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Incitar al odio, desprecio y violencia moral son conductas inadmisibles: Rafael García Tinajero
Con el propósito de castigar a los servidores públicos que discriminen al negar sus servicios, ya sea por razones de edad, embarazo, origen étnico o nacional, religión, ideología, preferencia sexual, color de piel, condición social, económica, discapacidad o estado de salud, el diputado Rafael García Tinajero Pérez (PRD), presentó iniciativa que adiciona el Título Decimoséptimo Bis, denominado Delitos contra la Dignidad de las Personas, del Código Penal Federal.

Al argumentar la propuesta, el legislador mencionó que "esas conductas son indignas cuando una persona o funcionario niega a otra la prestación de un servicio, así como restringirle su derecho a trabajar".
Destacó que en caso de los servidores públicos, además de cumplir con la pena, la cual va de tres a cinco años de prisión, de cincuenta a doscientos días-multa y de veinticinco a cien días de trabajo comunitario, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo.

Al referirse a las expresiones de odio en todas sus variantes, el diputado indicó que es necesario erradicarlas y que una cosa es criticar dogmas o doctrinas y otra es vejar y mancillar gratuitamente.
Sostuvo que se debe sancionar al que públicamente o por cualquier medio incite al odio, desprecio, o cualquier forma de violencia moral y física, que represente peligro inminente contra una persona o grupo.
De igual manera, propone incrementar la penalidad a todo aquel que cometa actos de violencia física por razones de odio o de desprecio contra un individuo.

Resaltó que la iniciativa pretende evitar que ninguna persona sea expuesta a la violencia física o moral por motivos de desprecio, contribuyendo a que la legislación penal se convierta en el instrumento para castigar actos de intolerancia.
El legislador perredista precisó establecer que el Estado explícitamente condene toda expresión de odio, pues son niños, mujeres, homosexuales, minorías étnicas y religiosas, las víctimas de la intolerancia.
Puntualizó que es obligación del Estado penalizar y prohibir el ejercicio de la incitación a la violencia por razones o motivos de odio, así como asegurar que mediante el principio de igualdad ante la ley no se vulneren los derechos y la integridad física de nadie.

García Tinajero dijo que la intolerancia se ha perpetuado con una característica que acrecienta la magnitud de la vulnerabilidad de las personas y la estigmatización social de la que son objeto quienes toleran en silencio violaciones flagrantes a su dignidad.
Finalmente consideró que las diferencias en cuanto a origen étnico, género, religión y orientación sexual se convierten en fronteras que se trazan para excluir a ciertas personas de la ciudadanía e incluso de la pertenencia a la familia.
La homofobia, el racismo y el sexismo no son algo natural o inevitable, advirtió el legislador.