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El coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, Jesús Martínez Álvarez pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) averigüe los hechos violatorios de las garantías individuales de sus trabajadores, propietarios del periódico Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca.

“El peso e influencia que el sistema jurídico mexicano deposita en la SCJN ha de servir para proteger a los gobernados de los desvaríos y las agresiones de sus gobernantes, pues el gobierno de Oaxaca abusa y se extralimita en la autonomía con la que en principio debiera contar cada Entidad Federativa, pues las medidas totalitarias acontecidas atentan contra los derechos fundamentales y las garantías”, aseguró.

El legislador se pronunció por la urgente intervención de las autoridades federales puesto que la Procuraduría General de Justicia del Estado actúa de acuerdo a lo que les ordene el titular del Poder Ejecutivo del Estado.

“No podemos esperar justicia de quienes al mismo tiempo están actuando como juez y parte, de quienes al mismo tiempo promueven el delito y participan como autoridad investigadora, de quienes en este momento han hecho caso omiso de los delitos denunciados en estado de flagrancia y la persistencia descarada de los mismos sin que hayan sido detenidos”, indicó.

Martínez Álvarez también dijo que el gobernador Ulises Ruiz quebranta los principios del régimen federal en sentido material, al no ajustar su actuación a la Constitución del Estado, y por lo tanto, violar de forma directa lo establecido por la narrativa constitucional Federal.

“Ante la postura de inmovilidad de la Administración Pública y sus respectivas facultades de representación social, y frente a la nulificación del Poder Legislativo Estatal, en uso de sus atribuciones, se vuelve necesaria la intervención de nuestro Máximo Tribunal de Justicia para que se determine el alcance jurídico de la violación de las garantías individuales”.

En el mismo sentido, agregó que en Oaxaca el funcionamiento y organización informal de un gobierno antidemocrático atenta contra la vida democrática del Estado y hace del orden jurídico un medio para la consecución de sus “mezquinos intereses”, un arma para aniquilar todo tipo de control ciudadano, como lo es la prensa responsable.

Finalmente, el diputado de Convergencia alentó a la soberanía para que tome con la gravedad del caso la única resolución que puede devolver a los ciudadanos oaxaqueños la soberanía que caciques secuestraron desde su nacimiento y que siguen flagelando.