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• En un país de 40 millones de pobres no puede condenarse esta actividad: Marcela Guerra Castillo (PRI)

• Hacienda podría controlar esta actividad mediante censos fiscales: Diana Bernal Ladrón de Guevara (PRD)

• Los políticos “patean la pelota y nadie encara la situación”: Jesús González Schmal (PC)

La falta de voluntad política, la ausencia de una estrategia de Estado tendiente a generar empleos y los intereses electorales de partidos y candidatos, así como corrupción de autoridades impiden encontrar la solución al problema del ambulantaje, coincidieron en señalar, diputados del PRI, PRD y Convergencia.

La diputada priísta, Marcela Guerra Castillo, de la Comisión del Distrito Federal, indicó que en un país como México, donde hay 40 millones de pobres, no se puede condenar esta actividad, sino que debe ordenarse y contar con un sistema para que quienes la practican cumplan con una cuota establecida para contribuir a la infraestructura nacional, que sean reconocidos y tengan prestaciones mínimas de ley.

El comercio informal, dijo, genera trabajo para las personas que no tienen acceso a la planta productiva, por lo que se debe dar orden y cauce legal a esta actividad e, incluso, suplir el término que es hasta despectivo, para que pasen a otro escalafón social como trabajadores.

Afirmó que mediante la Ley de Ingresos ya se ha buscado la manera de recaudar impuestos por esta vía, “pero sí necesitamos negociar, porque nadie le quiere entrar al toro”, enfatizó.

Se pronunció por revisar este ordenamiento en el próximo periodo de sesiones para dar dignidad y garantías a las personas que buscan en la economía informal el modo de mejorar su condición de vida.

Por otra parte, consideró que la disminución de la pobreza en el país tiene que ver con las remesas que envían los mexicanos desde el exterior y que han generado 16 mil millones de dólares al año.

En su oportunidad, la diputada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (PRD), secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dijo que la SHCP podría controlar el ambulantaje mediante censos fiscales, no necesariamente a través de una reforma legislativa.

Explicó que el 40 por ciento de la economía nacional reside en el ambulantaje, por lo que es necesaria la coordinación de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía con las autoridades locales, municipales y delegacionales, para impedir la instalación de quienes no cuenten con un gafete y así integrarlos al Régimen de Pequeños Contribuyentes.

Asimismo, llamó la atención sobre la relación de esta actividad con el contrabando y el crimen organizado. “Existe una visión distorsionada del comercio informal, pues son pocos los que lo practican por no poder trabajar en una empresa y nutren un negocio con mercancía pirata e ilegal, manejada por delincuentes organizados y eso es lo que afecta realmente a la economía”.

Dijo que más que el aspecto legislativo se requiere de actuar desde el Ejecutivo y reiteró la falta de voluntad política para enfrentar este fenómeno que se presenta en distintas ciudades del país, además de que los partidos políticos y los precandidatos no han propuesto soluciones concretas. “No es cuestión de decir que se van a plantear impuestos más justos, o que van a ampliar la base fiscal, sino instrumentar una política para que todos los ambulantes tributen”, subrayó.

No obstante, también reconoció que es un asunto de voluntad social, “pues la gente no tiene conciencia de nacionalidad, no le importa acabar con los empleos y comprar cualquier cosa que llegó al país sin pagar impuestos; es cuestión de la sociedad, de cumplir con responsabilidades en beneficio de todos”.

A su vez, el diputado Jesús Porfirio González Schmal (PC), indicó que falta visión para resolver problemas, pues los políticos están absortos y encadenados a sus intereses electoralistas y nadie ha planteado el ambulantaje ni sus alternativas de solución.

Además, falta voluntad para crear alternativas de empleo con un sentido de solución de fondo, “no paliativos, pero no quieren tocar las opciones de los ambulantes; todos los políticos patean la pelota y nadie encara el problema, el cual debe resolverse en contacto con quienes ejercen esta actividad, sin intermediarios”.

Afirmó que los comerciantes ambulantes no pagan impuestos al Estado, pero sí le pagan al coyote para que los proteja, y estimó que la cuantificación de estos recursos es de alrededor de cinco mil millones de pesos anuales, sólo en el primer cuadro de la ciudad. “Esto recibiría el Estado si eludiera a los coyotes y tratara directamente con los interesados”.

Sostuvo que es una responsabilidad compartida entre ambulantes y autoridad, pero para ello se requieren funcionarios dispuestos a afrontar el problema y no simplemente a torearlo y posponerlo. “Tenemos que dejar el aspecto coyuntural electoral para abocarnos realmente a gobernar y solucionar conflictos, enfrentarlos en su complejidad, interesar al pueblo como responsable de su solución y dejar de verlos con óptica electoralista”.