• Se realizó la cuarta reunión para revisar el informe de la Cuenta Pública de 2003

Diputados se pronunciaron por realizar una auditoría a la Secretaría de la Función Pública para evaluar las acciones preventivas y seguimiento a los órganos de control, profundizar la fiscalización de los fideicomisos públicos y revisar de manera permanente los riesgos y rentabilidad de los Pidiregas.

Al dar lectura a las conclusiones de la cuarta reunión de trabajo para revisar el informe de la Cuenta Pública de 2003, en materia de agricultura, turismo y energía, el diputado Alfonso Díaz Nava (PAN) aseguró que se detectaron diversas irregularidades que representaron poco más del 80 por ciento del total de la revisión a dependencias y entidades públicas.

Señaló que se realizaron 105 auditorías a 31 dependencias y entidades vinculadas con el sector productivo que tuvieron 787 observaciones y de las sanciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública sólo se recuperó el 0.2 por ciento del total.

El sector con mayor número de observaciones, indicó, fue Petróleos Mexicanos con 234 y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 150; seguidas por la Comisión Federal de Electricidad, 94; PEMEX Refinación, 58; PEMEX Exploración y Producción, 44; la Compañía de luz y Fuerza del Centro y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 54 cada una.

Explicó que hubo anomalías en la constitución y administración de diversos fidecomisos públicos, fondos y mandatos, así como en los Proyectos de Impacto Diferidos en el Registro del Gasto (Pidiregas) debido a que faltaron a principios básicos de contabilidad gubernamental, por lo que deben ser evaluados.

Se realizaron, dijo, 10 auditorías especiales para verificar la aplicación de sanciones en 10 dependencias del Ejecutivo Federal, se practicaron revisiones a los órganos internos de control de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la Sagarpa, donde no se cumplió con las funciones de seguimiento y aplicación de sanciones.

Respecto de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Díaz Nava comentó que es necesario definir en la ley las actividades de exploración y explotación, así como incluir en la discusión del próximo proyecto de presupuesto, las ventas de la paraestatal mediante bursatilización.

Ante los auditores del Órgano Superior de Fiscalización, el diputado dijo que también se deben evaluar las reglas de operación de los programas destinados al campo, toda vez que los recursos no se entregan o se hace a destiempo.

Previamente, Roberto Michel, director general de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF, dijo que en el sector de economía no se cuenta con un registro de las micro y pequeñas empresas, además de que la Sagarpa no dispone de un sistema sobre los mecanismos utilizados en la ganadería y aportó recursos a 33 fideicomisos no registrados.

La SCT, indicó, no cuenta con un diagnóstico para evaluar la productividad y calidad de los servicios aeroportuarios, y en el rubro turístico se detectaron irregularidades en el otorgamiento de créditos.

En la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) dijo que en los fideicomisos del sector turismo hubo excesos en la utilización de estas figuras con el propósito de "eludir la ley" y evitar la rendición de cuentas. Explicó que en este sector 23 fideicomisos se extinguieron en el 2002, lo cual puede impedir su revisión.

De la misma manera, precisó, en la Sagarpa se detectaron irregularidades en diversos fideicomisos por mil 116 millones de pesos, además de que no hay un sistema integral de información que permita analizar la situación financiera y presupuestaria de los mismos.

Propuso que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría de eficiencia a la Secretaría de la Función Pública, toda vez que han aumentado las observaciones al igual que las anomalías en los fideicomisos.

Por su parte, la diputada Dolores Padierna (PRD), explicó que al término de las reuniones que los legisladores mantienen con los auditores, se analizará la propuesta para fortalecer a la ASF y que la Secretaría de la Función Pública sólo verifique que los actos de gobiernos se apeguen a derecho, y los demás recursos transferirlos a un nuevo Órgano de Fiscalización Superior en México, para la fiscalización de los recursos públicos.

Ese organismo, precisó, contaría con recursos propios y revisaría los presupuestos de los tres niveles de gobierno, además de tener auditores que gozarían de inmunidad y mayores atribuciones en el combate a la corrupción.

Señaló que en el informe de la ASF se detectaron diversas operaciones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad no registradas como deuda pública, lo cual es grave y representa una violación constitucional porque el Poder Ejecutivo no tiene facultades para endeudarse.

En respuesta, José Miguel Macías, de la Auditoría Especial de Planeación e Información, aseguró que hay disposición de las dependencias para avanzar en la transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos.
Roberto Salcedo Aquino, auditor Especial de Desempleo, dijo que no se puede hablar de la constitucionalidad de las leyes, sino precisar en la legislación las acciones de exploración y refinación que realiza PEMEX para no dejarlo a su interpretación.

El diputado César Chávez Castillo (PRD), manifestó que existe desconocimiento e ignorancia respecto de las controversias constitucionales sobre los Contratos de Servicio Múltiples, y lamentó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un juicio de valor en vez de dar una interpretación constitucional sobre éstos.

Afirmó que estos contratos no son legales, por lo que pidió legislar en la materia para cubrir la ambigüedad sobre exploración, explotación y refinación en PEMEX.