Diputadas de las comisiones Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias; Justicia y Derechos Humanos y Equidad y Género reconocieron que existen rezagos en materia de atención a la infancia, luego de que la representante de la UNICEF en México, Yoriko Yasukawa, informara que nuestro país tiene un promedio de 5.7, en una escala de diez, en cuanto al cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, particularmente en salud, educación y alimentación.

Al respecto, la diputada Angélica de la Peña Gómez (PRD) presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia, pidió evaluar el impacto de los acuerdos internacionales aprobados en 1990 a favor de las niñas, niños y adolescentes y a partir del precepto constitucional del 2000, año en que quedaron asentados sus derechos, a fin de preservarlos y garantizar el pleno desarrollo social.

En la reunión de Seguimiento y Evaluación de la Implementación de la IV Conferencia de la Mujer en México CEDAW y Metas del Milenio en el Marco de Beijing +10 en el Eje de la Niña, la diputada del PRD dijo que los problemas de discriminación de las niñas y niños es muy alto y en algunos estados sigue siendo una cuestión imperante de resolver.

Mencionó que en este rubro impacta más el que se refiere a las niñas indígenas, donde persisten en gran proporción los problemas de desnutrición, salud y educación. Refirió que “en una zona urbana, de cada 3 niños uno sufre desnutrición, mientras que en las regiones indígenas son dos de cada tres”.

Manifestó que es necesario que en el país se tomen todas las medidas en el ámbito administrativo, legislativo, judicial, presupuestal, social y cultural que permitan reconocer a quienes aún no tienen 18 años de edad como sujetos de derecho.

En tanto, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI), presidenta de la Comisión de Equidad y Género, planteó la necesidad de promover un marco internacional para la cooperación de los Estados en el combate a las redes de pederastia y pornografía infantil.

Dijo que resultan insuficientes las estructuras jurídicas para combatir este tipo de delincuencia organizada, pues como cualquier otra mafia las redes de pederastia y pornografía infantil logran mover sus vínculos con autoridades judiciales y policiacas para evitar ser procesados.

“La regulación internacional donde los Estados se comprometen a tomar las medidas necesarias para combatir el delito, dentro del marco de algún organismo internacional, así como la legislación interna que protege los derechos humanos de los niños y las niñas, han resultado insuficientes”.

Afirmó que es necesaria la coordinación de las autoridades de los distintos estados pues las redes cuentan con oficinas en distintas naciones y estructuran golpes coordinados en tiempo y espacio.

Además, “hay debilidad en el sistema penitenciario, por lo que se necesita una revisión integral del tiempo de las penas, dependiendo de la amplitud del delito y el margen de operación, buscando la uniformidad penal en los Estados para el combate del delito, lo que generaría procesos más simples de extradición”.

En su intervención, la diputada María del Carmen Izaguirre Francos (PRI) reconoció avances en la educación, y consideró que en la medida en que exista equidad desde la familia entre los hijos y las hijas, se podrá responder desde el momento de su nacimiento a los reclamos de las mujeres.

En su participación, Yoriko Yasukawa, representante de la UNICEF en México, informó que recientemente el Consejo Consultivo publicó el primer índice de medición de naciones para la atención de la infancia, principalmente en el cumplimiento del derecho a sobrevivir, a no morir por causas prevenibles, a desarrollarse sanamente, en el aspecto nutricional y la educación.

Dijo ante las diputadas que a México todavía falta casi la mitad del camino para llegar a la meta universal. Refirió que el 63 por ciento de la población infantil en México viven en pobreza; 3.3 millones de niños y niñas trabajan; 2.1 millones no van a la escuela.

Añadió que hay brechas entre mujeres y niñas de diferentes regiones geográficas, etnias y clases sociales. Ejemplificó que la escolaridad promedio de las mujeres en Chiapas es de 4.8 años, mientras que en el D.F es de 9.1 años.

Subrayó que hay que trabajar por el cumplimiento de los derechos humanos en general, pues hay mínimos que todavía no se cumplen ni para mujeres ni para hombre, ni para niños y niñas.

“UNICEF considera que México sí ha logrado avances importantes, por ejemplo en el ámbito legislativo, con las reformas para hacer frente a la violencia contra la mujer, inclusive en el ámbito familiar; la indemnización por el trabajo doméstico. En el COFIPE, para garantizar la participación en el proceso político, reformas a leyes de ejecución de sentencias para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres en reclusión y el de sus hijos”

En el ámbito de la participación política, dijo que a pesar de que se aprobaron reformas, el porcentaje de mujeres es bastante bajo, 18.8 por ciento en el Senado y 22.6 en la Cámara de Diputados en el 2003.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI), secretaria en la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia, se pronunció por implementar en todos los estados de la República campañas de prevención de embarazo de adolescentes.

En tanto, Florinda Riquer Fernández, coordinadora académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, reconoció que si bien ha habido avances en los programas de protección a las niñas y niños en México, no se pueden “echar las campanas al vuelo”, porque en términos estadísticos sobre la disminución de los fenómenos de desigualdad pueden ser muy engañosos.

Indicó que un porcentaje importante de mujeres son madres antes de cumplir la mayoría de edad. Además, dijo, de acuerdo con la encuesta nacional de juventud, el 50 por ciento de la población de 16 años de edad, de ambos sexos, han abandonado la escuela sin concluir la secundaria.

Igualmente, afirmó, las mujeres menores de 18 años que no terminan su escolaridad media superior y superior, combinado con la maternidad temprana y el matrimonio, las convierte en candidatas a sufrir la violencia de género o intrafamiliar.

Por lo que respecta a los varones, cada vez se incorporan en edad más temprana a las actividades productivas secundarias o mal remuneradas, apuntó.

“Lo más lamentable de esto es la socialización para el no trabajo, porque esta experiencia temprana vacuna a los jóvenes contra la actividad laboral ya que se implanta la idea de que los bajos sueldos son la constante y el trabajo no es una actividad que reivindica al ser humano”.

A su vez, Nasheli Ramírez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, indicó que no existe en nuestro país una cultura de género y prueba de ello es una encuesta nacional realizada entre la población masculina, en donde el 39 por ciento de los entrevistados piensan que las mujeres que desean trabajar deben hacerlo en tareas propias de su sexo.

“El 31 por ciento afirmó que es normal que los hombres ganen más que las mujeres; el 22 por ciento señala que es natural que a las mujeres se les prohíban más cosas que a los hombres; otro porcentaje igual afirma que las mujeres tienen menos capacidad que los hombres para ejercer cargos importantes; el 23 por ciento considera que muchas mujeres son violadas porque lo provocan, en tanto que el 15 por ciento afirma que no hay que gastar tanto dinero en las hijas porque luego se casan”, mencionó.

En su turno, la secretaria general del Consejo Nacional de Población, Elena Zúñiga Herrera, señaló que la tasa de mortalidad de la población menor de 18 años ha venido disminuyendo de manera pronunciada desde los años cincuenta.

Abundó que se han reducido las causas de muerte en los niños y niñas que tienen que ver con enfermedades prevenibles. Subrayó que la mortalidad por causas perinatales, infecciones respiratorias o parasitarias también ha disminuido.

No obstante, refirió que el homicidio y suicidio son factores importantes como causas de muerte en la población entre 15 a 19 años de edad. Agregó que en el caso de los varones, el SIDA ocupa el 20 por ciento de las causas de fallecimiento.

Externó que dos de cada tres mujeres que inician su vida sexual lo hacen sin protección alguna y eso las expone a posibles enfermedades e infecciones, incluso el VIH SIDA, así como a embarazos no intencionados.

En su oportunidad, Marusia López Cruz, coordinadora colegial de ELIGE, señaló que es necesario diseñar e implementar programas de salud con enfoque de género, con la participación de los adolescentes, pues la cuenta pendiente del gobierno mexicano en relación con la salud sexual y reproductiva de este sector es muy elevada.

Reconoció que las políticas de población en México han tenido frutos importantes, sin embargo, no significan cumplimiento de los compromisos internacionales signados por México, pues aún existen tareas pendientes como eliminar los riesgos del embarazo, parto y puerperio, que son importantes causas de muerte entre mujeres jóvenes; reconocer que hay limitantes, más que falta de información, para la toma de decisiones de las adolescentes, e impedir que sean el grupo con mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos.

Dijo que esta situación se podrá resolver con una decidida voluntad política y la asignación de recursos suficientes que permitan el pleno cumplimiento de los compromisos internacionales. “Hay una crisis en el pacto establecido entre los gobiernos y la sociedad civil, que a lo largo de los noventa permitió un consenso internacional a favor de los derechos humanos y las medidas para garantizar su ejercicio, lo cual afecta a los sectores más vulnerables de la población, como las adolescentes”.