Diputados del sector agropecuario demandaron al Ejecutivo Federal aplicar los recursos públicos aprobados en el presupuesto de este año para el campo, independientemente de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues de lo contrario se afectarán programas sociales no incluidos en la controversia sobre el gasto de este año.

Los legisladores pidieron al gobierno federal cumplir con la ley y que no haya más retrasos en la ejecución presupuestal.

Durante el Foro Nacional de Evaluación del Acuerdo Nacional para el Campo, diputados y representantes de organizaciones campesinas coincidieron en que a dos años de la firma de dicho convenio el Ejecutivo Federal no ha cumplido con los compromisos, lo que pone en riesgo la operación de programas.

Al inaugurar el evento, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo Vieyra, destacó la urgencia de convertir al campo mexicano en la palanca del desarrollo nacional.

En representación del presidente de la Mesa Directiva, Manlio Fabio Beltrones, el diputado priísta dijo que se deben identificar avances, señalar imprecisiones e incumplimientos, pero sobre todo, proponer nuevas fórmulas y adecuar el marco jurídico a las necesidades de un desarrollo rural justo, equilibrado y responsable.

Exigió al Ejecutivo Federal cumplir en tiempo y forma sus obligaciones en la conducción de las políticas y aplicación del presupuesto destinado al campo.

Por su parte, el presidente de la Comisión Especial para el Campo, el legislador Rafael Galindo Jaime (PRI) aseguró que en la evaluación realizada al Acuerdo Nacional para el Campo el año pasado, se observa el incumplimiento general de temas sustantivos y estructurales, pues la pobreza, la injusticia social y la falta de competitividad no se han superado.

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Dentro de los incumplimientos destacó la falta de revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio, ausencia de respuesta ante los problemas que enfrenta el agro, como el contrabando y una balanza comercial agroalimentaria crecientemente deficitaria y el aumento de la importación de alimentos procesados, en cuya elaboración se usan insumos subsidiados.
Explicó que cada día un campesino muere en la búsqueda por sobrevivir en Estados Unidos y otros 10 sufren lesiones severas, además seis millones y medio de mexicanos, sobre todo del campo, viven con más de un dólar al día.

Al respecto, Galindo Jaime hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva la controversia sobre el presupuesto y que éste se aplique de manera oportuna y eficaz. "Es inaceptable que por motivo de la controversia se afecten programas no incluidos en la misma, por lo que el Ejecutivo Federal debe cumplir con la ley y el presupuesto, y que no haya mas retrasos en su ejecución", aseveró.

Además, pidió considerar la agenda pactada en el Acuerdo Nacional para el Campo como base para proyectar el futuro del agro y un mayor control de las fronteras y aduanas a fin de hacer frente a la importación de productos agroalimentarios que afectan la cadena productiva del país.

En el evento, efectuado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Cruz López Aguilar lamentó que la Corte pretenda invalidar partidas presupuestales, como los 30 millones de pesos destinados para el pago de braceros.

Aseguró que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del gasto para el sector. "Que no quepa la menor duda y que no haya vacilación para conservar el anexo 16 del presupuesto referente al Programa Nacional Concurrente", pues dijo, es donde se incrementó hasta en 17 por ciento el gasto para el sector.

Por otra parte, el legislador priísta dijo que el 80 por ciento de los recursos de programas como Alianza para el Campo se ejercen en el último cuatrimestre del año, por lo que instó a que la asignación de los recursos se realice en tiempo y forma.

Más adelante, el diputado Fernando Ulises Adame de León (PRI), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, manifestó su preocupación de que la Suprema Corte falle contra los intereses de los diputados, sobre todo, porque se hizo un gran esfuerzo para destinar 20 mil millones de pesos adicionales a los 111 mil millones propuestos por el Ejecutivo para el agro.

Puntualizó que no tiene caso que el Ejecutivo Federal "gane" la controversia, porque los recursos estarían sin ejercer. Además, comentó que con ello se afectarán a 12 millones de mexicanos que carecen de agua potable.

Por último, Héctor Padilla Gutiérrez, en representación del presidente de la Confederación Nacional Campesina, Heladio Ramírez López, afirmó que la Cámara de Diputados ha respondido a las exigencias del campo al incrementar los recursos, no así el Gobierno Federal que ha incumplido los compromisos asumidos en el acuerdo.

Señaló que de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados el año pasado sólo se ejerció el 10 por ciento hasta el mes de noviembre, además de que en el Programa Alianza para el Campo estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Colima estaban en cero gasto.

El representante campesino se pronunció por prolongar hasta en 15 años la existencia del Procampo, a fin de enfrentar la competitividad de los países del norte, así como establecer --por ley-- la obligatoriedad de ejercer los recursos destinados a este sector en tiempo y forma, imponer sanciones a los funcionarios que no lo hagan e incorporar a los estados en los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo.

En el evento también participaron los diputados Beatriz Zavala Peniche, Manuel García Corpus, Miguel Luna Hernández y Francisco Javier Obregón Espinosa, presidentes de la Comisión de Desarrollo Social, de Reforma Agraria, de la Comisión de Desarrollo Rural y de Pesca, respectivamente.