• Se determinaron 2 mil 638 observaciones a diversos organismos

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados recibió este jueves, por parte del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, el informe correspondiente al resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2003, en el que se destacan irregularidades por 54 mil 92.2 millones de pesos

El informe explica que luego de haber practicado 338 auditorías a 125 entes que comprendieron 88 dependencias y entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a 32 entidades federativas, 3 universidades, un órgano federal autónomo y una institución privada, se determinaron dos mil 638 observaciones por el monto de 54 mil 92.2 millones de pesos.

De ese total, 17 mil 784.6 millones corresponden al Fobaproa-Ipab, 14 mil 522.8 millones al IMSS, 5 mil 788.4 millones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 3 mil 293.4 millones a PEMEX y Subsidiarias, 2 mil 483 millones a la Secretaría de la Función Pública, 2 mil 376.4 millones al ISSSTE.

De igual forma, mil 289.7 millones corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 692.2 millones a Fonatur, en lo concerniente a los ramos Generales 33 y 39, se detectaron irregularidades por mil 821.9 millones de pesos y en otros entes fiscalizados 4 mil 39.8 millones de pesos.

El Auditor Superior, Arturo Gonzáles de Aragón explicó ante los diputados federales que como resultado de las auditorías efectuadas, se determinaron dos mil 638 observaciones, las que generaron tres mil 437 acciones promovidas, de las cuales, mil 142 fueron de carácter correctivo y dos mil 295 de naturaleza preventiva.

"De las tres mil 437 acciones promovidas, se encuentran incluidos 167 pliegos de observaciones, 31 promociones de fincamiento de responsabilidades administrativas y una denuncia de hechos", destacó el titular de la ASF.

Añadió que la cuantificación monetaria de las observaciones determinadas por la ASF y que ascienden a los 54 mil 92 millones de pesos, es un monto que no necesariamente constituye resarcimientos o daños patrimoniales al erario, o bien, fincamiento de responsabilidades administrativas resarcitorias.

"Su situación definitiva se establecerá una vez que los entes fiscalizados entreguen, en el lapso de 45 días hábiles, las evidencias y documentación soporte para su solventación".

Indicó también que de conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción c, de la ley de Fiscalización Superior de la Federación, se determinó un probable efecto contable de 235 mil 672 millones de pesos por operaciones no registradas, registradas erróneamente, o bien, no reveladas con suficiencia en los estados financieros de los entes fiscalizados o en la Cuenta Pública Federal, tal como lo establecen los principios de contabilidad gubernamental.

"Este monto, al igual que el anterior, tampoco implica necesariamente responsabilidades o afectaciones a la Hacienda Pública Federal, hasta en tanto no se cumpla el plazo de 45 días hábiles para presentar las aclaraciones e información justificatoria correspondiente".

González de Aragón subrayó también que, derivado del proceso de fiscalización efectuado, y durante el curso de las auditorías practicadas, la ASF logró recuperaciones de recursos por un monto de 423 millones de pesos, que representa el 69 por ciento del presupuesto asignado a la entidad fiscalizadora en el 2004.

En este mismo sentido, dijo, como resultado de las acciones de fiscalización, durante el año pasado se lograron recuperaciones por 13 mil 333 millones de pesos, y destacan por su importancia los 9 mil 481 millones de pesos pagados por los bancos por créditos irregulares y mil 580 millones de pesos por el reconocimiento del adeudo del Sindicato de Petróleos Mexicanos a favor del organismo.

El funcionario aseveró que resulta indispensable realizar acciones de fiscalización en otras áreas para acabar con la opacidad y avanzar con mayor celeridad en los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Una de ellas, dijo, se manifiesta en la magnitud de los recursos federales transferidos a los estados y municipios, los que representan aproximadamente el 30 por ciento del total del gasto federal programable.

"Otra área corresponde a la de los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos que ejercen cuantiosos recursos públicos federales, pues al cierre del 2003 existían mil 353 figuras de este tipo cuyos activos ascendían a 662 mil 7 millones de pesos. Destaca también el sistema contable gubernamental en el que los bienes patrimoniales que se adquieren se registran, en muchas ocasiones, como partidas de gasto, provocando con ello que dichos activos no se reflejen como tales en las haciendas públicas federal, estatal y municipales".

Conviene señalar, dijo, que las pensiones y jubilaciones representan, anualmente, erogaciones crecientes que no son reveladas correctamente como pasivos contingentes en la información financiera que se proporciona a la Cámara de Diputados, en tanto que una quinta área se localiza en la operación de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), instrumentos que cada vez con mayor frecuencia se han utilizado para eludir los controles de la deuda pública federal.

González de Aragón concluyó que "mientras más nos demoremos en instrumentar acciones para acabar de raíz con las causas que generan la corrupción, será más difícil combatir este flagelo que cala hasta lo más hondo de todas las estructuras sociales de nuestro país".

Finalmente, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Salvador Sánchez Vázquez, indicó que los diputados realizarán una revisión profunda del informe entregado por la ASF y evaluarán si el máximo órgano de fiscalización cumple con sus funciones y atribuciones enmarcadas en la ley.

Agregó que dicho informe será hecho del conocimiento a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.