Diputados federales y procuradores de justicia coincidieron en que es necesario revisar de manera minuciosa la minuta que reforma diversos preceptos de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el artículo 73 constitucional, para que los estados concurran en el combate al narcomenudeo, a fin de evitar posibles inconsistencias.

Durante una reunión de las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, los funcionarios encargados de la procuración de justicia pidieron que además de legislar en la materia, se destinen mayores recursos para el combate a ese delito y se revisen normas jurídicas adicionales que permitan una mejor actuación de las procuradurías estatales en ese ámbito.

Al dar la bienvenida a los asistentes, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Francisco Frías Castro (PRI) explicó que la consulta con los procuradores permitirá enriquecer la minuta para que las procuradurías estatales participen en la solución de ese problema, toda vez que representa una amenaza de seguridad pública nacional que ha filtrado todos los niveles sociales.

Pidió ser cuidadosos en la redacción final del documento, porque se trata de una reforma constitucional que debe incluir la participación de estados, Federación y el Congreso de la Unión.

En representación del procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores explicó que la iniciativa tiene dos vertientes: la reforma constitucional y legal, además de un doble matiz entre el fuero federal y común, toda vez que el aumento del consumo de drogas afecta a toda la población y a los estados por la distribución individualizada y aislada, lo que hace difícil su atención.

Precisó que la reforma no pretende inhibir o deslindar a la Federación de sus responsabilidades en la atención y combate a este delito, sino sumar esfuerzos para que las entidades federativas participen en igualdad de circunstancias.

Recordó que durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de 2003, se propuso un proyecto legislativo para que los estados concurran en el combate al narcomenudeo y otro de tipo penal sobre el narcotráfico. De ahí que, agregó, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa correspondiente al Senado de la República para su discusión y aprobación, la cual fue remitida a la Cámara de Diputados el 7 de enero de 2004.

En su turno, el procurador de Justicia del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida reiteró que es necesario construir un frente común contra el tráfico de droga al mayoreo y menudeo, así como actuar con energía contra este flagelo.

Advirtió que sería delicado que el Congreso de la Unión determinará a través de una Ley federal la competencia de las entidades en el combate al narcomenudeo, toda vez que no tiene facultades para determinar las atribuciones de las autoridades administrativas locales porque corresponde a los congresos y, por tanto, implicaría una invasión de competencias.

Consideró que la adición propuesta al artículo 73 de la Constitución presenta severos problemas de técnica jurídica, además de que son improcedentes porque, de aprobarse, generaría severos conflictos de leyes.

En la ronda de preguntas, la diputada Leticia Gutiérrez Corona (PRI) se pronunció porque el tema se aborde desde una perspectiva integral y que forme parte de una política de Estado, toda vez que implica actos de corrupción, impunidad e ilegalidad.

En tanto, la diputada perredista Eliana García Laguna reconoció que existe una confusión en la reforma propuesta respecto de la atención de la salud y la salubridad general con la temática del combate al narcomenudeo; además, dijo, es poco clara la Minuta respecto del uso de morfina en pacientes con enfermedades terminales como cáncer.

Al respecto, pidió que la reforma se analice con cuidado y se separe el aspecto de salud de lo penal, y no caer en la tentación de legislar de manera precipitada sobre temas delicados.

Finalmente, los procuradores solicitaron que además de legislar en la materia, se destinen mayores recursos para la capacitación de los cuerpos policiacos, pues de lo contrario, advirtieron, “se abre la puerta para que el narcotráfico incida en las estructuras policiacas”.

Aclararon que no se trata de desechar la iniciativa para combatir el narcomenudeo, sino de analizar de manera detallada las implicaciones jurídicas de la propuesta.