La redistritación electoral se debió concretar con el mayor consenso posible de todos los actores políticos que desde el Instituto Federal Electoral han tenido una participación activa a lo largo de este proceso, aseguró el diputado Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (PT), presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Durante una reunión de trabajo de las comisiones de Gobernación y de Asuntos Indígenas con Luis Carlos Ugalde Ramírez, presidente del Consejo General del IFE, el legislador expuso que la redistritación que tiene encomendado este instituto es de gran importancia para los próximos comicios del 2006 y 2009, que serán de los más competidos de los últimos años.

Abundó que los partidos políticos no han aceptado del todo ese proceso, por lo que han presentado distintos recursos de impugnación, por ello el Partido del Trabajo pide que sea el Tribunal Federal Electoral, apegado a derecho, el que resuelva esta inconformidad.

En tanto, el diputado Javier Manzano Salazar (PRD), presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, dijo que es necesario un punto de acuerdo de urgente resolución para hacer un exhorto respetuoso al IFE, a fin de corregir algunas situaciones que son preocupantes para la mayor parte de los diputados y de los ciudadanos.

Dijo que es necesario sentar bases políticas para garantizar la representación de los pueblos indígenas. “Los 29 distritos electorales clasificados como indígenas ahí están, toca a los partidos tener la voluntad de saber si realmente los candidatos serán indígenas”.

Más adelante, el diputado Tomás Trueba Gracián (PAN) afirmó que en la redistritación faltó asesoría geográfica y no fue tan pública. Además, dijo, en algunos de los puntos como: optimizar el tiempo de recorridos, “con todo respeto, se les barrió”

Agregó que en Veracruz ha causado inconformidad, ya que en el caso del Distrito de Orizaba ponen municipios que están a media hora, en una carretera infame y quitan otros ayuntamientos que se encuentran a dos minutos, por lo que preguntó sobre los criterios empleados para realizar este proceso.

Por otro lado, interrogó sobre las impugnaciones que el Tribunal Federal Electoral tiene que resolver y si existe posibilidad de echar marcha a esto.

En su turno, el diputado Jacobo Sánchez López (PRI) señaló que se deben reconsiderar los cambios de las cabeceras distritales electorales, ya que se desintegran a diversos municipios con usos y costumbres.

Añadió que en las comunidades afectadas hay quejas que estos errores del Instituto Federal Electoral tendrán consecuencias en el próximo proceso electoral federal.

A su vez, la diputada Sofía Castro Ríos (PRI) aseguró que con fundamento en el Convenio 168 de la Organización Internacional del Trabajo todas las determinaciones que se tomen en torno a la representación de los pueblos y comunidades indígenas del país necesitan ser consultadas y, de ser así, solicitó que se informe en qué momento fueron tomados en cuenta, en qué foros y quiénes los convocó.

Asimismo, la legisladora preguntó sobre la representación que tuvieron los pueblos étnicos ante el Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación.
En respuesta el representante del IFE expuso que los casos impugnados son de cuatro entidades: Chiapas, Jalisco, Veracruz y Michoacán y las razones principales argumentadas son el tema del tiempo de traslado por la ubicación de cabeceras distritales.

Aseguró que no hay representantes de los pueblos indígenas, “nuestra obligación legal es con los partidos políticos representados ante el IFE, en el Consejo General”.
En otra ronda de preguntas y respuestas, el legislador por el PRD, Bernardino Ramos Iturbide, manifestó que en el ejercicio llevado a cabo por el IFE para redistritar, no se refleja un ejercicio vinculatorio que incluyera criterios de medio ambiente, identidad histórica, continuidad geográfica y lenguas.
Señaló que el trabajo es de gran valor pero, reiteró, “en materia indígena se excluyó la participación y opinión directa de las comunidades y pueblos de este sector”, apuntó.

Más adelante, José Guzmán Santos (PRI) reconoció que preocupa la poca comunicación que existe entre los diputados y los representantes de partidos en el IFE. Agregó que la redistribución “rompe la coyuntura cultural, nuestros pueblos chocaron durante años en sus propias comunidades y eso es un problema serio”, recalcó.

Apuntó la necesidad de regionalizar el proyecto, ya que no es lo mismo hablar de las diferentes condiciones que existen en Guerrero, Chiapas, Oaxaca; “no es fácil transitar en las montañas y llevar las urnas será complicado”.

Por parte del PAN, el diputado Pablo Alejo López Núñez preguntó si la redistritación traerá consigo un reseccionamiento que deberá llevarse a cabo antes del proceso electoral del 2006 y contemplar una recredencialización. Interrogó si el IFE cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo lo anterior.

El diputado Aníbal Peralta Galicia (PRI) cuestionó sobre la posibilidad de que existan distritos con 200 mil habitantes de diferencia uno del otro, lo que no hace equivalente el voto.

El diputado Emilio Zebadúa González (PRD) dijo que es claro que existe una vía institucional para informar a esta soberanía de los trabajos del IFE y son los consejeros del Poder Legislativo, a los cuales se les ha solicitado presenten a la brevedad la evaluación de los trabajos realizados en este proceso de redistritación.

En respuesta, Luis Carlos Ugalde Ramírez, manifestó que los interlocutores legales son los partidos políticos ante el IFE, “son el canal formal y legal con el cual tenemos que informar para tomar nuestras decisiones y son éstos quienes tienen el vínculo directo con los representantes en las cámaras y nosotros no podemos suplirlos”.

Añadió que en este momento el IFE tomó una decisión, la cual fue impugnada por algunos partidos ante el Tribunal Electoral y, en ese sentido, cualquier modificación al mapa distrital corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral, ya sea revocando o ratificando.
Indicó que se trata de una reunión informativa debido a que los procesos decisorios que tiene el IFE, junto con los partidos políticos, han tenido plazos que se van cumpliendo.

Intervención inicial

Luis Carlos Ugalde Ramírez, presidente del Consejo General del IFE, afirmó que en el proceso de redistritación participaron intensamente los partidos políticos, pero fue llevado a cabo por la autoridad electoral y en ningún momento se usaron resultados o tendencias electorales porque el propósito fue evitar que hubiera algún sesgo.

Señaló que ante las impugnaciones presentadas en cuatro entidades del país: Chiapas, Michoacán, Jalisco y Veracruz, derivadas de la conformación de distritos o de la ubicación de las cabeceras distritales, el IFE estará atento en casos de que algunas generen modificación al mapa electoral del país.

Añadió que el IFE lleva a cabo la labor administrativa para implementar el movimiento de cabeceras distritales, a fin de que una vez que el Tribunal Electoral emita su sentencia sobre las impugnaciones, se avance en la configuración de las nuevas juntas distritales en todo el país, con el objetivo de iniciar el proceso electoral en octubre del 2005.

Aseguró que el proceso de redistritación fue transparente, legal e incluyente. “Nos parece que esta decisión es una de las primeras relevantes de cara al proceso electoral de 2006, porque contribuye a la igualdad del voto, fortalece la representación política del país y, de manera importante, la de los indígenas”. Dijo que para la próxima elección federal se podría estimular la participación de casi el 10 por ciento de esta Cámara, con representantes de origen indígena.

Mencionó que con la reconfiguración todos los distritos del país se encuentran en un rango de 325 mil votantes, con una variación que no excede del 15 por ciento, más o menos.

Informó que hubo más de cien reuniones de trabajo con los partidos políticos; en los últimos meses presentaron 212 observaciones y propuestas, de las cuales 72 fueron aceptadas por el comité técnico e incorporadas al escenario definitivo de la nueva distritación.