• Se realizó la cuarta reunión para revisar el informe de la Cuenta Pública de 2003

Diputados se pronunciaron por realizar una auditoría a la Secretaría de la Función Pública para evaluar las acciones preventivas y seguimiento a los órganos de control, profundizar la fiscalización de los fideicomisos públicos y revisar de manera permanente los riesgos y rentabilidad de los Pidiregas.

Al dar lectura a las conclusiones de la cuarta reunión de trabajo para revisar el informe de la Cuenta Pública de 2003, en materia de agricultura, turismo y energía, el diputado Alfonso Díaz Nava (PAN) aseguró que se detectaron diversas irregularidades que representaron poco más del 80 por ciento del total de la revisión a dependencias y entidades públicas.

Señaló que se realizaron 105 auditorías a 31 dependencias y entidades vinculadas con el sector productivo que tuvieron 787 observaciones y de las sanciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública sólo se recuperó el 0.2 por ciento del total.

El sector con mayor número de observaciones, indicó, fue Petróleos Mexicanos con 234 y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 150; seguidas por la Comisión Federal de Electricidad, 94; PEMEX Refinación, 58; PEMEX Exploración y Producción, 44; la Compañía de luz y Fuerza del Centro y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 54 cada una.

Explicó que hubo anomalías en la constitución y administración de diversos fidecomisos públicos, fondos y mandatos, así como en los Proyectos de Impacto Diferidos en el Registro del Gasto (Pidiregas) debido a que faltaron a principios básicos de contabilidad gubernamental, por lo que deben ser evaluados.

Se realizaron, dijo, 10 auditorías especiales para verificar la aplicación de sanciones en 10 dependencias del Ejecutivo Federal, se practicaron revisiones a los órganos internos de control de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la Sagarpa, donde no se cumplió con las funciones de seguimiento y aplicación de sanciones.

Respecto de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Díaz Nava comentó que es necesario definir en la ley las actividades de exploración y explotación, así como incluir en la discusión del próximo proyecto de presupuesto, las ventas de la paraestatal mediante bursatilización.

Ante los auditores del Órgano Superior de Fiscalización, el diputado dijo que también se deben evaluar las reglas de operación de los programas destinados al campo, toda vez que los recursos no se entregan o se hace a destiempo.

Previamente, Roberto Michel, director general de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF, dijo que en el sector de economía no se cuenta con un registro de las micro y pequeñas empresas, además de que la Sagarpa no dispone de un sistema sobre los mecanismos utilizados en la ganadería y aportó recursos a 33 fideicomisos no registrados.

La SCT, indicó, no cuenta con un diagnóstico para evaluar la productividad y calidad de los servicios aeroportuarios, y en el rubro turístico se detectaron irregularidades en el otorgamiento de créditos.

En la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) dijo que en los fideicomisos del sector turismo hubo excesos en la utilización de estas figuras con el propósito de "eludir la ley" y evitar la rendición de cuentas. Explicó que en este sector 23 fideicomisos se extinguieron en el 2002, lo cual puede impedir su revisión.

De la misma manera, precisó, en la Sagarpa se detectaron irregularidades en diversos fideicomisos por mil 116 millones de pesos, además de que no hay un sistema integral de información que permita analizar la situación financiera y presupuestaria de los mismos.

Propuso que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría de eficiencia a la Secretaría de la Función Pública, toda vez que han aumentado las observaciones al igual que las anomalías en los fideicomisos.

Por su parte, la diputada Dolores Padierna (PRD), explicó que al término de las reuniones que los legisladores mantienen con los auditores, se analizará la propuesta para fortalecer a la ASF y que la Secretaría de la Función Pública sólo verifique que los actos de gobiernos se apeguen a derecho, y los demás recursos transferirlos a un nuevo Órgano de Fiscalización Superior en México, para la fiscalización de los recursos públicos.

Ese organismo, precisó, contaría con recursos propios y revisaría los presupuestos de los tres niveles de gobierno, además de tener auditores que gozarían de inmunidad y mayores atribuciones en el combate a la corrupción.

Señaló que en el informe de la ASF se detectaron diversas operaciones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad no registradas como deuda pública, lo cual es grave y representa una violación constitucional porque el Poder Ejecutivo no tiene facultades para endeudarse.

En respuesta, José Miguel Macías, de la Auditoría Especial de Planeación e Información, aseguró que hay disposición de las dependencias para avanzar en la transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos.
Roberto Salcedo Aquino, auditor Especial de Desempleo, dijo que no se puede hablar de la constitucionalidad de las leyes, sino precisar en la legislación las acciones de exploración y refinación que realiza PEMEX para no dejarlo a su interpretación.

El diputado César Chávez Castillo (PRD), manifestó que existe desconocimiento e ignorancia respecto de las controversias constitucionales sobre los Contratos de Servicio Múltiples, y lamentó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un juicio de valor en vez de dar una interpretación constitucional sobre éstos.

Afirmó que estos contratos no son legales, por lo que pidió legislar en la materia para cubrir la ambigüedad sobre exploración, explotación y refinación en PEMEX.

Boletín No.1897

El ingreso de los Mara Salvatrucha es de alto riesgo para México; han sido detenidos casi dos mil integrantes

Diputados de diversas fracciones parlamentarias coincidieron en que la frontera sur se encuentra abandonada, lo que ha propiciado problemas como el cruce de los Mara Salvatrucha, el incremento de la explotación sexual infantil y pornografía, además de que los casos de violencia y asesinatos contra las mujeres se multiplicaron.

En reunión de trabajo con la Comisionada del Instituto Nacional de Migración, Magdalena Carral Cuevas, los legisladores integrantes de la Comisión Especial Desarrollo Regional Sur- Sureste de México, presidida por el diputado Ángel Alonso Díaz Caneja (PAN), demandaron mayor atención a esa región y la asignación de más presupuesto.

En su turno, el diputado Juan Antonio Gordillo Reyes (PRI) propuso la creación de un puerto fronterizo para evitar el flujo sin control de migrantes, principalmente de los Mara Salvatrucha que son un peligro para México. Para ello planteó la creación de una comisión y un estudio de factibilidad.

Dijo que los municipios de Chiapas que colindan con Guatemala son puerta abierta para la entrada sin ningún control. "Tenemos grandes problemas fronterizos, por ahí ingresan todos, entran armas. Es necesario tomar cartas en el asunto", señaló.

En respuesta la funcionaria afirmó que la única manera de encauzar la migración ilegal es haciendo los cruces formales e informó que los días 16 y 17 de junio hará un recorrido con las autoridades guatemaltecas y planteará la posibilidad de tener ese puerto fronterizo.

A su vez, la diputada Rosa María Avilés Nájera (PRD) mencionó que la frontera sur es muy compleja y ha sido abandonada. "Siempre hemos puesto los ojos en la frontera norte pero no en el sur porque el norte representa remesas para nuestro país y el sur, en términos de la administración pública, genera gasto".

Agregó que algo que no se ha mencionado es la creciente violencia en contra de las mujeres en los estados fronterizos de la región, donde de acuerdo con información de las ONG, "y no de la PGR", tan sólo en Chiapas se han registrado, en el 2004, 203 asesinatos de mujeres, "lo que me parece que es un número altísimo en un año y eso demuestra el grado de violencia de género".

Además, añadió, en muchos de los casos las víctimas han sido mujeres migrantes. Otro problema que se presenta en la frontera sur es la creciente explotación sexual de niños y niñas, aunado a la pornografía y el tráfico de éstos.

La diputada perredista propuso hacer un esfuerzo, tanto legisladores, el INM y otras dependencias de los gobiernos federal y locales para llevar a cabo un trabajo coordinado, destinar mayor presupuesto e involucrar, al mismo tiempo, al gobierno de Guatemala para que desde las atribuciones de cada quien se dé un combate frontal contra la violencia de género.

En tanto, la funcionaria reconoció que efectivamente, la frontera sur ha sido muy abandonada, lo que se confirma con el hecho de que los estudios de migración se basan principalmente en el fenómeno de mexicanos a Estados Unidos, "aunque eso tiene lógica porque en aquel país hay más de 25 millones de connacionales".

Mencionó que el INM contará con información fresca que saldrá de la primera encuesta que se hace en la frontera sur, similar a la que se realiza desde hace diez años en el norte.

"El estudio nos dará registros de cómo cambian los flujos, los perfiles de los migrantes, su origen, hacia dónde van, qué tipo de migración representan", subrayó.

Informó que existe un convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Organización de Estados Americanos para el combate a la violencia, lo que es un avance para un tema oscuro y en el que no hay cifras.

"Por eso la importancia de un diagnóstico a través de ese estudio que tendrá un costo de 200 mil dólares en la investigación, mismo que inició en septiembre pasado. Con Guatemala también hemos suscrito un convenio porque aquel país está muy preocupado por las muertes de mujeres en su territorio", concluyó.

El diputado priísta Ubaldo Aguilar Flores pidió al instituto un trabajo más eficaz para detener el paso de centroamericanos hacia Estados Unidos, particularmente por el estado de Veracruz.

A su vez, la comisionada mencionó que los flujos migratorios no se van a detener y cada año se han incrementado entre 25 y 30 por ciento. Refirió que Veracruz se ha vuelto el corredor de quienes buscan llegar a Estados Unidos. Informó que se estudia la posibilidad de contar con otra estación migratoria con las condiciones necesarias para el trato de migrantes.

En su oportunidad, el diputado Alfredo Rodríguez Pacheco (PAN) cuestionó sobre la repercusión que ha tenido en la realización de los trabajos del Instituto Nacional de Migración la asignación de presupuesto fijado para el 2005.

En respuesta, la funcionaria señaló que el INM opera con recursos variables y que del presupuesto fiscal, el 97.5 por ciento es destinado a la nómina, en tanto que los recursos del Derecho de no Inmigrantes se utiliza para traslados, aseguramientos, alimentación y alojamiento de los migrantes, "toda la capacitación, infraestructura y programas de sistematización se hacen también gracias a ese recurso".

Señaló que para mantener al Instituto Nacional de Migración en condiciones óptimas se requiere del doble de presupuesto que actualmente se tiene.

Por su parte, el legislador Orlando Pérez Moguel (PAN) hizo referencia al cruce ilegal de mexicanos a Estados Unidos y preguntó qué ha hecho el Gobierno Federal o el INM para lograr la tramitación de visas temporales de trabajo.

Magdalena Carral Cuevas respondió que la iniciativa que presentó el senador estadounidense Ted Kennedy al Congreso de su país es muy importante, pues abre esa posibilidad, sin embargo, dijo, pese al posible cambio de ley migratoria en Estados Unidos, lo que México tiene que hacer es crear más oportunidades para que la gente no emigre.

Por lo que respecta a los migrantes centroamericanos, la funcionaria indicó que está en operación el Programa de Trabajadores Temporales con Guatemala, en el que se han documentado 69 mil de éstos, además de que no hay cuota y está sujeta a la oferta y la demanda.

"El 85 por ciento del trabajo que se hace en las fincas de café, de piña y plátano, es gracias a la mano de obra guatemalteca. Estamos viendo diversas posibilidades en otros estados de la República, por ejemplo, en el sector construcción de Quintana Roo".

En su informe, la Comisionada aseguró que los gobiernos deben proteger los derechos de los migrantes, independientemente de su situación jurídica, y promover políticas que logren una migración ordenada, digna y segura, con un enfoque humanista.

Indicó que existen actualmente en el mundo más de 175 millones de personas que habitan en un país distinto al de su nacimiento. Cada vez son más los hombres y mujeres que hacen de la migración un modo de vida y que en su mayoría salieron en busca de mejores condiciones económicas.
Externó que México año con año tiene una emigración neta anual hacia Estados Unidos de 400 mil personas, situación que no refleja la totalidad del fenómeno. Agregó que, en el mismo periodo, los Estados Unidos nos devuelven a 500 mil compatriotas detenidos en la frontera. Abundó que nuestra frontera norte registra más de 360 millones de cruces de personas en un año.

Destacó que otra vertiente de la migración es la de tránsito y nuestro país detuvo el año pasado a 215 mil migrantes que no pudieron acreditar su legal estancia en México.

Refirió que tan sólo en el aseguramiento de migrantes, traslado, alojamiento, alimentación y devolución a sus países de origen, el INM erogó, en el 2004, más de 200 millones de pesos y advirtió que en este año podría aumentar el gasto en 30 por ciento.

Señaló que en la frontera sur se tienen actualmente sólo 12 cruces formales en más de mil kilómetros y un sinnúmero de informales.

Puntualizó que los Grupos Beta son un instrumento idóneo para velar por el bienestar de los migrantes en situación de vulnerabilidad, por ello, en la zona sur del país se cuenta con cuatro de los 15 grupos existentes.

Agregó que durante la presente administración, además de la redefinición de su misión, orientada ahora a la protección de la vida, y que se materializa en los 3 mil rescates realizados el año pasado, se han creado 5 nuevos grupos.

Expuso que la proporción de migrantes, respecto al total de la población, se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, es de alrededor de 3 por ciento.

Mencionó que no existe región del mundo que esté exenta de este fenómeno. Europa tiene más de 56 millones de migrantes; Asia 50; Canadá y Estados Unidos 40 millones. Asimismo, dijo, se estima que en Latinoamérica hay 20 millones.

Refirió que en México han sido detenidos casi dos mil integrantes de la Mara Salvatrucha, en 2003, 2004 y en lo que va de este año, como resultado de los operativos Antimara; Los Acero I y II, en los ferrocarriles; el Veracruz y el Frontera Sur Costa.

Abundó que el Gobierno mexicano ha desplegado una estrategia de coordinación nacional que incluye a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para responder al desafío de la Mara Salvatrucha.

Finalmente, el diputado Ángel Alonso Díaz Caneja (PAN) ofreció el apoyo de la comisión a su cargo para lograr el presupuesto necesario y trabajar conjuntamente con estados que colindan con Centroamérica.