Como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, diputadas y diputados de las diversas fracciones parlamentarias reconocieron que los avances de las mujeres son insuficientes, por lo que se debe diseñar una estrategia de desarrollo que les permita consolidar su participación en la vida social, política y económica, así como el pleno ejercicio de sus derechos.

Durante la sesión de hoy, que fue presidida por Marcela González Salas y Petricioli, vicepresidenta de la Mesa Directiva, la diputada Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (PRI) recordó que el Día Internacional de la Mujer surgió a raíz del incendio de una fábrica neoyorquina, que ocasionó la muerte de más de 120 obreras en la primera década de 1900.

Explicó que en la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, se han abordado diversos aspectos para que los países miembros instrumenten, en el nivel jurídico e institucional, las medidas necesarias para que los derechos humanos, políticos y sociales de las mujeres sean respetados.

En el ámbito nacional, señaló, la lucha de las mujeres no ha sido fácil, pero ha habido un avance en materia presupuestal al obtener una mayor cantidad de recursos para programas de género, así como en diversas leyes a fin de incorporar la equidad y la realización del Primer Encuentro de Legisladoras.

María Angélica Ramírez Luna (PAN) señaló que pese a los esfuerzos realizados por las mujeres todavía no cuentan con las condiciones adecuadas ni las instituciones debidamente consolidadas que aseguren bienestar, tampoco una estrategia de desarrollo eficaz que les permita desempeñar un papel central.

Hizo suyos los objetivos de la comunidad internacional en el sentido de darle participación plena y en igualdad de condiciones a la mujer en el plano político, económico, social y cultural.

En su turno, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD) reconoció el avance de las mujeres en su lucha por el pleno ejercicio de sus derechos y su participación en todos los ámbitos de la vida nacional, además de los cambios legales que les han permitido tener mayores espacios en el Congreso y participar en decisiones trascendentales, como el Presupuesto de Egresos.

No obstante, consideró que dichos logros no han sido suficientes toda vez que existen niñas en las zonas rurales e indígenas que no asisten a la escuela, mujeres que no están alfabetizadas y segregadas de la vida laboral o con salarios bajos, además de que el 46.6 por ciento de las mujeres sufren algún tipo de violencia y no se han esclarecido los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el ámbito de la salud, dijo, en el año 2002 se registraron 8 mil 160 casos de mujeres que fallecieron por cáncer cérvico-uterino y mamario, por ello, se congratuló de la iniciativa del Ejecutivo Federal para que puedan acceder de manera gratuita a las pruebas de detección de esas enfermedades.

Desde tribuna, la diputada María Ávila Serna (PVEM), indicó que en las últimas décadas la condición social de la mujer ha mejorado y avanzado en diversos aspectos, como el político, legislativo y gubernamental.

Señaló que la sociedad debe desprenderse de la discriminación contra las mujeres y adoptar medidas que favorezcan su situación y contribuyan al pleno ejercicio de los derechos e igualdad de oportunidades.

Por su parte, el diputado Joel Padilla Peña (PT) coincidió en que las mujeres enfrentan dificultades en ámbitos como el laboral, donde sus ingresos son inferiores a los que recibe un hombre por un trabajo igual. Esa desigualdad, precisó, es mayor en el medio rural porque no perciben ningún tipo de remuneración o perciben menos de dos salarios mínimos.

Pidió crear un nuevo marco jurídico que rompa con la desigualdad de género y facilite su incorporación en la administración pública, además de cumplir con los compromisos asumidos en la Conferencia Internacional de la Mujer, realizada en Beinjing, China.

Finalmente, el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno (Convergencia), dijo que la mujer, a pesar de ser piedra angular en el ámbito nacional, prevalece en una cultura de desigualdad y discriminación. Es quien padece el mayor grado de analfabetismo y rezago educativo, ya que por cada tres analfabetas, dos son mujeres, agregó.

Al respecto, se pronunció por dar un contenido real al artículo 4° de la Constitución, que establece la igualdad entre hombres y mujeres, revisar los ordenamientos jurídicos en los que prevalezca la diferencia de género, así como impulsar un programa educativo y una política de Estado que conduzca a la integración de este sector de la población a las tareas del desarrollo nacional en igualdad de condiciones.