Con el fin de esclarecer la situación de los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorteos, el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó en votación económica proposición de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial que investigue el cumplimiento de la normatividad de los centros de apuestas remotas, salas de sorteos, ferias regionales y sorteos transmitidos por los medios de comunicación masiva.

El acuerdo indica que la comisión estará integrada por doce legisladores nombrados por los coordinadores de los grupos parlamentarios, es decir cuatro del PRI, tres del PAN, dos PRD, uno de PVEM, uno del PT y uno de Convergencia.

Asimismo, la mesa directiva del organismo será presidida por un diputado del Partido Revolucionario Institucional, y un secretario designado por cada partido. La vigencia de la comisión será de diez meses, es decir hasta el día 30 de abril del año 2006.

Dicha comisión deberá presentar un informe que sinteticé las actividades, los resultados, así como la formulación de recomendaciones y reacciones concretas a revisar por parte de la Cámara y los órganos internos.

Ante ello, el diputado Salvador Vega Casillas (PAN), al hablar en contra señaló que en su partido están de acuerdo en que se investigue en relación con cualquier sospecha que pueda haber en actos públicos. Precisó que la Secretaría de Gobernación ha iniciado su investigación para aclarar cualquier duda en los actos de gobierno.

Indicó que debería ser la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, quien realice estas investigaciones, debido a que es necesaria una opinión técnica, más no una política.

Precisó que el plazo de diez meses es demasiado y que el único objetivo es llevar la discusión a los tiempo electorales.

En tanto, Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI), recordó que el Reglamento de Juegos y Sorteos expedido por el Ejecutivo en este momento se encuentra bajo controversia constitucional, ya que el Legislativo es el único poder que puede normar en la materia.

"Nosotros anticipamos que este reglamento iba a ser el instrumento por el que se pretendía legitimar la proliferación del juego en el país", aseguró el legislador.

Agregó que los centros de apuesta son promesas otorgadas por el entonces Secretario de Gobernación y que más adelante se demostrará que fueron aprobados de manera ilegal.

El diputado Arturo Nahle García (PRD) indicó que con base a la facultad exclusiva del Congreso se expidió la Ley Federal de Juegos y Sorteos, donde de manera contundente se precisa que están prohibidos los juegos con apuestas, sin embargo el Ejecutivo emite un Reglamento de dicha normatividad donde se autofaculta para otorgar los permisos.

Sostuvo que esta Comisión Especial debe tener el tiempo y la libertad suficiente para investigar de manera minuciosa la transparencia, legalidad y, sobre todo, la moralidad de estos permisos.

Es necesario saber, dijo, "quiénes son los dueños de los casinos, quiénes son los socios y qué hubo a cambio de estos permisos otorgados con base a un reglamento ilegal y anticonstitucional".

Más adelante, el legislador del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez González, mencionó que el poder público debe estar al escrutinio de la sociedad, porque ella construye las instituciones, y el poder legislativo tiene por objetivo crear comisiones para analizar los asuntos relacionados con el desempeño del Ejecutivo.

Sostuvo que es preciso aclarar la validez de los permisos que benefician a un grupo vinculado con los medios de comunicación, para que no se brinde trato preferencial al otorgador de los mismos.