Es necesario enfrentar y resolver este problema: diputado Jesús Martínez Álvarez
A raíz de que en México existen 10 millones de deudores de la banca desde la década de los noventa, quienes no han asegurado la tenencia legal de sus propiedades, el grupo parlamentario de Convergencia de la Cámara de Diputados, organizó el foro Solución final a los deudores de la Banca.
El evento, realizado en el recinto de San Lázaro, buscó dar respuestas a la cartera vencida hipotecaria, problema que a pesar de los programas de apoyo implementados por el Gobierno Federal y por los Bancos, sigue sin resolverse, indicó el diputado Jesús Martínez Álvarez.

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia señaló que a partir de la crisis de enero de 1995 surgieron dirigentes en diversos estados del país, quienes pensaban en sus propios intereses.

Sostuvo que actualmente el Fobaproba, IPAB, rescate bancario y sobre todo los deudores, son temas por los que se debe luchar en beneficio de los miles de familias que sufren aún el problema.

Precisó que durante el periodo comprendido entre 1990 y 1994, la economía mexicana mostró estabilidad, lo que provocó la fuerte expansión crediticia del sistema financiero.

Martínez Álvarez expresó que los mecanismos dependían de dos supuestos: la tasa de interés a la baja, o cuando menos en niveles similares a los existentes cuando se contrataba el crédito y el incremento real a través del tiempo del ingreso de quienes obtenían el crédito.

Reconoció que la iniciativa referente a la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario ha provocado reacciones de diversos sectores, entre ellos los bancos.

Enfatizó que ya no existen programas de salvación, porque siempre estos favorecían a los que tenían el crédito. Agregó que el Gobierno Federal tenía la obligación de crear una comisión encargada de resolver la deuda de cien mil millones de dólares, que ahora no permitirán construir viviendas, así como mejorar las condiciones de salud.

En el mismo sentido, asociaciones como La Alianza Nacional el Barzón, A.C, el Movimiento Jurídico Pro Rescate Patrimonial, A.C. y el Patronato de Apoyo a Mujeres Solas, A.C., sostuvieron que los desalojos forzosos a estos deudores constituyen un obstáculo estructural del derecho a la vivienda en México.

También indicaron que las propiedades de los deudores en cartera vencida constituyen un botín para las comercializadoras y los posibles delincuentes, a través de la adjudicación en los remates y compra de derechos litigiosos.