Ha adquirido la CNDH carta de naturalización en la vida institucional del país: Diputado Manlio Fabio Beltrones
Persisten torturas y desapariciones, la negligencia de autoridades y fallas en la prestación de servicios públicos: José Luis Soberanes
Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, presentó su informe de actividades 2004, en el que alertó que el desplazamiento en el tipo de violaciones y la tendencia de "hacerse justicia por la propia mano", los ajustes de cuentas, ejecuciones de reclusos en penales y el deterioro del sistema penal, amenazan la convivencia y estabilidad política y social.

En la última sesión de la Permanente, el diputado Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva de este órgano deliberativo y de la Cámara de Diputados, dijo que la CNDH se concibió como órgano autónomo que, en su corta existencia, ha adquirido carta de naturalización en la vida institucional del país.

Aseguró que el alcance y contenido de su trabajo como garante de los derechos humanos, constituye un asunto de gran importancia para los mexicanos. Explicó que la información presentada, de conformidad con el artículo 102, apartado B de la Constitución, será turnada a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de ambas cámaras para su estudio detallado, responsable y profundo.

Al presentar su informe de actividades, el ombudsman nacional destacó que aún persisten manifestaciones del pasado como las torturas y desapariciones y se enfrentan nuevos fenómenos perniciosos y disolventes como la negligencia de autoridades y fallas en la prestación de servicios públicos, sobre todo, los de salud.

Destacó que ahora las quejas son por maltrato y extorsión a migrantes mexicanos y extranjeros, abusos y desatenciones a niños, indígenas, mujeres, seropositivos y adultos mayores, así como la existencia de casos de discriminación en escuelas por motivos religiosos y nula vigencia de leyes labores en las denominadas "zonas de frontera".

Explicó que en el año 2004 fue crítico el problema de la seguridad pública, en especial, los sucesos de San Juan Ixtayopan, Tláhuac, donde se hizo evidente la ausencia de una coordinación entre las autoridades, además de que es inaceptable el concepto de que se trató de "una tragedia inevitable".

Informó que en ese lapso, se atendieron 10 mil 729 asuntos, 24 mil 787 consultas telefónicas, se registró un total de 3 mil 914 expedientes de queja que se sumaron a los 729 en trámite, de los cuales se concluyeron 3 mil 800 y 843 están pendientes.

Entre los hechos violatorios destacó la prestación indebida del servicio público, el ejercicio indebido del cargo, la detención arbitraria, negativa al derecho e petición, trato cruel o degradante, la negativa o inadecuada prestación de los servicios de salud.

Las autoridades señaladas con mayor frecuencia, dijo, fueron la Procuraduría General de la República, el órgano Administrativo Desconcentrado DE Prevención Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las Secretarías de Educación Pública y de Defensa Nacional, así como el ISSSTE.

El funcionario indicó que se dirigieron 92 recomendaciones a 96 autoridades e instituciones, de las cuales 39 son de competencia de la CNDH y 53 a recursos de inconformidad. Comentó que los funcionarios con mayores señalamientos fueron el director general del IMSS, con 16; los secretarios de Educación Pública, con 5; el de Marina, que tuvo tres; el director general del ISSSTE y el procurador General de Justicia Militar, se hicieron acreedores a dos.

Consideró que también afecta a los derechos humanos la sobrepolitización de los asuntos nacionales, de ahí que se pronunció por despartidizar la crítica a la violencia, mirar las cosas como son y asumir la verdadera magnitud de los problemas que obstaculizan o amenazan la marcha del país.

José Luis Soberanes Fernández afirmó que se emitieron cuatro recomendaciones orientadas a promover modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que propicien o constituyan violaciones a los derechos humanos.

Entre ellas, destacó la relacionada con la situación de los internos con trastornos mentales en centros de reclusión, la discriminación en escuelas a menores con VIH-SIDA y los lineamientos para que el ministerio público desista de citar a periodistas para que divulguen sus fuentes de información.

Además se refirió a los tres informes especiales presentados por la dependencia que preside, como el relativo al Programa de reforzamiento de las medidas de seguridad establecidas en los diferentes aeropuertos, los hechos de violencia registrados en Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo de 2004, y respecto de la situación de los derechos humanos en centros de reclusión del país.