En la Cuenta Pública del 2003 se detectaron irregularidades en el ejercicio del gasto público destinado a estados y municipios, debido al incumplimiento de la normatividad y deficiencias de control interno, así como por la deuda del gobierno del Distrito Federal.

Al continuar con las reuniones para el análisis de auditorías consignadas en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de Fiscalización, Salvador Sánchez Vázquez (PRI), informó que se realizaron 76 auditorías a los ramos 33 (Aportaciones Federales a Estados y Municipios) y 39, Programa de Apoyo y Fortalecimiento a las Entidades Federativas (PAFEF).

De éstas, añadió, cuatro corresponden a la revisión de la deuda pública del Distrito Federal, donde se detectaron irregularidades en el destino, plazos y amortizaciones de la deuda.

Respecto de la revisión de la deuda del Gobierno del Distrito Federal entre 1999 y 2003, comentó que ésta se duplicó de 22 mil millones de pesos a 41 mil millones de pesos, debido a la falta de liquidez en los estados financieros, lo que llevó a buscar nuevos capitales.

De manera particular, dijo, en la delegación Coyoacán se adquirió un edificio por 99.4 millones de pesos, de los cuales 85 millones a través de deuda, lo cual implica una erogación onerosa, toda vez que cuando concluyó la auditoría, la obra estaba desocupada y, por tanto, no generó ahorro en el pago de arrendamientos.

Sánchez Vázquez comentó que los vencimientos de la deuda mostraron una evolución desfavorable debido a que en 1999 los plazos de vigencia de los créditos contratados promediaron 12.9 años, mientras que en 2003 fue de 7.9.

El legislador priísta indicó que el ramo 33 fue el que tuvo mayores observaciones en el Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB)--que representó el 65 por ciento del total--, por falta de una cuenta específica para su manejo y la carencia del control del personal comisionado.

Además, dijo, se detectó una diferencia de criterios metodológicos aplicados por la Auditoría Superior de la Federación y los de los órganos de fiscalización superior de los estados, por lo que, añadió, la ASF deber ser quien realice de manera directa todas las revisiones.

Hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Federación para que resuelva la controversia constitucional para realizar auditorías a municipios de las entidades federativas además de concluir la firma de los convenios con los órganos técnicos de fiscalización superior de las legislaturas locales, donde se incluyan nuevos métodos para la realización de auditorías.

Solicitó que en el proceso de revisión, además de verificar las disposiciones legales, se incorporen evaluaciones sobre el cumplimiento de los objetivos de los fondos públicos.

Previamente, el director de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, Roberto Michel Padilla, indicó que en el año 2003 el presupuesto transferido a estados y municipios, excluyendo las participaciones federales, fue de 328 mil 807 millones de pesos, que representó el 26.5 por ciento del gasto programable.

En el ramo 33, dijo, se erogaron 247 mil 728 millones de pesos y en el ramo 39 se aprobaron recursos por 18 mil 559 millones pesos.

Precisó que en el ramo 33, en el FAEB se detectaron transferencias de recursos con fines distintos a los autorizados, además de personal que realizaba labores diferentes a las que tenía asignados y pagos indebidos.

Michel Padilla destacó que la ASF observó conceptos de obras pagadas no ejecutadas, fallas en la integración de documentación técnica y financiera, amortización indebida de anticipos, inconsistencias en los registros contables y pagos no establecidos en la normatividad.

En cuanto al ramo 39, el funcionario precisó que hubo irregularidades al no reintegrar saldos sin ejercer a la Tesorería de la Federación, aplicación de recursos para fines distintos a lo previsto y fallas en el control interno.

Respecto del Gobierno del Distrito Federal, dijo que en el mediano plazo y después de cinco años la "sostenibilidad" fiscal se afectará negativamente.

En la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Dolores Padierna Luna (PRD), dijo que en las auditorías se detectaron irregularidades en el ramo 33 por el pago a empresas no localizadas, pagos incorrectos al ISSSTE, transferencias de recursos a otras entidades, la adquisición de terrenos sin escritura y obras no ejecutadas o de mala calidad.

La diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) dijo que el informe de la Auditoría Superior de la Federación determinó que el gobierno capitalino carece de sistemas de control interno eficientes para cumplir con los lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del ramo 39.

Más adelante, el diputado Rafael Sánchez Pérez (PAN), solicitó a la Auditoría una explicación con relación a la "revoltura" al Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, la cual se ejerció en los municipios de Guadalajara, Puerto Vallarta, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá, en el estado de Jalisco.

Sánchez Pérez solicitó que se explique la relación del despacho González de Aragón en el estado de Veracruz.

Por otra parte, el legislador de Acción Nacional, Salvador Vega Casillas, pidió revisar la situación del Distrito Federal, debido a sus irregularidades, primordialmente en la seguridad pública, como son el caso de la compra de patrullas, las cuales fueron desmanteladas y usadas para fines civiles, así como pistolas, otorgadas y desviadas a otras áreas.

Puntualizó que con relación a la deuda, sólo se han registrado cinco mil 60 millones y se han reportado a la Secretaría de Hacienda, 410 millones de pesos. Destacó que hay problemas con la aplicación de 112 millones de pesos, sin autorizaciones y sin acuerdos modificatorios.

Vega Casillas resaltó que el gobierno del Distrito Federal hace sus corridas financieras calculando tener dinero para pagar en los próximos dos años. Y que esta situación ha ido empeorando al tener vencimientos de 12.9 años, durante 1999, y en el 2003, 5.8 años, es decir que se endeuda calculando terminar su gobierno y que hace falta transparencia en el caso de la Delegación Gustavo Madero.

En su intervención, el diputado César Chávez Castillo (PRD), puntualizó que se necesita un Sistema Nacional de Fiscalización, en los tres niveles de gobierno, para que regule las funciones de los estados y municipios, así como crear un sistema de contabilidad e información, y dar mayor autonomía al INEGI, a fin de tener mejores estudios comparativos, especialmente en combate a la pobreza.

Con relación a la deuda del Distrito Federal resaltó que sigue faltando información, debido a que el 54 por ciento de ésta se dio de 1994 a 1996, incrementando 18 por ciento, de 1996 al 2000, y del 2000 al 2004, sólo 3.3 por ciento.

Precisó que la situación del FOSEG (Fondo para Seguridad Pública), es un tema que da dolores de cabeza, y genera ineficiencia en el gasto, y que el problema de la seguridad pública no es sólo del Distrito Federal sino del país.

La Auditoría Superior de la Federación indicó que las áreas revisadas al estado de Jalisco fueron señaladas por la Auditoría Superior de la entidad, así como las opiniones. También consideró importante regresar a los principios para la formulación de los dictámenes, es decir especificar la situación financiera, los principios contables y de legalidad.

Con relación a la seguridad pública, precisó que las observaciones están en proceso de una contestación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, específicamente la Contraloría de Averiguación y Evaluación.

Aclaró que la adquisición de las 246 patrullas, 16 pasaron a uso civil, específicamente a operativos especiales contra la delincuencia, y que 125 pistolas de las tres mil que se otorgaron fueron destinadas a otras unidades y después restituidas al programa de excelencia.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Guillermo Huízar Carranza (PRD), señaló que debe haber mucho cuidado en la forma de dirigirse a la fiscalización de los recursos, pues el marco legal establece claramente la separación y las competencias de cada quien y que corresponde a las entidades federativas fiscalizar los recursos a través de sus órganos internos.

Manifestó que no está en contra de que la Auditoría Superior de la Federación y los diputados participen en la supervisión de los estados, pero "sí queremos ir al fondo de la fiscalización y existe la sospecha de que los ejecutivos estatales utilizan las cuentas públicas para presionar a los presidentes municipales; habrá que reformar la ley, de otra manera se generará un clima de incertidumbre para el ejercicio del ramo 33".

Al referirse al fideicomiso para seguridad pública del Distrito Federal, explicó que la capital del país recibe sus recursos federales mediante una cuenta concentradora y de ahí, automáticamente, se transfiere a un fideicomiso integrado por un comité técnico, que tiene cabal cuenta de cómo se ejercen esos recursos.

Afirmó que la deuda es totalmente sustentable y que su pago está garantizado, además llamó a los legisladores a aceptar su responsabilidad en su aprobación, pues corresponde al Congreso, no a la Asamblea Legislativa,

Más adelante, el legislador Rafael Sánchez Pérez (PAN), criticó que en el Distrito Federal importen más los programas que dan lucimiento al Jefe de Gobierno, aunque poco cooperen para resolver los problemas locales, como el de seguridad pública, "que puede esperar para el siguiente gobierno, pues parece que no es prioritario".

En su oportunidad, la perredista Dolores Padierna Luna, pidió a la ASF reconocer que utilizó mal una palabra, confundió pagos-gastos con transferencias, y solicitó que los auditores acepten que los recursos de seguridad pública se revisaron completamente y que los resultados están a la vista. "No se puso de pretexto, como lo hizo Gil Díaz, que como eran fideicomisos y la ley en 2003 impedía revisarlos, entonces no se revisaron, sino que se les permitió auditar al 100 por ciento".

Explicó que el retraso de 33 días en los pagos que se auditaron, generó intereses por 300 mil pesos, mismos que fueron enterados y reintegrados a la Tesorería. "El asunto no es decir que como hay errores en otras áreas todos estamos iguales y ya ni modo; hay mucha diferencia al hablar de una pistola y una patrulla a hablar de miles de patrullas, como el caso del Gobierno Federal; ni espantarse por 300 mil pesos que sí fueron reincorporados a la Tesorería y no mencionar que en el Estado de México el resultado de la auditoría habla de 2.1 millones de pesos de compras indebidas en coches para seguridad pública".

Al dar respuesta a los señalamientos, los representantes del órgano superior de fiscalización afirmaron que serán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes delimiten la competencia de la ASF y la de los municipios y estados, lo cual permitirá ejercer plenamente o limitar funciones.

No obstante, sostuvieron que la disposición constitucional es muy clara al señalar que el órgano de fiscalización puede revisar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, municipios y los particulares. "Para nosotros es claro, pero estaremos atentos a lo que determine la SCJN y actuaremos en consecuencia".