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• Enfrentan abandono social y familiar; su incertidumbre jurídica es otro problema

En los últimos 70 años, en México la esperanza de vida pasó de 33 a 75 años en promedio, lo que significa un aumento de 42 años, sin considerar que paulatinamente irá incrementándose cada vez más. Conforme al Censo Nacional de Población (CONAPO) realizado por INEGI, al año 2001, se encontraban en nuestro país 22.3 millones de niños en edad escolar, 27.5 millones de jóvenes, 56.6 millones de adultos y 7.1 millones de adultos mayores de 60 años, es decir el 7.3 por ciento del total de la población.

De acuerdo con este Consejo, hoy uno de cada veinte mexicanos tienen 60 años o más de edad y en el 2030 representarán uno de cada ocho y para el 2050 uno de cada cuatro habitantes.

Los habitantes en edad de trabajar, que es de 15 a 59 años, y los adultos mayores de 60 años abarcarán bastas proporciones de la población total.

Ante tal situación, la diputada Adriana González Furlong (PAN), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, propuso iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de incorporar la tarea de atención al envejecimiento en las estrategias políticas y acciones de gobierno para perfeccionar y profundizar el marco legislativo.

Hasta hace tres años, dijo, el tema de los adultos mayores no figuraba en la agenda nacional; hoy es tema de primer orden, no sólo por la importancia que ha cobrado, sino por los altos dividendos político-electorales con los que se le maneja.

Los problemas que enfrentan los adultos mayores son abandono social y de algunas instituciones públicas, discriminación, malos tratos y excesivos trámites en dependencias al requerir de un servicio. Incertidumbre jurídica en su persona y su patrimonio del que muchas veces se ven despojados. Insuficiencia de vivienda y no poder ser sujetos de crédito para la obtención de la misma, marginación y maltrato por parte de sus familias.

Por lo tanto se pretende otorgar nuevas obligaciones y atribuciones a las autoridades, administración pública federal, entidades federativas, municipios y al Instituto Nacional para Adultos Mayores (Inapam) en esta materia.

La diputada Adriana González indicó que como país debemos estar preparados para la demanda en atención, servicios y medicamentos, así como encontrar soluciones al grave problema de jubilaciones y pensiones.

Subrayó la necesidad de promover políticas de reinserción laboral y fuentes adecuadas de empleo que permitan aprovechar la experiencia acumulada, establecer acciones encaminadas a la familia, la sociedad y el gobierno, a fin de evitar en toda forma discriminación y olvido por razones de la edad.

De igual forma, explicó la legisladora que a la Secretaría Desarrollo Social se pretende agregar la tarea de formular, fomentar y coordinar políticas y programas que promuevan la equidad de oportunidades y que elimine los mecanismos de exclusión de los ancianos.

Por ultimó, concluyó, se les otorgaría beneficios fiscales y descuentos en el pago de derechos por servicios que otorga la administración Pública Federal y de las entidades del país, cuando el usuario y solicitante sea una persona mayor.