En el análisis del informe de la Cuenta Pública 2003, entregado por la ASF a la Cámara de Diputados, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación determinó irregularidades en instituciones como Ocean Garden, Banca Promex, Lotería Nacional y el Fideicomiso Transforma México.

El diputado Salvador Sánchez Vázquez, presidente de dicha comisión precisó que en el caso de este fideicomiso no se ajustó a la normatividad establecida y los integrantes del mismo no le dieron seguimiento a todos los donativos que se hicieron a través de diferentes instituciones para que fueran aplicados como asistencia pública.

Añadió que la Lotería Nacional no actuó en consecuencia ante el incumplimiento del contrato que hizo con TV Azteca y Televisa para que transmitieran promocionales que finalmente no pasaron y se omitió la aplicación de sanciones por 48.8 miles de pesos y 615.8 miles de pesos, respectivamente.

Respecto a Ocean Garden, dijo, sus activos no están totalmente registrados y no se ajustó a una serie de mandatos de la SHCP. En cuanto al IPAB, Banca Promex tampoco se apegó a lo establecido por esa dependencia para que apoyara tanto a ahorradores como a instituciones financieras.

Agregó que del Informe enviado por la Auditoría Superior de la Federación se desprende que de las 56 revisiones de la Cuenta Pública 2003 practicadas al sector hacendario y financiero, la ASF emitió 408 observaciones, de las cuales 92 fueron para el Servicio de Administración tributaria, 90 para la Lotería Nacional, 78 para Hacienda y 45 para el IPAB.

Refirió que esas observaciones generaron 541 acciones promovidas, 288 de carácter preventivo y 253 de índole correctiva. Mencionó que cuatro fueron auditorías de desempeño, cuatro de seguimiento, 24 por irregularidades y 24 especiales.

Mencionó que ésta es la primera reunión de análisis del informe de resultados de la Cuenta Pública 2003 sobre las 338 auditorías practicadas a 125 entes fiscalizados. Los bloques siguientes serán sobre funciones de gestión gubernamental, de desarrollo social, funciones productivas y entidades federativas y municipios.

Subrayó que todavía hay insuficiencias en los resultados de los trabajos realizados por la ASF, además de que existe duplicidad entre ésta y la Secretaría de la Función Pública, por lo que seguirán presentando iniciativas para reformar el marco jurídico actual.

Al iniciar la ronda de cuestionamientos, la diputada Dolores Padierna Luna (PRD) indicó que por primera vez en la historia de fiscalización se revisan las percepciones que reciben los funcionarios de los tres Poderes de la Unión y de los órganos autónomos, lo cual sienta un precedente importante.

Al referirse al Poder Ejecutivo señaló que el Secretario de Salud, el director general y seis directores generales del ISSSTE, así como el del Instituto de Investigaciones Nucleares y el titular de la Procuraduría Federal de Medio Ambiente, no cumplieron con la norma del artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que señala que ningún funcionario puede percibir un salario superior al que tiene el Presidente.

Pidió que estos 10 servidores públicos devuelvan el dinero recibido en exceso, además indicó que 918 funcionarios, mandos medios y superiores no se ajustaron al tabulador establecido en el artículo 33, relativo a salarios.

Externó que los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública; dos subsecretarios y el director del Cisen se asignaron un pago de riesgo superior al 30 por ciento designado por la ley, además de que el Procurador General de la República y el director de Nafin no informaron a cuánto ascendió su pago por riesgo.

Dijo que el director de la sociedad Hipotecaria Federal se asignó un aguinaldo de 530 mil 700 pesos, lo que significa un monto superior al 90 por ciento, para el caso de su salario. De igual forma los Secretarios de Energía, Educación Pública, Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, el titular de la PGR, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los directores de Bansefi y Bancomex se fijaron un excedente en dicha prestación.

En tanto, el legislador Rafael Sánchez Pérez (PAN) pidió mejorar el sistema de fiscalización para adecuarlo a la realidad que se vive. "Se debe buscar la forma de que este proceso sirva para prevenir y corregir, no para politizar, no para hacer del ejercicio una expectativa incumplida y un ambiente de linchamiento que se ha dado".

Argumentó que se tienen problemas para hacer una legislación objetiva y rendir informes veraces y oportunos, ya que las dos Cámaras tienen la tendencia que éstos deben ser rápidos sacrificando la veracidad.

Resulta imposible para la Auditoría Superior de la Federación establecer el resultado final, debido a que primero se hace el informe y después se justifican las observaciones, apuntó.

En su oportunidad, Guillermo Zorrilla Fernández (PRI) demandó ampliar la información sobre Ocean Garden, ya que es increíble que se tenga dinero público que se utilice en empresas privadas.

Al responder a los cuestionamientos, los auditores recalcaron que se detectaron pagos por arriba de los tabuladores autorizados y se encontró un régimen de pensiones en servidores públicos federales con grandes diferencias que provocan un trato inequitativo.

En lo referente a Ocean Garden, informaron, hay un fincamiento de responsabilidades resarcitorias por 327 mil dólares, cantidad que se utilizó para la creación del Consejo Mexicano del Camarón como organización privada, cuyo presidente es el director de esta misma empresa.

En su oportunidad, la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) propuso que exista por parte de la ASF un sistema de supervisión a todas las comisiones del Gobierno Federal, ya que en ocasiones no cumplen con sus funciones. Planteó incorporar a la vida pública y financiera el sistema de evaluación de desempeño, a fin de que la auditoría sea más rápida y se dé con más precisión este proceso.

En su turno, el diputado Guillermo Huízar Carranza (PRD) indicó que los resultados de la revisión a las remuneraciones de los funcionarios públicos son de una total y absoluta discrecionalidad que utiliza el Poder Ejecutivo para pagarle a su gente, sin criterios definidos, aplicando el presupuesto público para otorgar prebendas.

Afirmó que se necesita mandatar a la Unidad de Evaluación para darle un seguimiento especial a ese asunto. Agregó que deben devolverse los recursos recibidos en exceso por parte de algunos funcionarios "apapachados del sexenio".

Pidió que los auditores especiales profundizaran en el tema de la Lotería Nacional y específicamente en el fideicomiso Transforma México, ya que nuevamente se reproduce el esquema públicamente conocido de la organización de Provida, donde a través de organismos públicos se liberan recursos en favor de entidades privadas.

Añadió que la ASF en su informe de resultados, la Unidad de Evaluación reporta una cantidad importante de recursos que a través del Fideicomiso Transforma México fueron a parar a manos de instituciones privadas, sin que éstas hayan tenido el compromiso y responsabilidad de comprobar.

Más adelante, la diputada Dolores Padierna Luna (PRD) dijo que respecto a la Lotería Nacional, algo se tiene que hacer con esta dependencia, ya que el resultado de esta auditoría es abundante en cuanto a irregularidades, no sólo con relación al otorgamiento de donativos, sino en su forma de operar, como es el caso en que se da la titularidad a los expendios de billetes, no existe un manual de procedimiento y la documentación es inadecuada y carece de control.

Dio a conocer que la Lotería Nacional tampoco ha cobrado 31.9 millones de pesos de adeudos anteriores y existe una notable deficiencia en la recuperación de adeudos, situación que se repite año con año, sin que se sancione a ningún servidor público. Destacó que se registraron 3 millones 994 mil pesos de premios caducos por concepto de devolución de billetes inútiles, extraviados o de sorteos de años anteriores.

En respuesta, los titulares de la Auditoría Superior de la Federación indicaron que la Lotería Nacional ha tenido permanentemente designado un auditor externo para la dictaminación de sus estados financieros, pero para fines del fideicomiso Transforma México se hizo una contratación específica a otra firma diferente a la que dictamina su estado financiero.

Roberto Michel Padilla, titular de la Unidad de Evaluación y Control manifestó que es necesario una nueva arquitectura de regulación y supervisión financiera basada en incrementar la transparencia de operaciones bancarias y financieras y en institucionalizar la acción de las autoridades de supervisión durante los procesos preventivos de inspección y correctivos.

Agregó que la entidad de Fiscalización Superior evaluó elementos de 18 programas institucionales. Se practicaron 56 auditorías a 15 entidades del sector hacienda y crédito. Cuatro revisiones fueron de desempeño, 24 de regularidad, 24 especiales y cuatro de seguimiento.

Abundó que en torno a la auditoría para conocer los resultados del ejercicio del gasto público federal, las dependencias cumplieron con la normatividad, aunque se detectaron economías presupuestarías asociadas a recursos no ejercidos y el ejercicio de recursos no autorizados en entidades como CFE, PEMEX, Luz y Fuerza y el ISSSTE, entre otros.

Expresó que el Servicio de Administración Tributaria registra un elevado número de observaciones para el fincamiento de responsabilidades administrativas de sanción.

Indicó que el comportamiento de la economía mexicana y finanzas públicas durante 2003 fue complejo porque las principales variables registraron desviaciones importantes respecto de sus metas y a pesar de una relativa estabilidad de los mercados financiero y cambiario, el crecimiento apenas alcanzó 1.4 por ciento real frente a una meta del tres por ciento.

Abundó que la tasa de inflación se ubicó por arriba de las expectativas al llegar al 4 por ciento y la tasa de desempleo abierto se elevó a 3.25 de la población económicamente activa y el número de trabajadores asegurados permanentes al IMSS se redujo en 90 mil 431 personas.

Dijo que en materia de finanzas públicas la Cuenta Pública 2003 reportó un déficit presupuestario de 41 mil 944.5 millones de pesos, cifra superior en 9 mil 77 millones a lo aprobado. Agregó que los ingresos presupuestarios fueron mayores en 127 mil 33 millones de pesos a los previstos en la Ley de Ingresos, explicado por los altos precios del petróleo y el dinamismo del IVA y del ISR. Asimismo, aseguró que el gasto neto total rebasó lo aprobado en 145 mil 950.6 millones de pesos.

En relación con el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2003 que rindió al Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, se presentó en tiempo. Se aprecian elementos que atienden parte de las recomendaciones que durante 2004 formuló la Comisión de Vigilancia, como la inclusión de cuadros estadísticos, observaciones a acciones pro ente y sector, así como de un análisis del grado de cumplimiento de las metas.