La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo en el que respalda las acciones del Ejecutivo Federal para combatir y desarticular las organizaciones dedicadas al narcotráfico y lo exhorta a investigar la participación de funcionarios de seguridad pública de los diferentes órdenes de gobierno involucrados con esa actividad ilícita, a fin de que sean sancionados.

Durante la última sesión, la diputada Marcela González Salas y Pretricioli (PRD) presentó la propuesta en la que exhorta a los poderes públicos de los tres órdenes de gobierno sumarse a una cruzada efectiva para luchar contra los cárteles del narcotráfico.

Explicó que el fortalecimiento y reorganización de las diferentes agrupaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, ha llegado a una situación inédita y alarmante, además de una escalada de violencia en todo el país y alto grado de corrupción en las estructuras de gobierno, lo que hace obligatorio un frente común y estrategia coordinada para combatir ese delito.

Al respecto, la senadora Lidya Madero García (PAN), dijo que el narcotráfico constituye uno de los principales riesgos que enfrenta el Estado por su capacidad para penetrar instituciones, corromper funcionarios, la violencia para atacar a sus enemigos y por el riesgo que implica el incremento en el consumo y adicción a las drogas.

Reconoció que es insuficiente la labor realizada por el Ejecutivo para reducir el poder del narcotráfico, por lo que es necesario consolidar y sumar esfuerzos en todos los ámbitos del gobierno, aún cuando sea materia del ámbito federal.

Apoyó las acciones del gobierno federal para desarticular las bandas delictivas dedicadas al narcotráfico y la cruzada propuesta para erradicar cualquier conducta vinculada con esa actividad, no así, precisó, la idea de que este delito pueda combatirse con la reconsideración de la permanencia en sus cargos de los mandos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública.

Por su parte, el senador Raúl Ojeda Zubieta (PRD), cuestionó que las respuestas para el tratamiento del problema sea simplista como las declaraciones del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, en el sentido de que “ya se limpiaron las cárceles, se barrieron y echaron cloro”.

Consideró que éste es un problema de seguridad nacional porque rebasa todas las estructuras, por lo que, reiteró, el funcionario debe centrarse en abordar el tema, pues “ya habrá tiempo para su posible postulación”.

Piden sancionar a responsables por derrame de petróleo en Veracruz

En otro tema, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a sancionar a los presuntos responsables del derrame de hidrocarburos que causaron daño a los recursos naturales del Río Coatzacoalcos, Veracruz.

Desechan propuesta para abrir archivos relacionados con “guerra sucia”

Se consideró no procedente la proposición para exhortar al Ejecutivo Federal a ampliar el decreto del 26 de noviembre de 2001, a fin de que la apertura de los archivos de Estado relacionados con la llamada “guerra sucia” no se limite a los años anteriores a 1980, así como al procurador General de la República a agilizar la investigación sobre los hijos de desaparecidos políticos.