La Cámara de Diputados aprobó con 312 votos, 136 en contra y tres abstenciones el dictamen a la Minuta por el que se crea la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, el primer tema de los 12 para los que fue convocado el Periodo Extraordinario.

El dictamen que incluye las 45 observaciones realizadas por el Senado de la República, consta de 150 artículos y ocho transitorios, cuya finalidad es normar lo relacionado con esa actividad, a fin de impulsar la producción y comercialización del sector, dar certidumbre al mercado y evitar el desplazamiento de este producto del consumo industrial nacional por las excesivas importaciones del jarabe de maíz de alta fructuosa.

En el dictamen se afirma que el cultivo de la caña de azúcar genera 440 mil empleos directos equivalentes al uno por ciento de la planta manufacturera nacional, dependiendo en forma directa 2.5 millones de mexicanos en 15 estados de la República y 227 municipios.

Asimismo, se agrega, dicho cultivo es uno de los de mayores ingresos del campo mexicano, al participar con el 13.5 por ciento del valor de la producción agrícola nacional, lo que equivale a 3.5 por ciento de la rama de alimentos, bebidas y tabaco, así como el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Se señala que la ausencia de un marco jurídico que dispusiera la creación de instituciones y políticas públicas claras que fomentaran al sector, así como el incumplimiento del TLCN y las Cartas Paralelas que favorecieron la importación de jarabe de maíz de alta fructuosa y las de maíz amarillo de Estados Unidos, tuvieron como consecuencia que la agroindustria azucarera presentara altas pérdidas.

El proyecto de ley prevé la creación del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y del Comité Nacional Sistema-Producto Caña de Azúcar, así como de la Junta Permanente de Arbitraje, como instancias de coordinación, donde estarán representados, en paridad, los agentes de esa agroindustria.

Se obliga al Estado a promover las políticas y programas del sector; los apoyos y estímulos a la producción; la divulgación de los avances tecnológicos; control de los inventarios de edulcorantes; la diversificación del uso de la caña de azúcar y la ejecución de proyectos concertados entre abastecedores del producto y los ingenios.

El citado Comité Nacional evaluará las repercusiones de los tratados de libre comercio en el ámbito, propondrá las medidas pertinentes, elaborará balances azucareros y de edulcorantes para homologar las políticas públicas de los socios comerciales, a fin de fijar criterios de precios máximos en el mercado nacional.

En contra del dictamen, se pronunció el diputado José María de la Vega Lárraga (PAN) y señaló que esta ley no responde a las necesidades del sector, pues busca reinstalar esquemas de regulación similares a los contenidos en los decretos cañeros que tuvieron su razón de ser en el pasado, que desalientan las inversiones, devalúan los activos de las empresas, paralizan las operaciones y limitan la posibilidad de desarrollar nuevos subproductos.

Agregó que niega toda oportunidad de inversión privada por lo que los costos de operación de los ingenios seguirán siendo elevados; además de que no beneficiará a los productores de caña, a través de esquemas paternalistas del pasado que hicieron mucho daño al campo de México.

Dijo que se otorgan privilegios para los líderes de las organizaciones cañeras a nivel local y nacional en el otorgamiento de crédito, agroinsumos, cuotas locales, organización de la cosecha, y otros esquemas de control corporativo. Se estima que el valor de estas prebendas es superior a los 500 millones de pesos por año, indicó.

La ley no llevará a un esquema de competitividad y sustentabilidad, "Se revive el esquema que fomenta ineficiencias en el sector, compromete el pago de cuotas y todo ello eleva los costos de producción que provoca que en México se produzca la tonelada más cara de caña en el mundo" afirmó.

En pro, el diputado Lázaro Arias Martínez (PRI) indicó que se da oportunidad a los miles de productores de caña de tener una ley que les permita certidumbre y garantice el desarrollo de este sector.

Señaló que los productores de caña con todas las deficiencias y limitantes, sin créditos ni apoyos, le están dando al país la autosuficiencia, prueba de ello es que este año se producirán 5 millones 800 mil toneladas.

Por su parte, el diputado Javier Castelo Parada (PAN) se manifestó en contra de esta ley, la cual, dijo, no es la salvación del sector.

Refirió que el sector azucarero está basado en el marco jurídico que le otorga la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por lo que entonces es falso que exista vacío legal.

Advirtió que la minuta reinstalará esquemas similares a los contenidos en los decretos cañeros hoy extintos; "la sobreregulación impuesta a este sector desalentará inversiones, devaluará activos de las empresas y del sector cañero; paralizará las operaciones y limitará la posibilidad de desarrollar nuevos productos".

La Minuta consagra un régimen de excepción para un cultivo que, lejos de generar las condiciones de competitividad, aleja a la agroindustria de las decisiones de reducción de costos de producción, puntualizó.

En la discusión particular se reservaron los artículos 5, 34 y 38, cuyas propuestas de modificación fueron rechazadas y aprobados en los términos del dictamen.

Aprobado en lo general y en lo particular, la Minuta pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para mañana miércoles, a las 11:00 horas a las comparecencias de los titulares de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes, así como del Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral.