Para garantizar la rendición de cuentas, transparencia y una vigilancia más estricta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como determinar sanciones para desalentar y castigar los ilícitos en que incurran los empleados y funcionarios de ese organismo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 257 votos a favor, 94 en contra y 8 abstenciones reformas y adiciones a la Ley del Infonavit.

El dictamen presentado por las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, prevé castigar el fraude en los términos del Código Penal Federal, en los casos en que se obtengan créditos o se reciban depósitos sin tener derecho a ello, mediante engaño, simulación o sustitución de persona.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisará y vigilará que las operaciones del Infornavit se ajusten a las normas establecidas, por lo que se encargará de informar al instituto y a la Secretaría de Hacienda, de las irregularidades que detecte, para que se corrijan y, en su caso, impondrá las sanciones que correspondan en el ejercicio de sus funciones.
Con las reformas se busca dotar al instituto de un organismo interno de fiscalización y crear un Comité de Auditoría y uno de Transparencia y Acceso a la Información, con el propósito de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, quienes podrán valorar el desempeño del organismo.

La finalidad es también incorporar al Congreso de la Unión al análisis de los resultados del instituto, al presentarle anualmente el informe aprobado por la Asamblea General del Infonavit.

Otro de sus objetivos es fortalecer las facultades de la Asamblea General del instituto respecto a las políticas para el otorgamiento de créditos, así como la designación y ratificación de los integrantes de los órganos internos.

El dictamen establece que los funcionarios y trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores deberán sujetarse a un Código de Ética.

Fundamentación

La diputada Mayela Quiroga Tamez (PRI), a nombre de la comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda indicó que se establecen medidas de control, transparencia y rendición de cuentas que obligarán al director general del Infonavit a enviar al Congreso de la Unión un informe de su administración y publicar un balance anual en el Diario Oficial de la Federación.

Subrayó que se prevén sanciones para desalentar y castigar los ilícitos por comisión, omisión o negligencia en que pudieran incurrir los trabajadores y funcionarios del Infonavit.

Expuso que las reformas logradas son ampliamente justificadas porque se propone la implementación y perfeccionamiento de instrumentos internos y externos para el Comité de Vigilancia, la institucionalización de los procedimientos de auditoría, la reglamentación y transparencia en la designación de un auditor externo, así como el fortalecimiento de las facultades de la Asamblea General.
Moción suspensiva

Más adelante, el Pleno rechazó la moción suspensiva del diputado Pablo Franco Hernández (PRD), quien planteó llevar a cabo una discusión más profunda del dictamen, pues dijo que las comisiones, al fundamentarlo, afirmaron que el Infonavit es un organismo privado.

Aseguró que el dictamen es deficiente y presenta un retroceso en transparencia, porque se pretende conservar privilegios y arreglar en la discrecionalidad los diversos procesos que deben ser públicos, así como asignar recursos con la discriminación de regiones y entidades que no están en la cartera de clientes de los monopolios constructores y desarrolladores de vivienda.

Afirmó que con el otorgamiento individualizado de créditos se excluye a la mayoría de los trabajadores y recalcó que el debate sobre la naturaleza jurídica del organismo se debe hacer de forma más amplia. No se puede borrar de un plumazo la naturaleza jurídica del instituto que debe preservar los intereses de los trabajadores en materia de vivienda, añadió.

Posicionamientos

PRI

A favor del dictamen, el diputado David Hernández Pérez (PRI) indicó que con las reformas en cuestión se da un paso adelante en la transparencia de los recursos de los trabajadores.

Señaló que se podrán contratar auditores externos y se obliga al instituto a enviar anualmente al Congreso de la Unión un informe de su administración, publicar un balance anual en el Diario Oficial y remitirlo al IFAI.

PAN

Enseguida, la diputada María del Carmen Mendoza Flores (PAN), dijo que las reformas benefician al instituto, el cual ha tenido logros importantes como el otorgamiento de tres millones de créditos, vivienda para 15 millones de mexicanos y ha dado muestras de finanzas sanas. En tanto, su compañero de bancada, Jorge Carlos Obregón Serrano aclaró que no se quiere borrar la naturaleza jurídica del Infonavit.

PRD

En contra del dictamen, el diputado Edgar Torres Baltazar (PRD) aseguró que el Infonavit se ha convertido en un gran negocio que ha derramado ganancias jugosas a un reducido sector empresarial y particularmente aquellos que usurpan la representación obrera. Agregó que su partido no puede avalar una actitud que atente contra el patrimonio de los trabajadores.
Posteriormente, el diputado perredista Miguel Alonso Raya afirmó que se solapa un conjunto de prácticas de complicidad y de tráfico de influencias establecidas entre autoridades del Infonavit con las grandes constructoras. Abundó que no se defiende el derecho de los trabajadores a acceder a créditos blandos y a una vivienda digna.

En su oportunidad, el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del mismo partido, dijo que este dictamen constituye un golpe de estado jurídico para privilegiar el interés privado al seno del Infonavit y legalizar el despojo de recursos de los trabajadores.

Añadió: “no apreciamos otro objetivo que beneficiar a un grupo reducido de empresarios”.

PVEM

En pro del dictamen, el diputado Fernando Espino Arévalo (PVEM) señaló que con la reforma a la Ley de Infonavit este organismo estará obligado a publicar sus estados financieros en el Diario Oficial de la Federación, permitiendo que la población acceda libremente a los datos.

A su vez, dijo, se garantizará que los funcionarios del instituto se esmeren por atender con profesionalismo y responsabilidad los intereses de los trabajadores depositados en esa institución, pues se establecerá la obligación de actuar en apego al Código de Ética.
PT

Por su parte, el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT) advirtió que se pretende dar un albazo para proteger a los grandes constructores de vivienda. Indicó que el dictamen representa un retroceso en materia de fiscalización de recursos y de transparencia en la información pública.

Independiente

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (independiente) se pronunció en contra de esta reforma por considerar que no es posible que en este gobierno se creara el Instituto de Acceso a la Información y, al mismo tiempo, se apruebe que el Infonavit no tenga la obligación, sino sólo el deseo de reportar a ese organismo.

Finalmente, pasó el dictamen aprobado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Reformas a la Ley de Navegación

A fin de evitar la contaminación de las playas producida por embarcaciones abandonadas y varadas, la Cámara de Diputados aprobó por 347 votos reformas a la Ley de Navegación, con las cuales se reducen los plazos para remover artefactos navales de un año a seis meses.

Con lo anterior se obliga a los encargados de realizar las maniobras de extracción, remoción o reflote de embarcaciones, aeronaves o artefactos navales a efectuarlos en un tiempo menor, a fin de que no se afecte la navegación, operación portuaria, la pesca y otras actividades marítimas.

Las comisiones unidas de Marina y Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargadas de elaborar el dictamen, señalaron que la actividad comercial de las embarcaciones no debe contaminar mares y playas.

El diputado Ángel Pasta Muñuzuri (PAN) manifestó la necesidad de contar con un marco jurídico actualizado, moderno y preciso que permita resolver con mayor facilidad dichos problemas de contaminación.

Se envió al Senado para sus efectos constitucionales.