En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra la Desertificación, a celebrarse el 17 de junio próximo, diputados federales de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Recursos Naturales, señalaron que en nuestro país los temas ambientales han sido olvidados por el Estado, pese a que son también asuntos de seguridad nacional.

Coincidieron que en la lucha contra la desertificación, México ha sido líder, pero sólo en el discurso, toda vez que en los hechos es un tema olvidado y que a pesar de que el Senado de la República ratificó la Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación, las acciones encaminadas a preservar y conservar nuestros recursos naturales son apenas mínimas.

El diputado priista, Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura, indicó que actualmente existen en México 120 millones de hectáreas dañadas por la erosión, 90 mil de ellas con una pérdida sustancial de productividad, en tanto que otras 500 mil son deforestadas anualmente.

De igual forma, añadió, otras 400 mil hectáreas irrigadas están inservibles por salinización y más de 500 millones de toneladas de suelo se pierden anualmente en forma de azolve".

Destacó que uno de los factores más preocupantes que ocasionan la desertificación de suelos en México es la pérdida de la fertilidad de las tierras, pues se pierden 10 mil hectáreas por efecto de salinización y de no tomarse medidas adecuadas, advirtió, nuestra soberanía alimentaria estaría en un grave riesgo y crecería la dependencia con otros países, "que a la fecha es del 50 por ciento".

"Si seguimos perdiendo porcentajes en el orden del 10 y 15 por ciento de la fertilidad de los suelos, dicha dependencia nos pondrá de rodillas frente a países que en estos momentos están combatiendo de manera enérgica la desertificación de la tierra", subrayó.

López Aguilar se refirió también al tema del agua, del cual dijo que los próximos enfrentamientos y diferendos internacionales serán precisamente por el vital líquido y un ejemplo de ello es el conflicto de México con Estados Unidos por lo que ocurre en la cuenca baja del Río Bravo, misma que está sobre concesionada y no se respetan todas las disposiciones existentes.

Por su parte, el legislador perredista, Antonio Mejía Haro, destacó que fechas como la relativa a la lucha contra la desertificación, deben ser utilizadas para reflexionar, tanto la sociedad como el gobierno federal, porque en realidad los temas ambientales han sido olvidados en nuestro país.

"Hay desinterés del Estado, pero también tenemos una sociedad que no participa de forma activa en la defensa de nuestros recursos naturales", dijo.

Aseguró que la desertificación, en buena medida, es originada por la mano del hombre porque se realizan prácticas inadecuadas como el sobrepastoreo de los agostaderos, se lleva a cabo una agricultura en tierras no aptas para esta actividad o simplemente las autoridades responsables no logran acciones para enlazar la sustentabilidad con la productividad.

Durante la mesa redonda con motivo del Día Mundial Contra la Desertificación, el diputado perredista mencionó que nuestros recursos naturales cada día están siendo afectados y en este sentido perdemos anualmente 600 mil hectáreas de bosques, además de 200 a 300 toneladas del mejor suelo por efectos de la erosión. Asimismo, agregó, "desaparecen de cinco a seis especies, afectando la biodiversidad".

En tanto, el investigador Luis Alberto Aguirre recordó que en 1992, durante la Reunión de la Tierra, en Río de Janeiro, nuestro país firmó un convenio para atacar el problema de la desertificación y que, en consecuencia, el gobierno federal junto con otros sectores debe hallar la forma de rescatar las zonas áridas, principalmente a través de un proyecto integral y programas de largo plazo.

El 24 de abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó la Ley para la Conservación y Restauración de las Tierras, que incluye disposiciones al cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha Contra la Desertificación.

Dicha ley incluye la aplicación coordinada de los recursos públicos disponibles y el aprovechamiento del marco jurídico proporcionado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, además de que mantiene un enfoque preventivo sin dejar de lado el correctivo, que permita un mayor desarrollo del sector más desprotegido como son las sociedades rurales.