• No hay claridad para determinar ingresos excedentes como los petroleros: diputado Salvador Sánchez Vázquez

En el análisis del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, diputados se pronunciaron por revisar el marco jurídico en asuntos como la actuación y facultades del Ejecutivo Federal y su cónyuge, el Poder Judicial de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, ya que operan con recursos públicos federales y, por tanto, son sujetos al cumplimiento de la ley.

Así lo aseguró el diputado Salvador Sánchez Vázquez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, durante la segunda reunión para analizar dicho informe, donde legisladores del PRI y PRD cuestionaron que en la secretaría particular de la Presidencia de la República se creara una unidad de apoyo para la esposa del Presidente con recursos públicos federales, toda vez que “no es funcionaria”.

Al respecto, el legislador priísta precisó que es necesario definir en la ley los límites de actuación de la primera dama del país, como persona física, particular, cónyuge o servidora pública.

Respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, Sánchez Vázquez aclaró que en la revisión del informe de la cuenta pública 2003 se detectaron irregularidades en 11 fideicomisos desde su constitución, operación y la manera en que se transfieren los recursos entre sí.

Comentó que en la revisión también se detectaron anomalías en entidades como la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración.

Por otra parte, el legislador dijo que existe un freno a la fiscalización debido a la opacidad para determinar los ingresos excedentes, controversias constitucionales que impiden la aplicación de la ley, el ejercicio de recursos por arriba de lo autorizado y discrecionalidad en su distribución.

Acusó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de obstaculizar el proceso de fiscalización, ya que existe una confusión para determinar los ingresos excedentes, sobre todo, los petroleros, lo cual ocasiona una elevada discrecionalidad en la distribución de los recursos y autorización de erogaciones especiales.

Además, agregó, en los últimos años se ha detectado que entidades como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y el ISSSTE, ejercen un gasto por arriba de lo permitido y persiste una actitud pasiva y de confrontación en la fiscalización de fondos y fideicomisos.

En la ronda de preguntas y respuestas, el diputado Rafael Sánchez Pérez (PAN), señaló que en el Informe se hace referencia a un probable daño a la hacienda pública, es decir, se presume, pero no se afirma, además no queda claro qué es un daño y qué un perjuicio, o se confunden los términos.

Por su parte, el diputado César Chávez Castillo (PRD) señaló que de las auditorías practicadas a once fideicomisos del Poder Judicial de la Federación se estable que éstos carecen de un marco jurídico que regule sus procesos de constitución, operación, administración y extinción, toda vez que se basan en acuerdos generales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Consejo de la Judicatura Federal.

Hizo un exhorto para que la autonomía de los Poderes no sea pretexto para que no se cumpla la ley.

Su compañera de bancada, Dolores Padierna Luna, reconoció que en el informe se desprende que no hubo desvíos hacia la Fundación Vamos México, pero Presidencia la creó como una estructura administrativa no prevista en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por tanto los recursos están fuera de la norma y además la esposa del Presidente no es funcionaria.

Al respecto, solicitó a la ASF haga la recomendación al Congreso para legislar sobre la materia, ya que se trata de gastos “ostentosos”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Jorge Uscanga Escobar (PRI), se refirió al subejercicio en la secretaría del ramo, pues, precisó, se dejaron de contratar 2 mil 489 plazas autorizadas y en servicios personales no se ejercieron los recursos previstos

El diputado Guillermo Huízar Carranza (PRD) precisó que la Presidencia de la República puede crear las unidades que quiera, pero sólo si cuenta con una partida presupuestal autorizada por la Cámara de Diputados. Solicitó a la ASF analizar el asunto y determinar si existe o no fundamento legal para crear esa instancia y erogar gastos que no tienen sustento legal.

Del PRI, la diputada Marcela Guerra Castillo, dijo que hay una laguna legal para que la unidad cuente con presupuesto propio y tenga acceso a recursos materiales y humanos.

Pidió hacer un extrañamiento al Presidente Vicente Fox para que se apegue a las facultades previstas en la ley sobre las representaciones oficiales, ya que, explicó, en días pasados la primera dama asistió, en representación de México, a la Santa Sede a la asunción del Papa Benedicto XVI, así como al Instituto Nacional de Migración por su falta de capacidad y eficiencia en el manejo de sus políticas públicas.

En respuesta, funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación reconocieron que existen lagunas legales sobre la creación de la unidad de apoyo a la esposa del Presidente, por tanto, su constitución se hizo con base en la normatividad existente.

Explicaron que en el caso de los fideicomisos del Poder Judicial, se detectó un régimen de pensiones desigual entre sus trabajadores, pues hay quines tienen pensiones complementarias, unos están inscritos al Seguro Social y otros al ISSSTE.

Previamente, Roberto Michel Padilla, titular de la Unidad de Planeación de la Cámara de Diputados presentó un informe de los principales resultados de las 49 auditorías practicadas a 20 entes fiscalizados, como Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia y el Poder Legislativo.