La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular que darán seguridad a los ahorradores, incrementarán los servicios financieros de las entidades de ahorro y crédito popular, permitirán la incorporación formal de éstas al sistema financiero mexicano y evitarán la generación de nuevas figuras que operen al margen de la ley.

Los cambios, avalados con 306 votos a favor, 44 en contra y 13 abstenciones, tienen como propósito crear las condiciones necesarias que faciliten a esas instituciones su tránsito a la formalidad plena, manteniendo incólume la seguridad de los ahorradores que participan en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular.

Entre otros fines, se amplían los plazos para que obtengan la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de incorporarse al sistema financiero mexicano, y se evita que ésta faculte a sociedades sin viabilidad económica presente ni futura.

Las comisiones dictaminadoras de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo enfatizaron que el factor fundamental para determinar la viabilidad de las entidades de ahorro y crédito popular serán sus condiciones financieras; las que carezcan de ello deberán fusionarse o liquidarse.

Consideraron procedente establecer requisitos rigurosos para que mejoren sus condiciones financieras y organizacionales, así como fijar reglas para que, oportunamente se puedan tomar las decisiones preventivas o correctivas que correspondan.

Las reformas fortalecen el proceso de integración, facultando a las federaciones para el acompañamiento de las entidades, hasta lograr su plena viabilidad financiera, administrativa y competitiva.

Igualmente se otorgan nuevos plazos a las que han demostrado un serio interés para cumplir con los requisitos de la ley y de su reglamentación secundaria, a efecto de que estén en aptitud de obtener la autorización respectiva.

Al fundamentar el dictamen, el diputado José Juan Bárcenas González (PAN) dijo que para nadie es desconocida la existencia de fraudes y bancarrotas ocasionadas por seudo cooperativistas que han dañado a sectores desprotegidos de la población.

Señaló que el dictamen abona la posibilidad de que el sector de las finanzas sociales migre a un sistema autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le permita cumplir con su misión fundamental determinada.

Destacó que las entidades y federaciones de ahorro y crédito popular tienen la oportunidad de potencializar su actividad financiera e incrementar en los próximos cinco años la población bancarizada de escasos recursos de tres a diez millones de mexicanos.

En voto particular, el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (PRD) explicó que el sentido de su voto, de manera negativa, está fundamentado con base en que se han encontrado fallas estructurales que hacen necesario ir a una reforma integral a fondo.

El presidente de la Comisión de Fomento y Economía Social, manifestó que la propuesta es corta y limitada, "por lo que necesitamos una reforma de mayor alcance; apoyar el proyecto en los términos en los que está significaría validar una concepción de la banca social y las finanzas populares que no compartimos", apuntó.

Dijo que en los términos en los que hoy se encuentra la Ley de Ahorro y Crédito Popular resulta extremadamente difícil de cumplir para las entidades que vienen funcionando desde hace más de tres décadas, e imposibles para las de reciente y nueva creación, lo que lleva a la concentración y casi monopolización del sector, consideró.

Saucedo Pérez indicó que el proyecto va encaminado a la concentración de recursos de cajas populares y cooperativas de ahorro y préstamo en manos del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), con ello se prepara su expropiación y privatización, anunciada a los medios de comunicación.

Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen pasó al Senado de la República para sus efectos constitucionales