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Boletín N°. 1934 Propone Convergencia que todo dictamen votado en el Congreso establezca la fuente de recursos para su viabilidad

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• Plantea reformas al Artículo 126 Constitucional
Con el fin de fortalecer la Administración de las Finanzas Públicas, a través de la elaboración de dictámenes de impacto presupuestario y la creación de fondos de reserva, el diputado Jesús Martínez Álvarez (Convergencia), presentó una iniciativa por reformar el Artículo 126 Constitucional en materia de Responsabilidad Fiscal.

Al argumentar la iniciativa, el legislador indicó que estos dictámenes permitirán asegurar que toda iniciativa que se discuta y vote por el Congreso de la Unión establezca la fuente de recursos que permitan llevarla a cabo, cuando lo amerite.

Señaló que cuando los ingresos presupuestarios disminuyan, los fondos y las reservas proporcionaran estabilidad y continuidad relativa a los programas prioritarios.

Martínez Álvarez resaltó que la propuesta establece un monto máximo al déficit gubernamental, para que se evite utilizar de manera indiscriminada el gasto público, así como marcar un tope definitivo al gasto corriente y superfluo del Estado.

Enfatizó que “no se puede continuar incrementando las obligaciones del Estado sin establecer los mecanismos que permitan cumplirlas a cabalidad, así como la ejecución de los programas y proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que están sujetos a la incertidumbre”.

Dijo que en los últimos años, se han aprobado modificaciones legales, cuyo acopio tiene fuerte impacto en el gasto público, sin haber contemplado la fuente de ingresos que permita llevarlas a cabo.

Precisó: “Ningún gobierno puede gastar más de lo que recibe; no es lo mismo déficit de gasto corriente que el déficit ocasionado por la inversión pública”.

Finalmente externó que a pesar de la importancia que tiene la discusión entre un mayor gasto público o una opresión presupuestaria, la Carta Magna no prevé principios de responsabilidad fiscal, tan importante como la relacionada con las iniciativas aprobadas por el Congreso respecto de los medios económicos que hacen posible su cumplimiento.

 
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