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• Diputados del PRI y PRD proponen exhortar al Poder Ejecutivo

Diputados del PRI y el PRD proponen exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que, por razones de gobernabilidad, paz social y respecto al Estado de Derecho, agilice la liberación y el ejercicio de recursos presupuestales del Programa Especial Concurrente para el Campo, no involucrados en la controversia constitucional ni susceptibles de recorte, y los haga llegar a los beneficiaros directos.

En un punto de acuerdo que fue turnado a la Tercera Comisión de la Permanente, señalaron que hay desesperación social de los productores del campo que no están recibiendo ni los escasos recursos públicos presupuestales liberados teóricamente por las secretarías responsables de tal función.

Mencionaron que el citado programa se vio afectado en la conocida controversia constitucional, al congelarse mil 183 millones de pesos y que de atenderse las observaciones de la Presidencia de la República el impacto alcanzaría nueve mil 619 millones de pesos.

Citaron que recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó un recorte al presupuesto de 2005 por 24 mil millones de pesos, que sería aplicado a cada secretaría en forma proporcional a los incrementos autorizados por la Cámara de Diputados, por lo que el impacto sobre los recursos al campo se verían aún más afectado por un recorte que podría alcanzar los ocho mil 781 millones de pesos.

“Esta medida, más allá de los probables estragos sociales y estímulo a la desesperación de amplios núcleos de productores y comunidades rurales, además de ilegítima, resulta ilegal, conforme al propio Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005”, advirtieron.

Subrayaron que ninguna de las reducciones presentadas mejora el cumplimiento de los programas, al contrario los nulifica.

Dieron a conocer que de acuerdo al segundo informe trimestral de avance presupuestal enviado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se tienen fuertes rezagos y subejercicios, llegando a significar el 26 por ciento en el caso de esta dependencia, con seis mil 160 millones de pesos. “El problema se torna mayor si se considera que hay 845 millones de pesos del año pasado que no han sido aplicados por esa secretaría”.

Finalmente apuntaron que existen violaciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y al Acuerdo Nacional para el Campo por parte del Gobierno Federal, al proponer un presupuesto menor y no cumplir el compromiso de elaborar presupuestos crecientes año con año y recoger las propuestas de los productores.

El punto de acuerdo fue suscrito por los diputados Miguel Luna Hernández y Cruz López Aguilar, presidentes de las comisiones de Desarrollo Rural y de Agricultura y Ganadería, respectivamente; Rubén Figueroa Smutny (PRI), Lázaro Arias Martínez (PRI), Carlos Blackaller Ayala (PRI), Beatriz Mojica Morga (PRD), Víctor Suárez Carrera (PRD) y Rafael García Tinajero (PRD).