A efecto de contar con una base de datos en seguridad pública de personas víctimas de delitos, delincuentes o responsables de delitos, el diputado Javier Galván Guerrero (PRI), presentó iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de mejorar la detección y persecución de los delitos.

El documento señala que será de consulta obligatoria para las instituciones que realicen actividades de seguridad pública, a las cuales tendrán accesos las diferentes dependencias de los tres niveles de Gobierno, municipales, estatales y federales, mediante una red informática.

Sustenta que la Secretaría de Seguridad Pública será la responsable del manejo de la base de datos en lo referente a bajas, mientras que las corporaciones estatales y municipales que realicen actividades de seguridad pública sólo podrán aportar datos de ingreso en dichos padrones.

Galván Guerrero mencionó que la seguridad pública es compleja, pues en ella convergen carencias y deficiencias sociales, culturales y económicas, causadas por la falta de aplicación de políticas públicas justas y equitativas.

Dijo: “Nos hemos dado cuenta que nuestras acciones en contra del crimen organizado han quedado rebasadas en la lucha por mejorar los niveles de civilidad, equidad, convivencia y paz social”.

Puntualizó que las estadísticas en delitos como el narcotráfico, el robo de vehículos, el asalto de autotransporte de carga local y federal, así como el secuestro son alarmantes.

Resaltó que la explotación de menores es cada vez más grande, por lo cual es más difícil de detener, ya que la mayoría de los niños robados son obligados a prostituirse.

El legislador indicó que otro factor de inseguridad es la delincuencia organizada, que ha provocado que se ubique en tercer lugar a nivel nacional en lo que se refiere a delitos donde se toca la perversidad, crueldad y deshumanización.

Destacó que en México se roban 120 autos al día, tan sólo en el Distrito Federal, de los cuales en su mayoría se llevan a cabo por marca, modelo, color, equipo e incluso bajo pedido.

Apuntó que la base nacional de datos estará integrada por personas probables responsables de delitos, indiciadas, procesadas o sentenciadas, de consulta obligatoria en las actividades de seguridad pública, donde se incluyan sus características criminales, medio de identificación, recursos y modos de operación.

Expresó que se conformará otra en donde se mencionen las personas menores de edad, robadas, secuestradas y extraviadas, así como una de vehículos robados.

Finalmente subrayó que los servidores públicos inhabilitados para seguir prestando sus servicios en los distintos niveles de gobierno federal, también serán incluidos en estas listas.