La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia aprobó llamar a comparecer a la Coordinadora General de Protección Civil de Segob, María del Carmen Segura Rangel, con el objeto de que explique las compras de suministros realizadas durante 2002 a la empresa Revilla y Compañía de León, S.A. perteneciente a la familia Bribiesca, por un monto que asciende a 1 millón 50 mil 250 pesos.

El presidente y secretario de la comisión, los priistas senador y diputado Esteban Miguel Ángeles Cerón y David Hernández Pérez, respectivamente, destacaron que será en la sesión del Pleno de la Permanente de este miércoles cuando se presente el punto de acuerdo, en el que también se solicite la comparecencia de otros funcionarios de Protección Civil, a fin de aclarar el porqué se realizaron compras a esta empresa que presuntamente está relacionada con la familia de la señora Marta Sahagún de Fox.

Con base en la relación de facturas de 2002, recabada por el diputado Hernández Pérez, se advierte la adquisición de 15 mil colchonetas a 61 pesos en el lapso de 6 días, llamando la atención que el mismo día se realizaron hasta cuatro compras por el mismo producto sólo con número de factura diferente a la empresa Revilla y Compañía de León S.A. de C.V. con domicilio en Hacienda de Santa Rosa S/N Int. 2, carretera San Francisco- León Km. 5.5 San Francisco del Rincón Guanajuato.

A la Permanente también se solicitará la comparecencia de los titulares del Cenapred y Fonden; asimismo, se pedirá información sobre las adquisiciones realizadas a Cartonera de Morelia, S.A. con domicilio en Manuel Muñiz, Col. Molino de Parras, Morelia, Michoacán, donde se adquirieron alrededor de 400 mil láminas de la llamada popular, por un monto de 2 millones 678 mil 290 pesos.

La compra de dicha lámina se efectuó en un lapso de cinco días, facturando el material hasta por 10, cuatro, siete o tres ocasiones en un mismo día.

Asimismo, los legisladores acordaron que será la Comisión Permanente quien decida si los funcionarios de Protección Civil comparecerán ante esta comisión o bien al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones para que se presenten ante el Pleno de las Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente.
En esta reunión de trabajo también se acordó el dictamen de punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Reforma Agraria, Función Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales informen sobre la situación que guarda la bahía "El Tamarindillo", ubicada en las costas de Michoacán.

Esto luego de que durante la sesión de la Comisión Permanente del pasado 5 de enero, el senador Esteban Ángeles Cerón (PRI) aseguró en tribuna que a pesar de las constantes llamadas de atención que esta Soberanía ha emitido al jefe del Ejecutivo, es evidente que continúa el tráfico de influencias y favoritismos.

"El más reciente ejemplo de estas prácticas indebidas lo podemos observar en la compra de la bahía El Tamarindillo, por parte de la Presidencia de la República a través de su prestanombres favorito: Cosme Mares Hernández, a cargo de la empresa constructora Facopsa".

En dicha sesión el senador destacó que, de acuerdo con diversos artículos periodísticos, se realizó la compra de 265 hectáreas, con un valor de 25 millones de pesos al mismo Cosme Mares.

Expresó en aquella sesión que el área pertenece al ejido El Ticuiz, por lo cual para su venta se requiere que el adquiriente sea ejidatario, "lo que a su vez exige de un complicado y tardado proceso en el que el interesado debe ser reconocido como tal a través de la aprobación de una asamblea calificada".

Además se aprobó el dictamen para exhortar al Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha para que lleve a cabo una investigación seria, imparcial y sin sesgos políticos sobre el caso Tláhuac.

Dos dictámenes más se acordaron: para exhortar al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales acate la ejecutoria dictada por la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que cancela el permiso de operación de minera San Javier, S.A.

Uno más referente a solicitar al gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, para que prevalezcan las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica en la comunidad de Huautla de Jiménez.