• El Presupuesto de Egresos 2005 se tiene que ejercer, independientemente de este conflicto: López Aguilar
• La situación económica de los campesinos e indígenas atraviesa por uno de los procesos más aniquiladores: Luna Hernández
• Legisladores se reunieron con funcionarios integrantes de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable

Diputados de todas las fracciones parlamentarias pidieron a funcionarios de las diversas secretarías de Estado explicar los criterios por los que se ajustaron partidas aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF), toda vez que las cifras entre lo autorizado por esta soberanía y lo que ejercen las dependencias federales, "no cuadran".

Al inicio de la reunión de legisladores con la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS), el diputado Ángel Buendía Tirado (PRI), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dijo que la controversia constitucional sobre el presupuesto para este año no debe ser una "cortina de humo" o pretexto para que los recursos no sean ejercidos de manera puntual.

Hizo un llamado para que en el corto plazo se programe un ciclo de reuniones a fin de mantener un intercambio de información suficiente, oportuna, veraz y congruente, así como para destrabar y ejercer los recursos, ya que es preocupante la diferencia por 2 mil 82 millones de pesos entre lo aprobado en el DPEF y lo presentado por la Comisión Intersecretarial.

Pidió definir mecanismos que permitan cubrir las diferencias detectadas en cada uno de los programas y llegar a una solución pronta, pues, reconoció, ninguno de ellos responde a una mala voluntad, sino a la nueva etapa de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Ante oficiales mayores y funcionarios que integran la CIDRS, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Cruz López Aguilar (PRI) dijo que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005 se tiene que ejercer independientemente de la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo Federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Preguntó cuál es el criterio del Gobierno Federal para ejercer el gasto, toda vez que no se tiene una posición única en cuanto a su ejercicio, además de que las cifras y diferencia entre la versión de la Comisión Intersecretarial y el anexo 17 del DPEF aprobado, por la Cámara de Diputados, "no cuadran".

Explicó que están "congelados" - por parte de la SCJN-- recursos por 4 mil 89.3 millones de pesos, además de que se tiene una diferencia por 2 mil 118 millones de pesos entre lo estimado por la CIDRS y esta soberanía, lo que hace un total de más de 6 mil millones de pesos.

Más adelante, el diputado Miguel Luna Hernández (PRD), presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, precisó que el Programa Especial Concurrente en los últimos años ha presentado un rostro definitivo, claro y preciso en su estructura y composición, tanto que se han hecho fuertes críticas porque no se han ejercido los 145 mil 939 millones de pesos aprobados por esta soberanía.

Indicó que el ejercicio del Presupuesto presenta retrasos absurdos en los últimos años; hay subejercicios, en tanto que la economía de campesinos e indígenas atraviesa por uno de los procesos de estrangulamiento más aniquilador.

Explicó que la controversia constitucional ha originado una cortina de humo para no ejercer los recursos autorizados, lo cual afecta sólo el 3 por ciento del gasto para el campo.

Señaló que las diferentes versiones por parte de la CIDRS han creado incertidumbre e inconsistencias, toda vez que se observa una disminución de 2 mil 82 millones de pesos en el presupuesto, lesiona programas como el de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural y de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jacqueline Argüelles Guzmán (PVEM), precisó que en el caso de la secretaría del ramo las partidas etiquetadas para áreas naturales protegidas se eliminaron, así como el programa de recuperación de suelo del Distrito Federal,

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, el diputado Fernando Ulises Adame de León (PRI), reiteró sus dudas de cómo se hizo la reasignación del gasto en diversos programas, de manera particular en el caso del Río Bravo y la cuenca Lerma-Chapala. En el primero, dijo, es considerable el ajuste porque México tiene una deuda de agua con Estados Unidos, la cual no se podrá cumplir y, por tanto, "se corre el riesgo de generar un conflicto internacional".

Pablo Reyes Pruneda, subdirector del Área de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que el anexo 17 del DPEF no corresponde con el presupuesto del Programa Especial Concurrente; además es contradictorio con los anexos 1 y 18, en virtud de que el primero se hizo de manera paralela al resto del decreto.

Precisó que la responsabilidad de su dependencia es recibir la carga del presupuesto por parte de las distintas Secretarías, pero no la etiquetación de los recursos.

Finalmente, Antonio Ruiz, representante del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), aclaró que la Comisión Intersecretarial no pretende hacer modificaciones a lo aprobado por esta Legislatura, por el contrario, se cumple con el mandato para que a más tardar el 31 de diciembre se integrara un informe de cómo se gastaría el presupuesto en el campo.

Señaló que las diferencias en el informe enviado el pasado 17 de febrero a la Cámara de Diputados tiene dos cambios que no coinciden con el anexo 17 de DPEF. Primero, se resuelven algunas ubicaciones de programas y recursos que en el PEF estaban mal colocadas, como desayunos escolares, asistencia social alimentaria a familias, cocinas populares y unidades de servicios integrales, programas de asistencia y despensas correspondientes a estímulos en desarrollo social, cuando estos presupuestos corresponden al ramo 33 (aportaciones federales).

Además, agregó, en el rubro de IMSS-Oportunidades y seguridad social de jornaleros fueron puestos en el PEF 2005 en el anexo 17 en salud, ramo 12, cuando corresponden a aportaciones a seguridad social, ramo 19.