Legisladoras del PRD y PAN cuestionaron al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, la falta de recomendaciones sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y sólo informe sobre reuniones, encuentros y acciones, pero no de avances, en tanto, que el ombudsman nacional precisó que la Ley Orgánica impide emitir más resoluciones.

Al presentar a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados una evaluación integral de las acciones realizadas por los tres ámbitos de gobierno en relación a los asesinatos de mujeres en esa región, el ombudsman destacó que en estos casos no basta el reconocimiento del gobierno sobre lo que no se ha podido hacer, sino replantearse la operatividad de las instancias creadas para coordinar y ser enlace con las dependencias estatal y municipal.

Explicó que los casos de feminicidios no representan un conflicto, sino dos situaciones: la realidad de la violencia acumulada a los largo de los años y la criminalidad de estos días con la creciente aceleración y la inoperancia de las instituciones.

El funcionario se dijo preocupado por la cantidad de feminicidios cometidos en los último años y cuya participación de la CNDH debió inhibir la “fiebre criminal”. Advirtió que de no atender las evidencias con realismo, certeza, eficacia y profesionalismo, “nos perderemos en un laberinto absurdo y corremos el riesgo de convertirnos en promotores de la ficción, vendedores de ilusiones o mercaderes de cascarones”.

Reconoció que el informe presentado --156 páginas-- puede ser un diagnóstico más del que no se desprendan acciones correctivas ni resultados concretos, ya que representan sólo el cumplimiento de un “trámite burocrático”.

Soberanes Fernández añadió que las cifras sobre el número de víctimas concuerdan con las presentadas por el Gobierno Federal, no obstante, se deja de lado la probable participación de grupos de poder integrados por personas señaladas como “intocables”.

Informó que el año pasado se presentaron en el municipio de Juárez 19 homicidios de mujeres, y en lo que va del 2005 se ha registrado el mismo número de asesinatos. Agregó que las investigaciones de todas las instancias competentes no ha permitido resolver, de un registro de 367 casos, más de 170 homicidios, y que los resultados de dos años son pobres e inexistentes.

Al respecto hizo un llamado a la autoridad federal para que actúe de manera coordinada y se investiguen a fondo las agresiones contra mujeres y la violencia en Ciudad Juárez. Indicó que el informe presentado demanda una política eficaz de prevención del delito y, por tanto, es deber y responsabilidad del Estado evitar la omisión, negligencia y abandono de los deberes por parte de los servidores públicos.

Por último, el ombudsman dijo que la indemnización a los familiares de las víctimas debe apegarse al orden jurídico y realizarse con plena conciencia de que para hacer justicia se exige el castigo de los culpables.

La presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, Marcela Lagarde y de los Ríos (PRD) cuestionó la diferencia en la indemnización de los familiares de víctimas, lo cual puede generar conflictos, además de que, consideró, no debe haber diferencia entre la vida de una mujer y otra.

Indicó que si no hay resultados, es simulación, porque sólo se informa de reuniones realizadas, encuentros y acciones, pero no de avances. Agregó que a 13 años de la aparición de mujeres asesinadas, no se ha construido una política integral para prevenir la violencia de género.

En la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Beatriz Mojica Morga (PRD), pidió redoblar esfuerzos en la resolución de los asesinatos en Ciudad Juárez, y que el informe presentado por la CNDH se amplíe al resto del país, ya que el asesinato de mujeres no es exclusivo de esa región. Demandó a las autoridades poner atención en el asunto, avanzar en las recomendaciones y denuncias contra los funcionarios involucrados.

Su compañera de bancada, Eliana García Laguna, cuestionó que la institución no haya emitido recomendaciones sobre los feminicidios, más aún cuando el Congreso discute la reforma constitucional en materia de derechos humanos, a fin de otorgar en el artículo 102 mayor autonomía a la CNDH y los órganos estatales de derechos humanos.

En su oportunidad, la diputada Blanca Gámez Gutiérrez (PAN), aseguró que el informe sobre las acciones realizadas se basa sólo en una evaluación a la federación, cuando los tres ámbitos de gobierno tienen responsabilidad.

Lamentó que no se haya presentado ninguna recomendación sobre los homicidios y los casos de negligencia en que hayan incurrido funcionarios públicos sobre los casos de tortura, además de que el trabajo de la Fiscal Especial presente limitaciones.

Preguntó de la responsabilidad de la CNDH respecto de los feminicidios y cuál es la manera en que actúa con las instancias de derechos humanos en los estados.

En respuesta, Soberanes Fernández, precisó que cuando se emite una recomendación no se puede volver a emitir otra sobre el mismo tema, según lo establece la propia ley.