Ante el fracaso de los exhortos y excitativas que ha hecho la Cámara de Diputados al Ejecutivo Federal y en particular a la Secretaría de Hacienda para que libere los recursos destinados al apoyo de programas productivos del sector agropecuario, el presidente de la Comisión Especial de Ganadería, Gonzalo Alemán Migliolo, pugnó porque se analice la posibilidad del juicio político no sólo al titular de la SHyCP sino a todo aquel funcionario federal que no cumpla con su obligación.

Indicó que a pesar que dichos recursos, aprobados dentro del Presupuesto de Egresos 2005 y que comenzarían a aplicarse en el mes de enero, pues no fueron vetados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de la controversia constitucional presentada por el Presidente de la República, a la fecha no han sido aplicados y eso ha impedido la ejecución de nueve programas de apoyo a productores, principalmente del sector ganadero.

Un sector tan sentido como es el campo, dijo Alemán Migliolo, debe atenderse oportunamente y, en este caso, la Secretaría de Hacienda no ha hecho lo que le corresponde.

"Los exhortos a través de los puntos de acuerdo, las excitativas que se hacen al Ejecutivo Federal a través de la Cámara de Diputados, no sirven de nada porque los funcionarios no los acatan, no demuestran el más mínimo respeto a los legisladores y, en este sentido, tendríamos que analizar y hacer uso de la figura del juicio político para funcionarios irresponsables", subrayó.

El legislador priísta explicó que mientras la Cámara de Diputados hace esfuerzos para hacer llegar a los productores los instrumentos y mecanismos que le ayuden en su diario problema, el Ejecutivo Federal los dilata y se va a las reglas de operación que, incluso, muchas de las veces los productores no pueden acceder a ellas por lo complicado.

En el presupuesto de este año se asignaron cuatro mil 77 millones de pesos para el sector ganadero y se pretende que en el del 2006 se aumente esta asignación a entre 10 mil millones y 15 mil millones de pesos.

Por otra parte, indicó que la Comisión Especial de Ganadería solicitará la comparecencia de los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco), Secretaría de Salud, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y Aduanas, para que expliquen por qué no han actuado para evitar la comercialización de productos lácteos y cárnicos de importación y que no cuentan con certificado de calidad.

Aseguró que a pesar de que el 40 por ciento del consumo nacional de carne es de importación, el Senasica no cuenta con laboratorios para inspeccionar las más de 400 mil toneladas de carne que año con año se importan para consumo de los mexicanos.

Además, cuestionó, ¿cómo puede saber el consumidor mexicano cuál carne es de importación y cuál es nacional? "Precisamente ahí está el dilema, hay muy pocos productos que cuentan con las especificaciones de ley, pero es la Profeco quien debe de obligar a decir qué productos son de importación y cuáles son nacionales".

Aseguró que incluso en las tiendas de autoservicio existen infinidad de marcas de leche barata, de entre 3 y 4 pesos, pero son, dijo, fórmulas lácteas y es ahí donde la Profeco debe diferenciar para que el consumidor sepa lo que está comprando y no arriesgue su salud.

"Es importante que al público se le informe y en este sentido hago un exhorto para que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tomemos medidas. Por parte nuestra, habremos de adecuar la Norma Oficial Mexicana para favorecer la salud de los mexicanos ante la posibilidad de que se introduzca leche o carne contaminadas y por el Ejecutivo debe haber una revisión más exhaustiva", concluyó.