Es urgente que el Gobierno Federal incorpore, como parte de la agenda de la gobernabilidad democrática y del desarrollo social, la erradicación de la violencia contra las mujeres, aseguró la presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, diputada Marcela Lagarde y de los Ríos.

Durante la presentación del II Informe de Gestión de la Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, María Guadalupe Morfín Otero, la legisladora perredista subrayó que es prioridad “incorporar el tema de los feminicidios en la agenda de Gobernación, ya que todavía no cae el veinte de que la gobernabilidad democrática pasa por lograr la seguridad de las mujeres en México”.

Afirmó que el Ejecutivo Federal debe dar una respuesta más firme y sólida a la violencia contra mujeres y propuso una reunión de trabajo en coordinación con las legisladoras integrantes de las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado ocupadas en el tema.

Destacó que “nosotras, como representantes populares, tenemos que avanzar en las reformas de ley, porque queremos terminar la Legislatura con un marco jurídico adecuado para el problema de la violencia contra las mujeres en el país”.

Asimismo, indicó que los legisladores y las organizaciones defensoras de los derechos humanos no quieren escuchar un Informe de Gobierno de un país que no existe, sino en torno a las acciones que el Ejecutivo Federal ha ejercido para erradicar el feminicidio.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, diputada Rebeca Godínez y Bravo (PRI), indicó que los trabajos de esta Comisión van encaminados en tipificar al feminicido como delito grave dentro del Código Penal, a fin de aumentar las penas, primordialmente cuando sea por odio de género y que conlleve a la violación, mutilación, secuestro, lesiones graves y homicidio.

Reiteró la preocupación por este problema, ya que se ha ido extendiendo, no sólo en Ciudad Juárez sino a otros puntos de la República, ante lo que es necesario alertar a las autoridades para erradicarla.

Expuso que cuando se ven las noticias y se descubre que nuevamente hay otro cadáver, “uno se cuestiona si de verdad el crimen nos está rebasando y qué está pasando”.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI), presidenta de la Comisión de Equidad y Género, mencionó que falta mucho por hacer, ya que es un tema que ha rebasado a la sociedad y no se ha podido detener.

En tanto, la diputada Blanca Gámez Gutiérrez (PAN) dijo que no hay coordinación en la materia y que las autoridades locales en ocasiones obstaculizan el trabajo del Gobierno Federal.

En su intervención, la senadora Leticia Burgos dijo que el Presidente de la República no ha tenido el tiempo suficiente para atender la petición de las dos comisiones del Congreso de la Unión, a fin de tener un diálogo respetuoso y fraterno para reforzar la estrategia nacional y arribar a un nuevo pacto que dé garantías plenas a las mujeres.

El problema de Juárez, afirmó, ha rebasado responsabilidades particulares y reiteró a la Comisionada que Ejecutivo, Legislativo y Judicial están en la mejor disposición de cerrarle el paso a la impunidad.

Intervención de la Comisionada

Al hacer uso de la palabra, la Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, María Guadalupe Morfín Otero, aseguró que la violencia sexista es resultado de la discriminación y de las fallas en el sistema de justicia que han llegado al colapso del Estado de derecho, como sucedió en Ciudad Juárez con administraciones anteriores.
Añadió que hay homicidios que hacen pensar en la vinculación de grupos de poder con agentes de corporaciones públicas que ni si quiera han sido rasguñados.

“El dique de la impunidad tiene que ser derrumbado con la unión de todas las autoridades”, manifestó Morfín Otero.

Es necesario, dijo, colocar a las mujeres en el centro de las políticas públicas para proteger sus vidas y reconocer lo que aportan al orden de la convivencia nacional.

Aseguró que aún existe impunidad en muchos de los homicidios llamados sexuales y seriales, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua intensificaron las investigaciones y para junio de este año hubo 19 consignados.

Puntualizó que se debe revalorar la etapa de mayor coordinación en seguridad pública entre los tres ámbitos de gobierno e insistir en que son necesarias nuevas definiciones sobre los alcances del Programa Integral, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Prevenir empieza por hacer visible el problema que pone en riesgo a las mujeres, como la existencia de una cultura patriarcal, autoritaria y misógina que no las reconoce como ciudadanas.

El II Informe de Gestión mayo 2004-abril 2005, integrado por 237 páginas y 10 anexos, indica, entre otras cosas, que en el Programa de las 40 Acciones del Gobierno Federal, el fondo de apoyo a víctimas cuenta con 25 millones de pesos (mdp) aportados por el Ejecutivo Federal, 5 mdp por el gobierno de Chihuahua y 31 mdp por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados.

De igual forma, se da a conocer que han sido identificados aproximadamente 131 servidores públicos con posible responsabilidad, sin embargo aún falta investigar a funcionarios de jerarquía superior.