• Solicita el instituto 33 mil 457 millones de pesos

Diputados de la Comisión Especial del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuestionaron el requerimiento presupuestal de 33 mil 457 millones de pesos por parte de ese instituto, los cuales serían destinados para el pago de intereses generados por el rescate bancario estimados en 44 mil 554 millones de pesos a partir de una deuda de 698 mil 66 millones de pesos al cierre del 2005.

Los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y Dolores Padierna Luna, ambos del PRD, coincidieron que la solicitud está sobredimensionada e incluso se le deben disminuir 8 mil millones de pesos, toda vez que hay rubros más importantes a los que se tienen que destinar mayores recursos.

Mencionaron que entre las prioridades destacan la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso de los huracanes Stan y Wilma en el sureste mexicano, así como en los estados de Hidalgo y Baja California, además de que es necesario dotar de mayor presupuesto a salud, educación, seguridad pública y combate a la pobreza.

El subsecretario de la Secretaría de Hacienda, Alonso García Tamez indicó que el IPAB requiere para este año, 44 mil 554 millones de pesos a fin de mantener en términos reales el monto de su deuda, una parte de estos (5 mil 652 millones de pesos) serían obtenidos de las cuotas que pagan los bancos por el seguro de depósito -la ley establece que el 75 por ciento de éstas se debe de destinar al pago de obligaciones financieras-.

Otra parte, añadió, provendrá de las recuperaciones de activos (5 mil 446 millones de pesos) y los restantes 33 mil 457 millones de pesos serían recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Advirtió que de no contar con suficientes montos para hacer frente al componente real de la deuda del IPAB, traería como consecuencia no cumplir con el objetivo estratégico del instituto, el cual es contener el crecimiento de sus pasivos; generaría un impacto negativo en la percepción de los mercados, ya que tendría que refinanciar un mayor monto de recursos y se incrementaría el costo del financiamiento en mayores tasas de colocación de los bonos (BPA´s).

“Habría también una posible disminución en la calidad crediticia del instituto como emisor de deuda. La importancia de la deuda respecto al tamaño de la economía aumentaría y por ende su impacto en las finanzas públicas al igual que habría un aumento insostenible de la deuda neta del IPAB en el mediano y largo plazos”, señaló.

El subsecretario habló de la estrategia que se ha aplicado para refinanciar y administrar de forma sana los pasivos que heredó el IPAB del Fobaproa, lo que le ha permitido generar credibilidad y certidumbre en el mercado. Se refirió también a una disminución de reservas de activos del IPAB por 4 mil 763 millones de pesos y que únicamente quedan 583 millones de pesos de reservas.

Por su parte, el secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beaurregard, indicó que los resultados alcanzados han sido gracias al Congreso que ha asignado al instituto, año con año, la cantidad de recursos que ha necesitado para el pago de su deuda.

“Cualquier ahorro que generemos hoy en día nos va a representar menos recursos en el futuro y eso no hay que perderlo de vista, por eso es necesario que se apruebe lo que se está solicitando”.

Más adelante, Mario Beaurregard y Alonso García Tamez fueron cuestionados por los legisladores perredistas respecto a la venta de los pasivos del IPAB, particularmente a la empresa Construcciones Prácticas, a la que presuntamente están ligados los hijos de Marta Sahagún, esposa del Presidente Vicente Fox.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar indicó que la empresa Construcciones Prácticas compró cartera con un valor de recuperación para el IPAB de 0.90 por ciento y en el mejor de los casos, el instituto recuperó el 1.20 por ciento, es decir, “cuando le vendieron los créditos a esa empresa, el erario público perdió más del 90 por ciento y es un costo fiscal que tienen que pagar todos los contribuyentes”.

Mencionó que la venta puede ser legal, pero es de una gran inmoralidad, sobre todo porque hubo el aprovechamiento de información privilegiada y se obtuvieron grandes tajadas a través de precios de remate de la cartera vencida.

Al dar respuesta a los cuestionamientos, el subsecretario de Hacienda y el secretario ejecutivo del IPAB señalaron que las licitaciones se hicieron con total transparencia y que en ningún momento se favoreció a los hijos de la esposa del Presidente de la República.

“El IPAB lleva a cabo estos procedimientos a través de subastas públicas, de acuerdo a lo establecido en las leyes que regulan esta materia. Ha sido sumamente estricto en su proceder, ha sido transparente y fue revisado en un sinnúmero de veces sin que se hayan hecho observaciones al respecto. El instituto informa regularmente de quiénes son los ganadores de las subastas y es importante hacer mención de que se subastan activos y créditos”, coincidieron.

Alonso García explicó que los créditos que vende el instituto no son de fácil recuperación. “Lo que se vende en muchos casos son créditos que están en problemas muy fuertes legalmente”.

A su vez, el diputado Federico Döring (PAN) cuestionó las preguntas de los diputados del PRD y acusó que la intención de éstos es revivir asuntos del pasado y otros con fines distintos a lo que originalmente es el objetivo de la convocatoria, como lo es en esta ocasión el presupuesto del IPAB.

La perredista Dolores Padierna cuestionó sobre el incumplimiento de lo establecido en la Ley del IPAB en el canje de pagarés y sobre el por qué no se han fincado responsabilidades a quienes tienen mucho que ver con el quebranto bancario.

El subcretario de Hacienda respondió que el IPAB ha cumplido cabalmente con lo que establece la ley, en particular el artículo 5º transitorio respecto del canje. Y el Auditor Superior de la Federación así como el reporte del auditor canadiense Michael Mackey, concluyeron que no hubo ninguna ilegalidad en las operaciones por lo que no se procedió legalmente.