En el proceso de democratización de nuestro país, la transparencia de la información pública se ha convertido en un valor ciudadano de extraordinaria importancia y en la medida que los mexicanos conozcan las entrañas del Legislativo, se podrá revalorar la figura del representante popular, consideró el presidente del Comité de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, José Luis Medina Lizalde.

Durante la realización del foro Transparencia en la Información del Poder Legislativo, el diputado del PRD indicó que de manera frecuente se invoca al legislador como un sinónimo de desprestigio, “el que no hace nada” y en este sentido, añadió, se ha impuesto un discurso en la sociedad, a través de muchos medios de comunicación, de un debilitamiento extraordinario del Congreso de la Unión.

Advirtió que la transparencia del quehacer legislativo debe ser una práctica común para la revaloración social, pues es necesario tener presente lo sucedido en Perú, en los años 90, cuando el desprestigio del Congreso llegó a tal grado que el entonces presidente Alberto Fujimori decidió disolverlo y contó para ello con un gran respaldo social, entrando esa República en periodo dictatorial del que aún no sale.

Por su parte, Salvador Nava, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señaló que el Legislativo necesita ser más ágil en sus procedimientos y hacerlos públicos.

“La gente se topa con las normas cuando tiene que cumplirlas, cuando la autoridad que las ejecuta la obliga a acatar esa norma y a cumplir con una sanción; es entonces cuando se refiere al legislador como un mal productor de leyes”, refirió.

Dijo que si bien es cierto que la función deliberativa es un pilar del funcionamiento democrático ésta cae en la polarización y el debate maximalista, de todo o nada, de posiciones antagónicas que es mal visto por la sociedad.

En tanto, el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, agregó que otro gran problema es que las leyes son elaboradas únicamente para elegidos, para quienes tienen un doctorado o especialización del tema en referencia, como es el caso de las leyes presupuestales, que son de nulo acceso a la población común.

“Eso es absurdo, ya que las leyes deberían de ser elaboradas para el conocimiento del pueblo y no hacerlo así se convierte en coto”, dijo.

Por ello propuso que el Poder Legislativo apruebe leyes sencillas, que faciliten el cumplimiento mismo de la normatividad.

Mencionó también, con referencia al tema del Derecho de Acceso a la Información Pública, que uno de los grandes problemas que persiste en nuestro país es que no hay una cultura de la información, sino, por el contrario, “tenemos una cultura de la opacidad”.

En el caso del periodismo mexicano, señaló, el acceso a la información pública está cambiando las formas y modas, sin embargo, en buena medida sigue dependiendo de la declaración como fuente principal y no de los datos duros de la investigación.

“Hoy en día, por desgracia, la mayor parte de la información en los medios es la declaración. No hay labor de investigación, pero con la ley de acceso se puede lograr; habrá que capacitar a los periodistas para utilizar esta ley y pasar de la tendencia del periodismo de declaración al de investigación o de hechos”.

En su ponencia, Ernesto Villanueva explicó que de las 58 leyes aprobadas en todo el mundo en materia de acceso a la información pública, la de México (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental) está considerada como una de las tres mejores.

El investigador universitario recordó que el tema de acceso a la información data de 1766, en Suecia, mientras que en México se prevé en nuestra Constitución a partir de 1977, a través de una reforma aprobada en ese año. “No obstante, el acceso a la información pública federal comienza a tener sentido a finales del año 2000 y del 2002, cuando se aprueba una ley federal en la materia, teniendo como antecedente la Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa”.

En su turno la doctora Issa Luna, vicepresidenta de la Organización No Gubernamental Libertad de Información- México, A. C. señaló que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en México ha sido particularmente un marco jurídico que pretende aplicar el concepto de derechos humanos.

Expuso que en Estados Unidos, Bulgaria y Chile, hay leyes que permiten solamente el acceso a la información administrativa.

Manifestó que en nuestro país la Ley Federal de Transparencia es aplicable, así como todas las normatividades que han sido desarrolladas, especialmente en esos procesos que no son necesariamente administrativos.

No obstante, dijo que la Auditoría Superior de la Federación aún no publica un reglamento interno, a fin de establecer un procedimiento en el cual los ciudadanos o cualquier persona pueda hacer solicitudes de información para que internamente sea procesada.

Externó que no es necesario que esperemos como ciudadanos la amabilidad de las autoridades para informarnos de lo que ellos quieren decirnos, sino que estas leyes y normas permiten informarnos de lo que a nosotros nos interesa saber.

Posteriormente, el doctor Salvador Nava, dijo que el Poder Legislativo es sujeto activo y pasivo del derecho a la información, pues por un lado necesita los insumos suficientes para desarrollar sus funciones y, por otro, debe comunicar para cumplir con las leyes de acceso a la información.

En este sentido, indicó que los legisladores no pueden debatir o tomar una decisión responsable sin estar enterados.

Señaló que la función parlamentaria es de control, pero no se puede controlar a un ente que no facilita la información. “Cómo podemos eficientar la gestión pública o activar los sistemas de controles a cada órgano del Estado si no tenemos acceso a la información que éstos generan”, dijo.

Refirió que el acceso a la información es un medio de control individualizado, a partir del cual cualquier persona al seno del Estado puede exigir a cualquier autoridad que rinda cuentas del uso, manejo o ejercicio de los recursos públicos.

Sostuvo que al legislador le corresponde acercarse y llevar el conocimiento al público para cumplir con su mandato representativo.

Finalmente reconoció que hay quienes consideran que el sistema de control debe tener límites, sobre todo en algunas entidades federativas en donde sus congresos son menos modernos.

De ahí, que es importante que las mencionadas normas sean lo más desarrolladas posibles para llevar a la práctica un precepto fundamental, como es el derecho a la información, manifestó.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, los participantes cuestionaron la apatía que existe en la sociedad para conocer las funciones de los servidores públicos y cómo generar el interés en la población.

De esta manera, el doctor Villanueva señaló que para combatir esa falta de interés se requiere una labor del gobierno y los medios para rediseñar la ley, a fin de establecer una vinculación entre información y educación.

En su oportunidad, Issa Luna afirmó que es necesario cambiar el enfoque y demostrar que es importante difundir y conocer el fin de una ley, así como la labor de los entes públicos, que puede afectar directamente la vida de las personas