En reunión de trabajo, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, cuestionó al titular de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, sobre la posible creación de un canal de televisión que sería utilizado por el Poder Ejecutivo para la difusión de sus acciones y logros de gobierno.

En respuesta, el funcionario aseguró que hasta el momento no existe ninguna petición por parte de la Presidencia.

“Yo sé -dijo- que el Ejecutivo Federal está platicando con la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec) y se piensa en una opción por ese conducto, pero, reitero, no hay ninguna solicitud formal para afectar la reserva del Estado, hasta hoy”.

Explicó que en caso de que la televisión por cable decida que es oportuno tener un canal que cuente con determinadas características y firman un convenio, sin afectar las reservas del Estado, la Secretaría no tendría ninguna objeción.

A su vez, el diputado Óscar González Yáñez (PT) preguntó sobre la posibilidad de que haya un manejo político de los medios de comunicación y las carreteras.

Agregó que “el Canal del Congreso es expresión de la voluntad de la mayoría de los mexicanos, en tanto que un canal para el Ejecutivo expresaría la voluntad de sólo una parte de la población”.

Expuso que cuando hay espacios en medios de comunicación plurales no existe problema y simplemente se amplía el debate de la sociedad y de lo que se debe hacer en ésta, pero cuando se le da en particular a una forma de pensar, que en este caso sería el Ejecutivo, “lo que estamos haciendo es tener influencia y determinar el quehacer del pensamiento sobre un sector de la ciudadanía; nosotros no vemos bien ese canal”.

Mencionó que los diputados sí necesitan un medio de comunicación y el Ejecutivo lo que debe hacer es ejecutar, o sea realizar obras y acciones no platicarlas.

Señaló: “ya tuvimos un Presidente mediático que ganó la Presidencia por medios de comunicación, ahora quiere salir bien del cargo por esta misma vía”

Resaltó que evidentemente los legisladores no están de acuerdo en que se le dé un canal al Ejecutivo y “espero que usted dé alguna razón de peso para generar ese medio, para qué, cuál es la idea y qué se busca, porque no solamente es un asunto de que se cumpla la ley y que haya espacio, tiene otra motivación, cuál; yo le pediría que nos explicara esas razones”.

El secretario de Comunicaciones aceptó la opinión del diputado petista, porque, dijo, “es válida y legítima, en el sentido de que no es necesario el canal del Ejecutivo”.

No obstante, insistió que la Secretaría a su cargo no tiene el proyecto del canal del Ejecutivo y, por lo tanto, no lo está armando ni estructurando.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Javier Orozco Gómez (PVEM) cuestionó sobre los casos de los canales 11 y 22, así como el denominado Aprende TV, que es un convenio que hizo la Canitec con la SEP y Edusat para transmitir seis horas, en ciertos días de la semana, las sesiones plenarias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El funcionario explicó que Edusat es una red satelital que manda la señal directamente a las escuelas y que no es precisamente un canal de televisión: “es sólo para transmisión de datos, se mandan contenidos educativos de acuerdo con los programas de la SEP”

Por lo que respecta a los canales 11 y 22, dijo Cerisola y Weber, son de televisión abierta. No obstante, el 11 es de origen experimental y pertenece al Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como hay universidades que tienen estaciones de radio. El contenido lo determina el propio IPN, no es un canal de Estado, es un canal educativo, mientras que el 22 es cultural y lo maneja CONACULTA, pero, insisto, son de televisión abierta.

En cuanto al caso de Aprende TV, el titular de Comunicaciones y Transportes explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando la posibilidad de transmitir las sesiones del pleno, habló con la Canitec y ésta le ofreció que la barra de su programación podía ser utilizada para transmitir, ciertos días, a ciertas horas, las sesiones del pleno de la Corte.

“Entonces, no hay propiamente un canal de la SCJN, sino un espacio dentro de un canal propio de los cableros donde participan, a través de un convenio, la SEP, la Canitec y la Corte para tener derecho a incluir ciertos contenidos”.

El legislador Eduardo Espinosa Pérez (PRD) señaló que se ha informado sobre la situación que guardan las reservas y que en caso de que el Ejecutivo decidiera implementar un proyecto de esas características tendría las condiciones reglamentarias y legales para utilizar el espacio y transmitirlo.

Mientras, el diputado José Julián Sacramento Garza (PAN) preguntó si a la fecha no se han agotado los canales que tiene como derecho de reserva el Ejecutivo Federal.

En respuesta, el Secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que así es no están agotados.

A su vez, el diputado Carlos Flores Rico (PRI) expuso que hace más de un año en la Comisión Permanente del Congreso “le hicimos a la Secretaría de Gobernación y a la de Comunicaciones una solicitud para el canal abierto del Congreso, y no hemos sabido cuál es el estado que guarda esta solicitud”.

En respuesta, Pedro Cerisola dijo que el problema básicamente es la disponibilidad del espectro y se tendrá que esperar un poco las evoluciones de las tecnologías.

Posteriormente, el senador José Bonilla Robles (PRI) manifestó: “Si se está gastando aproximadamente 970 millones de pesos tan sólo en televisión de tres secretarías para promover las obras del Ejecutivo, ¿ya no se iría a gastar ese dinero? ¿Se irán a utilizar sólo en este canal?”, cuestionó.

De igual forma, indicó que es necesario aclarar el objetivo de este proyecto, ya que puede encaminarse hacia dos vertientes: el de informar o realizar propaganda. Enfatizó que seguramente se buscará reforzar la figura presidencial a través de este canal.

En su oportunidad, Norma Patricia Saucedo (PAN) indicó que está de acuerdo con el proyecto de un canal del Ejecutivo, porque el país ha cambiando y los ciudadanos tenemos derecho a estar informados de los programas y en qué se destinan nuestros recursos.