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• Están recluidos en consejos tutelares tres mil menores, la mayoría acusados de robo

Heliodoro Díaz Escárraga, presidente de la Mesa Directiva, aseguró que es compromiso del Congreso de la Unión, antes de que termine esta legislatura, reformar el marco legal para contar con un nuevo esquema de justicia penal para menores infractores.

Al clausurar la Conferencia Nacional “El Nuevo Modelo de Justicia para Adolescentes en México”, el diputado Díaz Escárraga dijo que el gran reto de senadores y diputados es traducir el esfuerzo, participación y experiencias del evento en reformas concretas.

También hizo un llamado a las dos cámaras del Congreso de la Unión a procurar el trabajo en conferencia, así como analizar con amplitud y seriedad la propuesta que en la materia ha presentado tanto el Ejecutivo Federal como diversos legisladores.

Comentó que además de las reformas legales, es indispensable avanzar en la asesoría y capacitación a los padres de los menores infractores, en los programas de prevención del delito, y de manera particular, velar por el respeto integral de los derechos de los menores infractores.

Se estima que tres mil menores de edad se encuentran privados de su libertad por distintos delitos en los consejos tutelares del país; la gran mayoría, casi el 80 por ciento, están recluidos por robo. Se necesita elaborar una reforma a la Constitución para dejar asentados los principios que definen las reglas que están inscritas en la ONU, expresó Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión Especial para la Niñez, Adolescencia y la Familia.

La diputada dijo que la Constitución establece, en esta materia, que los adolescentes con conducta contraria a la establecida en la ley penal tendrán que ser tratados con dignidad, más allá de su apariencia, condición social y contexto familiar, además de ser separados de los adultos y tener contacto con sus padres; este derecho sólo será negado en caso de que un juez así lo determine.

De igual manera, la legisladora enfatizó que a pesar de la existencia de una Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual busca defender el debido proceso de jóvenes que violen las leyes, dicha norma no garantiza que México transite hacia la constitución del sistema de justicia penal que los ciudadanos merecen.

Cabe destacar la participación de Antonio do Amaral e Silva, experto internacional de Brasil; Karla Varela, representante UNICEF El Salvador; José Manuel Arroyo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y Armando Leandro, ex magistrado del Tribunal supremo de Portugal, quienes expusieron sus experiencias y puntos de vista sobre el tema.

En el último día de actividades se organizaron tres mesas de trabajo encaminadas a discutir sobre los criterios de los principios procesales, ejecución de medidas en una ley federal y las leyes estatales de nuestro país.