El auditor Superior de la Federación, Arturo González aseguró que este año se han recuperado mil 225 millones de pesos
En las conclusiones sobre la revisión de la cuenta pública de 2003, diputados coincidieron en diseñar un nuevo sistema de fiscalización
Ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, titular del Órgano Superior de Fiscalización, aseguró que el sindicato de Petróleos Mexicanos reconoció la deuda que tiene con la paraestatal por mil 580 millones de pesos, con lo cual se da por resarcido -de manera jurídica-- el presunto daño en perjuicio del organismo en el año 2000.
Al dar a conocer las conclusiones del análisis al Informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública de 2003, el auditor aseguró que en este año se tienen recuperaciones y resarcimientos por mil 225 millones de pesos, que representa dos veces el presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de que en el 2003 se recuperaron 13 mil 333 millones de pesos por créditos irregulares que cobraban los bancos.

Precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación regresó 176 millones de pesos, los gobiernos de los estados 200 millones y el Consejo Mexicano del Café 400 millones de pesos por obras.

Comentó que en el reporte preliminar de las acciones promovidas se recibieron respuestas del 94 por ciento de las entidades públicas, el 3 por ciento fue de manera extemporánea y el resto no ha dado respuesta, por lo que, precisó, el informe definitivo se entregará la próxima semana a los legisladores.

Aclaró que de los entes fiscalizados que contestaron de manera extemporánea se comunicará a la Secretaría de la Función Pública para que aplique los procedimientos correspondientes, y añadió que quienes no han respondido a las observaciones son los gobiernos estatales, entre ellos Oaxaca.

En la última reunión de evaluación y revisión del informe, el presidente de esa Comisión legislativa, Salvador Sánchez Vázquez (PRI) aseguró que las 94 respuestas de los entes públicos a las observaciones realizadas por la ASF serán analizadas por parte de los diputados.

Afirmó que se revisará a fondo el modelo de fiscalización que considere el de otros países para construir uno propio, además de los temas que se repiten en cada cuenta pública y que sea un solo órgano quien realice la fiscalización y no se dispersen las funciones y atribuciones.

Por su parte, el diputado José Luis Flores Hernández (PRI), aseguró que la Comisión de Vigilancia formó un frente común para fortalecer una entidad de fiscalización con autonomía de criterio y profesionalismo, a fin de tener un trabajo de vigilancia que garantice el cumplimiento adecuado de las funciones de la Administración Pública.

Comentó que persiste una fiscalización dispersa y poco representativa que privilegia la proporción del monto revisado en relación con el total del presupuesto ejercido antes que la evaluación de cumplimiento de metas y objetivos de los servicios que presta el Estado, además no se cuenta con un órgano de vanguardia ni con herramientas modernas de control.

Dijo que existen observaciones e irregularidades en la revisión de la cuenta pública de cada año, ya que las entidades auditadas toman medidas "cosméticas" para solventar las recomendaciones sin atacar de fondo las causas, por lo cual, pidió implementar mecanismos más eficientes de seguimiento y revisar el marco normativo en la materia para que ningún ente público esté exento de la fiscalización, además de una mayor coordinación de la ASF con las de los estados, a fin de evitar controversias.

En tanto, Rafael Sánchez Pérez (PAN), se pronunció por modificar el marco legal relativo a la revisión de los recursos públicos, ya que en las auditorías actuales se incluyen observaciones generales cuando debe ser un apartado por cada ente auditado, en virtud de que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Comentó que son insatisfactorias y existen dudas en las auditorías al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las realizadas a los ramos 33 y 39, en lo relativo al Distrito Federal, toda vez que se desconoce el destino del gasto erogado, en perjuicio del erario por parte altos funcionarios, como Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, y la procedencia de los recursos entregados a René Bejarano, Carlos Imaz y Rosario Robles, por parte de Carlos Ahumada.

La diputada Dolores Padierna Luna (PRD) reconoció que se avanzó en las auditorías en cuanto a estructura y hallazgos detectados en la revisión del 2003, no obstante, estimó que la ASF emitió evaluaciones favorables aún en casos de corrupción. Al respecto, preguntó sobre las acciones aplicadas por irregularidades en la Lotería Nacional, PEMEX y CONACULTA, el subejercicio en la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación, programas de pobreza extrema y cuánto del presupuesto otorgado a Presidencia se ha destinado a actividades personales.

Cuestionó sobre las acciones que se implementarán por violaciones a leyes federales, como, ejemplificó, la contratación de deuda sin autorización del Congreso, la falta de claridad en la administración de fideicomisos públicos y la transparencia en la distribución de ingresos excedentes.

Propuso revisar el ramo 25 del presupuesto, ya que jamás se ha auditado, hacer una evaluación de la contabilidad de los Pidiregas para determinar si son financiables o representan un riesgo potencial para las finanzas públicas, avanzar hacia un nuevo sistema de fiscalización en México y que se cree un nuevo modelo (tipo tribunal) de cuentas, con plenitud de facultades y alto grado de especialización.

Por su parte, Jesús Martínez Álvarez (Convergencia), indicó que después de las cinco reuniones de trabajo de la Comisión de Vigilancia con los auditores, se mayor claridad sobre el ejercicio fiscal de 2003, pues hay mayor acceso a la rendición de cuentas y conocimiento sobre las deficiencias detectadas en ese año.

No obstante, dijo, en este proceso debieron participar, además del Gobierno Federal, los gobernadores y presidentes municipales para cumplir con la obligación que tienen en la transparencia y rendición de cuentas, ya que son recurrentes las observaciones de subejercicios y el aumento del pasivo contingente de los Pidiregas, que representa una carga mayor que la deuda interna.

Apoyó la propuesta para que en México exista un solo órgano de fiscalización, ya que son insuficientes las facultades de la ASF de vigilar a "toro pasado", además de que, insistió, la Secretaría de la Función Pública debe tener tareas concretas porque el Gobierno Federal no puede "autovigilarse".