El Poder Judicial de la Federación fue uno de los sectores con mayor número de observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, particularmente en lo relacionado con la transferencia de recursos al fideicomiso Pensiones Complementarias a funcionarios Superiores de esta instancia que reflejó un procedimiento irregular, afirmó el diputado Salvador Sánchez Vázquez.

Lo anterior se dio a conocer en un documento enviado al titular de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, por el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Durante la reunión para el análisis de resultados y revisión de la Fiscalización Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2003, también se informó que entre lo ejercido y reportado en el INBA se determinó una diferencia de 114.4 millones de pesos, originado por pago de prestaciones acordadas entre trabajadores y autoridades sin el aval de la SHCP.

El legislador priísta indicó que en el citado documento enviado a la Suprema Corte, se destaca que los fideicomisos de ésta son figuras carentes de un marco jurídico que regule su proceso de constitución, operación, administración y extinción.

Asimismo, se resalta que respecto a la construcción y remodelación de palacios de Justicia Federal en diversas entidades federativas, a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se encontraron irregularidades en materia de cumplimiento a la Ley de Obra Pública, que derivaron en 96 recomendaciones, tres pliegos de observaciones, 21 solicitudes de intervención del Órgano Interno de Control y 19 solicitudes de aclaración.

El diputado Sánchez Vázquez expresó en el escrito, que el Poder Judicial de la Federación recibió 4 de cada 10 observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió al grupo de entes concentrados en la Función de Gestión Gubernamental.

Dijo que darán seguimiento de las percepciones y pensiones de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Más adelante, expuso que de las 338 auditorías, solamente hubo una denuncia formulada ante la PGR por la Auditoría Superior contra el Comité Nacional Provida, Asociación Civil.

En su exposición inicial, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Salvador Sánchez Vázquez (PRI) señaló que en la reunión convocada en este día se analizan resultados de 52 auditorías a 27 instituciones relacionadas con las funciones de desarrollo social. Agregó que de las auditorías que se practicaron, 6 fueron de desempeño, 40 de regularidad, 5 especiales y 1 de seguimiento.

Enfatizó que por el número de auditorías practicadas destaca el IMSS con 11, la SEP 6, ISSSTE 5, la Secretaría de Desarrollo Social con 4 revisiones y una de cada 3 auditorías que practicó el órgano fiscalizador a este grupo de sectores se localizó en las instituciones de seguridad social.

Expuso que derivado de 52 auditorías a los entes vinculados con el desarrollo social, la Auditoría Superior emitió 421 observaciones que dieron lugar a 608 acciones, 180 correctivas y 428 preventivas.

Las entidades paraestatales no coordinadas sectorialmente fueron las más observadas, pues recibieron 36.3 por ciento del total, enseguida se ubicó el sector educación, luego desarrollo social, después las instituciones de educación superior y finalmente el sector salud, resaltó.

Indicó que los sectores que hoy se analizan concentraron el 15.8 por ciento del total de acciones correctivas, los cuales recibieron 29 por ciento del total de promociones para fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias.

Añadió que el ente que mayor número de acciones correctivos recibió fue el IMSS, la SEP 17, el ISSSTE, Sedesol y el Instituto Tecnológico de Sonora con 12 cada una.

PRI

Al iniciar la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) celebró la denuncia de hechos que hará la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República en contra de Jorge Serrano Limón, titular y representante legal del Comité Nacional Provida y solicitó que la información correspondiente se haga llegar al área de investigación de lavado de dinero.

Destacó que Serrano Limón creó empresas como Importaciones Girón S.A. de C. V. para malversar los fondos públicos que le fueron destinados en su origen y donde los accionistas eran él mismo junto con otros connotados miembros de Provida, tal es el caso de Marcela Soriano Girón.

De igual forma mencionó a la empresa Estraimagen S.A. de C.V. donde también Serrano Limón era accionista principal, junto con Mario Alejandro García Teniente. La misma situación ocurrió en Acarreos Profesionales S.A. de C. V. en la que Lidia Ojeda Gutiérrez era, además, accionista de Mercatel S. A. de C. V., y comisario de Estraimagen S. A. de C. V, así como integrante de Provida.

La escrutadora del Comité Nacional de Provida Silvia Hernández Betanzos, es del mismo modo, accionista de Improbar S. A. de C. V. y de Acarreos Profesionales; Gloria Santos López, comisario de esta última empresa es también miembro connotado del Comité encabezado por Jorge Serrano, abundó.

Guerra Castillo sugirió que la ASF, con la facultad que tiene, entregue la información a la unidad de lavado de dinero de la PGR para que se investigue y sancione a los responsables, los cuales hacían operaciones bursátiles en la Casa de Bolsa Vector y en la que los depósitos fueron tramitados por el hermano de Jorge Serrano Limón, quien era el ejecutivo de cuenta del Comité Provida.
Por otra parte, señaló que en CONACULTA hubo un exceso de viajes por parte de la titular, Sari Bermúdez y un equipo muy compacto de trabajo. "Viajes que tan sólo en el 2003 se hicieron a las ciudades de Nueva York, Québec, La Haya, Berlín (en dos ocasiones), Madrid, Bilbao, Londres, Santa Fe y Nuevo México entre otros, las cuales arrojaron una cantidad de 2 millones 285 mil 730 pesos. Además 14 funcionarios que en unos meses también devengaron la cantidad de 2 millones 196 mil pesos, lo que arroja 4 millones y medio de pesos.

Explicó que la Dirección de Servicios Personales y de Programas llevaría a cabo la realización de un cortometraje sobre Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, sin embargo, jamás se llevó a cabo, aunque sí se hicieron viajes, se rentaron cámaras, se compraron videocasetes, se promocionó en los medios de comunicación. El total de gasto arroja un monto de 633 mil 300 pesos.
Guerra Castillo cuestionó sobre los ingresos excedentes en los centros de investigación del CONACYT, de los cuales, cuatro registraron 42 millones de pesos que no informaron a la SHCP.

Posteriormente, el diputado Roberto Vega y Galina (PRI), preguntó qué seguimiento se dará a las observaciones realizadas en torno a las irregularidades detectadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y si se fincarán responsabilidades y las sanciones correspondientes, de no ser justificadas.

Mencionó la falta de conciliación de cifras en los egresos de los seguros de enfermedades y maternidad por más de dos mil 300 millones de pesos; la adquisición, distribución y utilización de equipo y materiales que permanecen en los almacenes hasta por seis años, así como en el funcionamiento de las guarderías de los tres tipos de esquema vecino-comunales y el régimen de jubilaciones y pensiones, entre otras, que tienen que ver con la deficiente administración del IMSS y con la intención de la administración pública federal de debilitar los servicios que tiene que prestar por ley.

PAN

Por su parte, la diputada Beatriz Zavala Peniche (PAN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, señaló que en el informe de la Auditoría existen contradicciones entre el porcentaje de cobertura del Programa IMSS-Oportunidades y la realidad de México, pues todavía hay buen número de familias en pobreza alimentaria y de capacidades a las que no ha podido llegar.

Agregó que el INEGI midió a familias que ya habían sido incluidas en el programa, por lo que no se puede decir con base a sus resultados que los beneficios están llegando a quienes tienen un nivel de ingreso superior a lo que se considera pobreza alimentaria y de capacidades.

PRD

Más adelante, el diputado César Antonio Chávez Castillo (PRD) solicitó información sobre el monto de las remuneraciones del Presidente, del titular del Poder Judicial de la Federación; de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de la de Senadores.

Preguntó por qué existen 23 797 localidades de alta y muy alta marginación en el ámbito rural que no han sido atendidas por el Programa Oportunidades y, en lugar de eso, han incorporado a familias del medio urbano.

Señaló que al salario del presidente de la Suprema Corte de Justicia se suman las cantidades importantes para el retiro y jubilaciones, en donde hay fideicomisos para el mantenimiento de las viviendas de los ministros y una atención de salud elitista cuando el resto de la población no tiene garantizados esos derechos, por lo que calificó de abusiva la actitud del Poder Judicial.

A su vez, el diputado del mismo partido, Miguel Alonso Raya cuestionó a cuánto ascienden las pensiones anuales de los Ministros de la Corte, incluyendo a su presidente, pues existe un fideicomiso para asegurar este apoyo en la que no hay aportación del salario, sino recursos fiscales y plantea un esquema especial y de privilegio de pensiones de retiro de los ministros de la Corte.

Asimismo, preguntó si en algún reporte de la auditoría se señala que el director del ISSSTE tiene un salario anual mayor al del presidente de la República, y a cuánto asciende el salario anual del director del IMSS.

Además, cuestionó qué acciones se han emprendido para reintegrar los recursos sobre los donativos hechos en 2003 a instituciones que no estaban legalmente constituidas, como la Fundación IMSS A. C., a la que se le dieron 10 millones de pesos; al Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados, 5.5 millones y a la Asociación de Promotoras Voluntarias del IMSS, 1.3 millones.
Mencionó que en el IMSS se registra un daño patrimonial a la hacienda pública federal por un monto de 35 millones 517 mil pesos por falta de liquidación de cuotas obrero-patronales.

En su turno, el diputado Inti Muñoz Santini (PRD) lamentó que en las partidas asignadas para el desarrollo educativo cultural y tecnológico, sea donde haya más irregularidades, omisiones y discrecionalidad.

Dijo que la Unidad de Proyectos Especiales de CONACULTA, al frente de la cual estuvo Dolores Creel Miranda, hermana del Secretario de Gobernación, ejerció durante los tres años que existió un presupuesto de 45 millones de pesos.

Respecto a la filmación del documental en la India sobre la obra de Octavio Paz, mencionó que no solamente hay daño patrimonial a la Hacienda Pública, sino que no se tiene claro cuánto se gastó.

Por su parte, los funcionarios de la ASF informaron que en el caso del Comité Nacional de Provida, el 13 de mayo del año en curso fue presentada una denuncia de hechos contra su titular Jorge Serrano Limón ante la Procuraduría General de la República (PGR).

De igual forma se solicitó al Ministerio Público Federal la autorización para coadyuvar en la averiguación previa correspondiente; en caso de obtenerla se analizarán conjuntamente las conductas que pudieran ubicarse en algún otro tipo carácter penal.

Por otra parte, se informó que en 2003 las percepciones totales del Presidente de la República fueron de 2 millones 568 mil pesos; en tanto que el titular de la Cámara de Senadores percibió un millón 557 mil pesos; el de la Cámara de Diputados, un millón 382 mil pesos; y el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió 4 millones 772 mil pesos.

Del mismo modo se señaló que, en el caso de CONACULTA, se está en el proceso de llevar a cabo las observaciones de los 633 mil pesos correspondientes al video-homenaje, posteriormente se procederá a esperar la restitución del recurso ya que el video no ha sido concluido.

Se tiene la evidencia, puntualizaron, que lo pagado corresponde a la pre-producción y producción del filme, sin embargo, los elementos proporcionados indican que la producción no ha sido concluida, es por ello que se está solicitando la aclaración del uso de los recursos y de esta manera definir su restitución.

Dentro de las observaciones realizadas al IMSSS se encontró que en 2003 el Instituto reportó un gasto de 116 mil millones de pesos, monto inferior en 2 mil 391 millones de pesos del registrado en el estado de ingresos y gastos del seguro de enfermedades y maternidad. La razón principal es que no proporcionó la documentación que permitiera comprobar el gasto de dicho seguro.

A su vez, Roberto Michel Padilla, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, informó que la revisión que realizó la ASF involucró la práctica de 57 auditorías a 27 instituciones vinculadas con el desarrollo social.

Dijo que en el caso del IMSS se constató la autorización de donativos a instituciones que no se encontraban legalmente constituidas y se determinaron diversas violaciones a la legislación en materia de obra pública.

Respecto al ISSSTE se concluyó que el costo de la atención médica a los pensionados se verá afectado por la eliminación de las cuotas a los mismos, la falta de ajuste en las aportaciones de las dependencias de la administración publica y las tendencias manifestadas en el crecimiento de asegurados y pensionados, agregó.

Estuvieron los auditores especiales Juan Manuel Portal Martínez, de Cumplimiento Financiero; José Miguel Macías Fernández, de Planeación e Información; Roberto Salcedo Aquino, de Desempeño; Julián Olivas Ugalde, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.