La Cámara de Diputados aprobó con 305 votos a favor, 151 en contra y 4 abstenciones, un acuerdo de la Conferencia Para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos a fin de que la Mesa Directiva de este órgano camaral otorgue un mayor plazo para la conclusión y presentación ante el pleno de las cámaras de los dictámenes respectivos hasta el próximo periodo de ordinario y dar por concluidos los trabajos de las sesiones extraordinarias.

El acuerdo fue propuesto al presidente de la Conferencia, diputado Manlio Fabio Beltrones, por los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia, y avalado por el PAN "siempre y cuando se discuta el dictamen sobre las observaciones del Presidente al presupuesto de egresos de 2005".

Posteriormente y en un alcance al acuerdo inicial, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia solicitaron a la Presidencia de la Mesa Directiva retirar del Orden del Día, el dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en cumplimiento de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 109/2004, relativa al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y devolverlo nuevamente a la citada Comisión.

Durante la sesión, se dio instrucciones para que el voto particular del diputado Luis Maldonado Venegas se publicara en la Gaceta Parlamentaria, donde manifiesta su rechazo a las observaciones realizadas por el Ejecutivo Federal al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de este año,

En el documento se reconoce que en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se abordó el fondo del tema, por lo que es necesario que la Cámara precise que la expedición del decreto de Presupuesto se apegó a las normas constitucionales que rigen su proceso de creación y las reglamentarias que se aplican al funcionamiento interno.

Además, el legislador considera que no existen razonamientos sobre la obligatoriedad de leyes administrativas diversas en la integración del proyecto de gasto a cargo del Ejecutivo Federal, que no son aplicables a la función de la Cámara de Diputados.

Precisó que el dictamen aprobado por la Comisión dictaminadora contiene inexactitudes, imprecisiones y diversos errores de técnica legislativa y omisiones, lo que pone en entredicho el cumplimiento de la sentencia emitida por el Poder Judicial y la posibilidad de enmendar las imprecisiones detectadas en el decreto.

En el voto particular se reconoce que la Cámara de Diputados no puede aprobar un ordenamiento que ya fue autorizado en su momento, en virtud de que se trata de una norma vigente, además la aprobación del decreto no es materia de la Corte, sino sólo las partidas anuladas, las cuales sí deberían aprobarse para que puedan aplicarse.

En tanto, y al hacer uso de la palabra, el diputado Salvador Martínez Della Rocca (PRD) afirmó que los legisladores están para defender a las universidades públicas y la educación básica donde existe gran rezago y "resulta que nos quieren quitar el dinero".

Agregó que no se puede aceptar esta situación, por lo que "es vergonzoso que se diga aquí que hay condiciones para discutir este atentado contra la nación, no lo vamos a aceptar, les guste o no y pongan en orden a su Presidente, que sea coherente".

Refirió sobre los niveles de educación superior: en Chiapas el 92.4 de su población no tiene esta instrucción, Oaxaca 92.1 por ciento, Zacatecas 91.6 Michoacán 90.8, e Hidalgo 90.7 por ciento.

Agregó que la entidad que tiene el indicador menos malo en educación superior es Nuevo León, con el 81.2 por ciento de la población que no tiene dicha instrucción.

Expuso que: "a quién se le ocurre decir que le vamos a quitar a las universidades de los estados del país el adicional que la Cámara de Diputados les dio. Cómo se va a combatir el centralismo educativo y fortalecer las universidades estatales", añadió.

A su vez, el diputado Pablo Gómez Álvarez (PRD) aclaró que las sesiones extraordinarias del Congreso no fueron convocadas por al SCJN porque carece de facultades constitucionales al respecto, y que la sentencia de esa instancia respecto a la controversia no señaló un plazo para el análisis de las observaciones del Presidente.

Dijo que al país le convendría romper el veto y que se aplicaran alrededor de 30 mil millones de pesos en la educación superior, en el campo y en la infraestructura productiva; que hubiera reglas de las precampañas, garantía del acceso de los partidos a los medios de comunicación. "Sin embargo, no se puede votar en la Cámara porque hay un bloqueo parlamentario que lo impide; esos preceptos serán ley en otro momento".

Confió en que, como el Presidente no tiene razón al bloquear el ejercicio del gasto social autorizado por al Cámara, que en los últimos tres meses de este año se tenga la situación política interna favorable para ordenar y obligar al jefe del Ejecutivo a ejercer lo que es su obligación, el Presupuesto de Egresos de la Federación votado por los diputados.

En su oportunidad, el diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas (PAN) aseguró que al aprobar el oficio de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se cometerá, desde un órgano de estado federal, un desacato a la Suprema Corte de Justicia.

Sostuvo que la mayoría de los legisladores que han decidido no discutir las observaciones del presupuesto serán los responsables de desobedecer una sentencia del máximo tribunal de este país.