• México arriesga su soberanía por el narcotráfico: Juan Ángel Torres, presidente de Acción Afirmativa, Agrupación Política Nacional

• Se debe reducir el tiempo de los procesos electorales: Ismael Hernández de Lucio, representante del CEN del PRI

Es necesaria una reforma nacional que comprenda la renovación de valores e instituciones que incida en los ámbitos de la sociedad, la política, la economía y la cultura, afirmó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano durante su participación en el Parlamento El binomio Derecho y Política frente al desafío del 2006.

Destacó que el objetivo deberá ser la transformación del sistema político y la construcción de un nuevo modelo económico en el entorno de la globalidad, que deberá tener como eje la reestructuración del sistema educativo, no sólo a través de la adopción y el fomento de las tecnologías de avanzada, sino mediante la rearticulación de los valores éticos y morales en un marco democrático.

Subrayó que la alternancia y el avance democrático han puesto de manifiesto el agotamiento del sistema presidencial, su incapacidad para concretar acuerdos políticos, la falta de representación ideológica y su ineficacia administrativa.

Dijo que el gran desafío que enfrenta México es la construcción de un Estado socialmente eficaz, que garantice la justicia y el desarrollo económico, lo que exige una nueva manera de pensar y de hacer política, en la que se privilegien los intereses de la nación sobre los de grupos o personas.

Cárdenas Solórzano apuntó que el combate a las causas de la pobreza debe enfocarse tanto en el gasto social y los subsidios públicos, como en la política salarial a través de la competitividad.

Planteó que en el ataque frontal a la desigualdad se debe considerar como prioritarias las políticas sociales, con el objetivo de hacer equitativa la distribución del ingreso de la población.

Mencionó que se requiere implantar un agresivo programa de promoción de una nueva cultura laboral, que estimule la productividad de la mano de obra, asegurando empleos estables y remunerados erradicando las practicas corporativas.

Dijo que es necesaria una revisión de los sistemas de pensiones, que garanticen la operación sana, a largo plazo, de las instituciones de seguridad social.

A su vez, Juan Ángel Torres, presidente de Acción Afirmativa, Agrupación Política Nacional, manifestó que México enfrenta dos retos enormes: su soberanía y el mantenimiento de su compromiso con la justicia social.

“El reto a la soberanía está representado por el narcotráfico, su incidencia en prácticamente todas las entidades del país, en las ciudades, calles y dentro de las escuelas; es una guerra; no podemos equivocarnos; es un riesgo de soberanía nacional”, agregó.

Expuso que la mayor parte de los mexicanos carecen de la escolaridad de nueve años que fija la Carta Magna. Asimismo están por debajo de la línea de la pobreza; no cuentan con un empleo formal y la mayoría de los que lo tienen carecen de prestaciones y de seguridad social; es un reto frontal al compromiso de justicia social.

Consideró que si alguna cualidad requiere el próximo Presidente de México es recuperar esa capacidad para construir un futuro diferente.
Posteriormente, en representación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Ismael Hernández de Lucio, Secretario de la Comisión de Seguridad Pública del Consejo Político de ese partido, expresó que se debe trabajar por una nueva generación de reformas electorales orientadas a regular las precampañas internas, reducir el tiempo de los procesos electorales y sus costos económicos para evitar la fatiga de los electores, la parálisis gubernamental y sustraer la construcción democrática de la debilidad de los poderes fácticos.

Para ello, es necesario fortalecer el papel del Instituto Federal Electoral en materia de educación cívica y cultura democrática, así como realizar las reformas pertinentes para la mejor operación de esta institución en la nueva etapa de la vida nacional.

Por otra parte, señaló que rediseñar el sistema político requiere de una nueva arquitectura constitucional de las facultades y obligaciones de los Poderes de la Unión, así como la regulación de las relaciones entre sí, con absoluto respeto a la soberanía del Congreso.

Entre las reformas integrales al Poder Legislativo, propuso evaluar el número óptimo de integrantes en ambas cámaras para lograr el funcionamiento más eficaz del Congreso y extender la duración de los periodos ordinarios de sesiones.