• PRI: la cantidad obtenida por las auditorías es poco significativa respecto del adeudo

• PAN: los datos de una disminución de más del 50 por ciento del adeudo en el Fobaproa es molesto para algunos

El caso Fobaproa es un expediente que seguirá abierto y se requerirá de un gobierno valiente para que ordene una revisión a fondo y se castigue a los responsables del quebranto, coincidieron diputados de oposición durante la comparecencia del secretario ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) Mario Alberto Beauregard Álvarez, ante la Comisión de Investigación del IPAB de la Cámara de Diputados.

Los legisladores indicaron que de 1995 al 2004, los contribuyentes hemos pagado 555 mil 859 millones de pesos por el rescate bancario. Del Ramo 29, pagamos 237 mil 650 millones de pesos. Indicó que del Ramo 34 pagamos 304 mil 653 millones de pesos y de un remante del Banco de México se perdieron 13 mil 556 millones de pesos.

En su exposición, Mario Alberto Beauregard Álvarez, informó a los diputados que las instituciones involucradas en el rescate bancario han cumplido con las revisiones, sustituciones y reducciones establecidas en el nuevo Programa de Capitalización y Compra de Cartera, que forma parte, a su vez, de un programa de la Auditoría Superior de la Federación y que se apegan a la ley del IPAB.

También hizo mención de que los 11 puntos de acuerdo emitidos por las dos cámaras del Congreso de la Unión han sido cumplidos por parte de este instituto y que en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 5º transitorio de la Ley del IPAB se aplicaron las revisiones de Gestión, Identidad de Objeto, Existencia y Legalidad y Legitimidad (GEL) que arrojaron un saldo de mil 256 millones, 979 mil 779 pesos por irregularidades de créditos relacionados y duplicados.

“Las instituciones se sujetaron a la realización de las revisiones obligándose a acatar y hacer cumplir los resultados, a lo que ya se dio cumplimiento”, refirió.

PRI

El diputado del PRI, Víctor González Huerta dijo que los mil 257 millones de pesos como resultado de las auditorías Gel, es una cantidad muy poco significativa, tomando en consideración el monto total del adeudo

Preguntó si todavía hay algunas alternativas de reducción respecto de este monto, como pudieran ser la revisión de los activos, tomando en cuenta que los bancos han ofrecido entregar un plan de recuperación de cada una de sus instituciones.

PAN

Por su parte, el diputado Manuel Pérez Cárdenas, presidente de la Comisión de investigación al Ipab, indicó que la Comisión seguirá investigando hasta el máximo detalle de las operaciones, apoyándonos en los resultados de quienes en el pasado auditaron las cuentas del Fobaproa, por encargo del propio Congreso y, por otra parte, con base a los resultados de nuevas auditorías realizadas como resultado del trabajo compartido entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

La sociedad mexicana puede tener cuentas satisfactorias, aunque, reconoció, “nunca buenas cuentas, porque en este tema, nunca las habrá”. Dijo que se actuará con responsabilidad política, sin protagonismos.

Mientras, el legislador Salvador Vega Casillas, subrayó que son importantes las cifras manejadas, aunque para algunos sean molestos los datos que se dan de una disminución de más del 50 por ciento del adeudo que se tiene en el Fobaproa.

Agregó que mucho se ha cuestionado el asunto del rescate de los banqueros y preguntó cuánto han pagado y cuántos costos han asumido, y si de verdad les salió barato.

Cuestionó asimismo respecto de qué pasará con los créditos menores que fueron encapsulados y que estaban pendientes de definir, ahora que la Corte ha dictado una resolución en el asunto de las revisión, si tienen alguna afectación y cómo quedarían.

PRD

Por su parte, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar expresó que después de que los contribuyentes han pagado más de la mitad de un billón de pesos, todavía debemos 764 mil 811 millones de pesos. Abundó que el costo fiscal total es de un billón 320 mil 670 millones de pesos.

Puntualizó que vamos a tardar 70 años en cubrir la totalidad de los pasivos provenientes de la crisis bancaria y de su rescate y, en este sentido, añadió que de ese billón 320 mil 670 millones de pesos, el resultado de las auditorías Gel solamente encontraron irregularidades en mil millones. Agregó que dichas investigaciones estuvieron pactadas con las instituciones bancarias, “por eso éstas con mucha claridad y de manera presurosa se comprometieron a aceptar los resultados”.

Cuestionó cuáles funcionarios públicos después de haber dejado una deuda de un billón 320 mil millones de pesos han sido sometidos a proceso. En ese sentido, afirmó que existe enorme impunidad y política de tapar las cosas, bajo el argumento de que ya prescribieron. Destacó que la pregunta es quién dejó que prescribieran estas irregularidades.

Le dijo al funcionario del IPAB: “usted cuenta mentiras señor secretario ejecutivo. Se nos dice que la gran acción del Instituto de Protección al Ahorro Bancario permitió que se redujera a la mitad el costo fiscal de los contribuyentes, ello es simple y sencillamente quererle ver la cara al pueblo de México”.

En respuesta, Beauregard señaló que el quinto transitorio de la Ley del IPAB, establece que en caso de que la auditoría ordenada por la Cámara de Diputados reporte irregularidades, se procederá a deslindarlas y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica. Sin embargo, dijo, Mackey no reporta ninguna, inclusive reconoce que no puede decir si hay o no irregularidades en estas operaciones; habla de cambios en los criterios de selección de ciertos créditos.

Añadió que esos cambios se dieron porque el Comité Técnico del Fobaproa estaba facultado para establecer sus propios criterios de selección. Esta es una observación que años después revisó la ASF y ya quedó solventada, acotó.

Explicó que los nueve mil 500 millones de pesos son producto de operaciones detectadas en su momento por la ASF. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores confirmó que eran créditos no aprobados y por lo tanto se le pidió a los bancos que pagaran esta cantidad.

Indicó: “Nosotros no hemos creado deuda pública directa, el IPAB es un organismo descentralizado de la administración pública federal, en tal sentido la deuda que tiene el IPAB no es deuda pública directa”.

Respecto a la cantidad de mil 257 millones de pesos, indicó que pudiera parecer poco significativa, pero recordó que esta cartera ha sido analizada al menos en cinco ocasiones. “Con los bancos, y a través de una revisión adecuada de los activos remanentes, que son aproximadamente de tres mil millones de pesos, podemos lograr una reducción adicional” anunció.