requiere el campo mexicano.

A su vez, el legislador Joel Padilla Peña (PT) indicó que el mérito fundamental de esta nueva ley consiste en establecer normas precisas para el uso y el aprovechamiento de las tierras en las principales actividades económicas, al tiempo que establece los instrumentos para la prevención y combate a la degradación y desertificación.

El diputado Leonardo Álvarez Romo (PVEM) indicó que el problema de la degradación de suelos va más allá de una mera consideración biológica o ambiental y ésta conduce a una disminución significativa de su capacidad productiva. "Desde el punto de vista social, se generan procesos de empobrecimiento, migración y deterioro de la calidad de vida de la población".

Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario de Acción Nacional, los diputados José María de la Vega Larraga y Ramón González González, argumentaron que el dictamen carece de fundamento técnico y jurídico que hacen del proyecto de Ley inviable, pues viola la Constitución Política y amplía sin fundamento alguno el campo de acción del Acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Desertificación.

De igual forma, coincidieron, deroga tácitamente diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente, además de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

"También plantea exclusivamente competencias federales, lo que es inconsistente con la distribución concurrente de atribuciones que ordena la Constitución en materia de medio ambiente", refirió el diputado De la Vega Lárraga.

A su vez, el legislador panista, Francisco Javier Lara Arano, aseveró que pese a que se insiste en que no se generarían estructuras adicionales de la Administración Pública Federal, en la práctica sí lo hace, lo que implicaría recursos adicionales que no tiene el país.

"¡Qué incongruencia con la aprobación de esta iniciativa!, yo creo que no podemos estar haciendo leyes por la calentura de dos o tres que creen que regulando vamos a darle un marco más viable al campo, lo que tenemos que hacer son leyes que estén más consensadas y apegadas a la realidad", sostuvo.

En tanto, el diputado Carlos Blackaller Ayala (PRI) recordó que el proceso para dotar al país de un instrumento jurídico que atienda el problema de la desertificación y que no es exclusivo del campo sino de todo el país, tiene ya 10 años.

Por el Partido Convergencia, el diputado Jesús González Schmal mencionó que "lo que se somete a revisión y análisis es la funcionalidad de la Secretaría del Medio Ambiente, que a décadas de su creación el balance ha sido limitado".

"El medio ambiente sigue siendo depradado, desatendido y manejado por improvisados que en la titularidad de la dependencia o de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente no hacen sino posicionarse políticamente para el futuro", dijo.

Finalmente, el diputado priísta, Cruz López Aguilar subrayó que el dictamen en discusión es un compromiso internacional de México porque el gobierno federal suscribió la Convención Mundial contra la Desertificación.

Más adelante, el Pleno avaló las modificaciones de los artículos primero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de esta Ley, presentadas por el diputado Adrián Chávez Ruiz (PRD).

En el artículo primero se añade un segundo inciso y modifican las fracciones 6 y 7. También se aprobó la adición de los artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, recorriéndose los subsecuentes, a fin de delimitar las tareas que tendrían que llevar a cabo la federación, estados y municipios.

La ley permitirá combatir los procesos de degradación de las tierras en el medio rural y fomentar su restauración; proteger el suelo y evitar el deterioro, pérdida, contaminación o cualquier factor de degradación que disminuya la capacidad productiva de las tierras; definir los términos de la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales en la restauración, el mejoramiento y conservación de las tierras.

También, para promover el manejo sustentable de las tierras y de los recursos naturales; contribuir al mejoramiento de las cuencas hidrográficas y la provisión de agua limpia a la sociedad; ordenar la utilización de las tierras de acuerdo a su aptitud y conforme a criterios de aprovechamiento sustentable; delimitar las zonas rurales y periurbanas y, finalmente, determinar las bases y cauces para la participación de la sociedad civil en las tareas de conservación y restauración de las tierras.