Las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, conjuntamente con el Senado de la República, analizan los alcances de una reforma a la Constitución Política, a fin de darle mayor fuerza a los aspectos relacionados con derechos humanos, afirmó la diputada Rebeca Godínez y Bravo.

Agregó que lo anterior se ha denominado la constitucionalización de los derechos humanos, para lo cual los legisladores estudian diferentes iniciativas, a fin de llegar a un consenso y tratar de hacer una reforma integral a toda la Carta Magna.

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez manifestó que resultaría interesante que en la revisión de la Constitución se tendiera el puente entre el orden jurídico internacional y el nacional, porque no está clara la incorporación al derecho mexicano o al torrente jurídico mexicano de las resoluciones de los órganos internacionales, cuya jurisdicción se ha reconocido.

En conferencia magistral en la Cámara de Diputados expuso que es necesario tener claridad jurídica que vaya más allá de interpretaciones arriesgadas de los textos constitucionales. "Creo que es bueno que haya soluciones claras de lo que se puede o debe hacer cuando sobrevenga alguna decisión", precisó.

Recordó que México alguna vez ha sido demandado ante la Corte Interamericana y otra vez demandante ante la misma, por lo que hay que prever lo que pudiera ocurrir por las sentencias que se dicten.

Dijo que en ninguna parte del mundo se cumple al 100 por ciento los derechos humanos, aunque el sistema democrático debe asegurar el respeto de los mismos.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rebeca Godínez indicó que "si no se conocen los derechos fundamentales no se respetarán, si no se asumen como propios, no se defenderán y si no nos comprometemos todos a fomentarlos no habrá paz.".

Expuso que en la actualidad ya se habla de los derechos que tendrían que profundizar y universalizar valores como la paz y un orden internacional justo, mediante la limitación de armas de destrucción masiva.

Abundó que las garantías individuales son una aspiración moral y universal que tiene que tomar fuerza desde la educación en sus primeros niveles, hasta el dictado de normas jurídicas que obliguen al ejercicio efectivo de éstos.

Durante la clausura del Diplomado en Derechos Humanos dijo que la puesta en práctica de estas garantías tiene que vincularse a la defensa activa de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de todos los hombres y mujeres, así como al reparto equitativo de los bienes necesarios que garanticen mejores condiciones de vida, pero sobre todo la protección real y efectiva de los más desfavorecidos.

La legisladora priísta subrayó que la realidad no refleja la puesta en práctica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo tema desde hace muchos años ha preocupado a la sociedad mexicana.

En tanto, el diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, destacó que México ha vivido en estos años una serie de reveses al Estado de Derecho, que plantean cuestionamientos severos no sólo a su vigencia y eficacia sino a la existencia misma de este sistema integral de vida de la sociedad mexicana.

"Hemos llegado a planteamientos y dilemas falsos entre salidas políticas para problemas jurídicos y soluciones convenidas para efecto de que la ley no tenga aplicación estricta y puntual", externó.

Indicó que un derecho fundamental para el perfeccionamiento de la democracia es el voto de los mexicanos de los connacionales. "Los mexicanos en cualquier circunstancia no han perdido el derecho al voto y sus derechos políticos. El compromiso del PRI es sacar adelante este beneficio del sufragio de los mexicanos que no residen en el país".

En tanto, Sergio García Ramírez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que las reformas sobre seguridad pública no deben reducir el espacio de los derechos humanos.

Agregó que la lucha contra la delincuencia organizada no debe ser a costa del Estado de Derecho ni de los derechos humanos. "Se puede y se debe tener seguridad pública y, al mismo tiempo, respetar los derechos humanos".

"El dilema falso entre protección de los derechos humanos y seguridad pública puede llevar a consecuencias funestas y motivar soluciones que conduzcan a una guantanamización de la justicia penal, que sería la peor desgracia que pudiera ocurrir a las jurisdicciones de nuestros países", advirtió.

Finalmente señaló que la protección de los derechos humanos no proviene de la acción de los organismos internacionales, sino del trabajo que cumplan las instancias nacionales.