• El diputado Arturo Nahle García consideró necesario que se retire al Embajador en Estados Unidos, como muestra de protesta

En enero próximo el estado de Arizona pondrá en marcha la Ley 200 "Protege Arizona", así como otros reglamentos discriminatorios y racistas encaminados a fortalecer en Estados Unidos el conservadurismo de ultraderecha que no respeta valores humanos, por ello es necesario que el gobierno federal realice acciones contundentes a favor de los connacionales y migrantes mexicanos.

Así lo manifestó el diputado integrante de la Comisión Permanente, Arturo Nahle García, por el PRD, quien exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que retire al embajador de México en Estados Unidos de América, Carlos de Icaza González, como protesta por la entrada en vigor de este reglamento.

Agregó que la medida es para actuar acorde a lo sucedido en mayo pasado, cuando el gobierno mexicano decidió retirar a la embajadora de México en Cuba, Roberta Lajous, por supuestas violaciones a nuestra soberanía.

El legislador argumentó en un punto de acuerdo que Protege Arizona significa un obstáculo y es una acción encaminada a impedir la eventualidad de avanzar en un acuerdo migratorio, además de ser amenaza directa contra los derechos humanos de los indocumentados, no sólo en Arizona sino también en otros estados fronterizos.

Dijo que esta ley tiene como objetivo obligar al gobierno de México a que enfrente el problema de la migración ilegal masiva y endurezca sus leyes en la materia.

Nahle García recordó que Ley 200 es improcedente y violatoria de la Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, que México ha firmado y ratificado.

Destacó que su puesta en marcha en enero abrirá la posibilidad de que otros estados en los que viven indocumentados mexicanos, como California y Texas, emprendan medidas similares a través de reglamentos promovidos por grupos xenofóbicos que cada día toman más fuerza.

Es por ello que este esta ley viola los derechos más elementales de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, por lo que se exigirá al gobierno mexicano actuar con dignidad, firmeza y "no sólo a través de declaraciones, sino que apoye en acciones contundentes a fin de evitar el agravio a grupos y comunidades de connacionales".