El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 367 votos a favor, 92 en contra y 4 abstenciones, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 con un gasto total previsto en un billón 973 mil 500 millones de pesos como resultado de la reasignación de 92 mil 299 millones 600 mil pesos con relación a la propuesta del Ejecutivo Federal, que era de un billón 881 mil 200 millones 400 mil pesos.

De ese monto total, se destinaron al Ramo Administrativo 460 mil 833 millones 214 mil 658 pesos, de los que 51 mil 20 millones 685 mil 834 pesos son para Agricultura y Ganadería; a Educación Pública 137 mil 569 millones 832 mil 701 pesos; Presidencia de la República, mil 621 millones 913 mil 200 pesos, Gobernación, 4 mil 737 millones 913 pesos; Relaciones Exteriores 4 mil 510 millones 938 mil 847 pesos; Hacienda y Crédito Público, 28 mil 131 millones 945 mil 700 pesos.

En tanto que para la Defensa Nacional se destinaron 26 mil 169 millones 400 mil 900 pesos; Comunicaciones y Transportes 33 mil 687 millones 158 mil 800 pesos; Medio Ambiente, 21 mil 333 millones 223 mil 466 pesos; Energía, 27 mil 324 millones 373 mil 75 pesos; Medio Ambiente 21 mil 333 millones 223 mil 466 pesos.

Para Desarrollo Social 26 mil 472 millones 981 mil 800 pesos; Seguridad Pública, 9 mil 424 millones 400 mil pesos; CONACYT 8 mil 859 millones 247 mil 600 pesos; Marina 9 mil 26 millones 10 mil 800 pesos.

En cuanto a los Ramos autónomos se canalizaron 42 mil 903 millones 768 mil 715 pesos, de los que 23 mil 389 millones de pesos fueron para el Poder Judicial; al IFE 11 mil 892 millones 136 mil 21 pesos; CNDH, 742 millones 543 mil 110 pesos; a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 mil 939 millones 116 mil 874; para el Consejo de la Judicatura Federal 19 mil 403 millones 761 mil 708 pesos y al Poder Legislativo 6 mil 879 millones 776 mil 651 pesos.

En Ramos Generales se designaron un billón 59 mil 203 millones 914 mil 96 pesos, de los que 177 mil 121 millones 555 mil 135 pesos fueron para Aportaciones a Seguridad Social; Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios obtuvieron 291 mil 871 millones 849 mil 705 pesos, mientras que 22 mil 500 millones de pesos fueron destinados al Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y a Provisiones Salariales y Económicas 10 mil 748 millones 787 mil 980 pesos.

Para el gasto no programable de los mismos Ramos Generales, se destinaron a Deuda Pública 182 mil 42 millones 629 mil 500 pesos; Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 36 mil 972 millones 781 mil 800 pesos; Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 290 mil 917 millones 909 mil 976 pesos.

Para Entidades Sujetas a Control Presupuestario Directo se asignaron 611 mil 62 millones 388 mil 286 pesos, de los cuales 209 mil 194 millones 600 mil pesos son para el IMSS, a CFE 153 mil 619 millones 900 mil pesos; Luz y Fuerza del Centro 26 mil 146 millones 200 mil pesos; Petróleos Mexicanos (Consolidado) 105 mil 222 millones 139 mil 933 pesos; para el costo financiero de Pemex y CFE 42 mil 750 millones 748 mil 353 pesos.

En tanto, para el Programa de Reconstrucción se destinaron 4 mil millones de pesos, de los que 900 millones serán para Chiapas, 100 millones para Guerrero; a Hidalgo 200 millones; Nuevo León 100 millones; Oaxaca 600 millones; a Puebla 300 millones; Quintana Roo 600 millones; Tamaulipas 100 millones, para Veracruz 900 millones y a Yucatán 200 millones.

Al Fondo de Desastres Naturales se dieron mil millones de pesos; al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 126 millones; al Programa Especial concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 154 mil 915 millones 750 mil pesos mientras que al Programa de Ciencia y Tecnología 30 mil 599 millones 748 mil 168 pesos.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública consideró que el Presupuesto de Egresos debería enfocarse fundamentalmente a impactar en tres grandes temas: la creación de infraestructura productiva, la canalización de recursos al desarrollo social y el fortalecimiento de las entidades federativas.

También se hace referencia al diseño de un artículo específico “con el objeto de atravesar el Decreto y crear candados en la materia que permitan un efectivo control parlamentario del uso y aplicación de los recursos”.

En dicho artículo se prohíbe que las dependencias y entidades se identifiquen en el ejercicio de sus funciones con los partidos políticos o candidatos y que los apoyen con fondos públicos federales.

Con ese objetivo se le otorgan facultades a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para realizar un monitoreo permanente de políticas públicas.

Al fundamentar el dictamen, Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI) aseguró que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública hizo diversos ajustes de gasto en el Poder Legislativo, el Instituto Federal Electoral y diversas dependencias del Gobierno Federal.

Aseguró que en el rubro de desarrollo social y regional se aumentaron en más de 16 mil millones los recursos para educación; 2 mil 750 millones en salud y mil millones en ciencia y tecnología, además de financiar nuevas obras para el Programa de Apoyo a los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Se incrementaron, dijo, en más de mil 500 millones de pesos los recursos para el Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública (ramo 33), a la Secretaría del rubro para manutención de los internos en centros penitenciarios estatales y se otorgaron recursos para la persecución del delito y narcomenudeo.

Además, agregó, se elevaron en más de 900 millones los recursos para programas de apoyo a micro y pequeñas empresas, 13 mil millones de pesos para carreteras y 17 mil 400 millones de pesos adicionales a la propuesta del Ejecutivo sobre el Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural.

En el proyecto de Decreto, precisó, se fortalecen las medidas de transparencia y rendición de cuentas del Ejecutivo Federal, a través de un mecanismo para que en el ejercicio de recursos de programas sociales como el Seguro Popular y Oportunidades se utilicen con fines electorales.

PRI

En su intervención, José Luis Flores Hernández (PRI) se pronunció por aprobar el proyecto de presupuesto presentado en el Pleno, que con los cambios y reasignaciones en ciertos renglones permitirá recuperar un nivel de gasto que, sin ser el ideal, mejora las modestas aspiraciones del Ejecutivo en materia económica.

Dijo que los diputados recibieron un presupuesto que planteaba una reducción dramática para áreas como agricultura, comunicaciones y transportes, educación, salud y prácticamente todos los rubros de inversión. “Tanto la iniciativa de Ley de Ingresos como el Proyecto de Presupuesto para 2006 mostraron nuevamente una postura del Ejecutivo para continuar con una política fiscal restrictiva y recesiva”.

Por ello, destacó, la Cámara de Diputados está ejerciendo nuevamente sus facultades y en un clima de diálogo con el Ejecutivo revisó las estimaciones de ingresos para el 2006, modificó el precio asignado al petróleo y corrigió un pretendido superávit que de ninguna manera se justifica en el actual entorno de la economía.

“Hemos privilegiado los acuerdos para darle certidumbre a la nación, con los recursos del país no se puede jugar a los números, el instrumento que hoy se apruebe debe ser base para mantener la estabilidad económica en un año electoral”, enfatizó.

PAN

En tanto, el diputado José Guadalupe Osuna Millán (PAN) afirmó que la Cámara de Diputados consideró conveniente reasignar recursos por un monto de 89 mil 140 millones de pesos. Agregó que estas adecuaciones son resultado del consenso de cada fracción parlamentaria.

Indicó que las prioridades contenidas en el Presupuesto de Egresos son congruentes con lo que demanda la población, por lo que a educación, seguridad pública y a economía van más recursos.

Expuso que su fracción parlamentaria se pronuncia a favor de mayores fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria, por lo que se destina más presupuesto al campo.

PRD

Al fijar la posición del PRD, su coordinador Pablo Gómez Álvarez señaló que este proyecto es la expresión de una política regresiva del gasto público, inaceptable desde el punto de vista social y contrario a la inversión y al papel del Estado como promotor del desarrollo.

Explicó que los “logros importantes” de incremento en partidas presupuestales, con excepción de salud, no son sino decrementos sobre lo que se espera del ejercicio fiscal de 2005.

Se refirió al nuevo régimen fiscal de PEMEX, el cual impulsaría la exploración que dé reserva probada, así como la producción de petroquímicos, gasolinas y gas, sin embargo, dijo, los 31 mil millones de pesos que no pagará de derechos, serán absorbidos por el Gobierno Federal para financiar el déficit gubernamental y ni un solo peso llegará a la paraestatal, además de que le recorta más de dos mil millones de pesos.

Añadió que con estas medidas el Gobierno, y no pocos líderes del PRI, buscan fundamentar y justificar la privatización de la industria energética.

Asimismo, señaló que el proyecto disminuye el gasto real en educación pública y con esto “México es el único país del mundo que, sin estar en guerra o situación de catástrofe, disminuye su gasto en este ramo”, afirmó.

PVEM

En tribuna, el legislador Guillermo Velasco Rodríguez expresó que el crecimiento económico se pone en riesgo ante un eventual agotamiento de los recursos naturales, ya que sus costos económicos y la degradación ambiental que se vive representan el 10.5 por ciento de la riqueza generada mientras que se destina sólo el 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto en el PEF a su protección y cuidado.

Aseguró que el presupuesto enviado por el Ejecutivo evidencia el perfil restrictivo imperante en la actual administración, mismo que ha obstaculizado el crecimiento de la economía, debilitado el mercado interno y deteriorado el bienestar social. “Estamos en un preocupante proceso de estancamiento estabilizador”, añadió.

Es necesaria, advirtió, una reestructuración del aparato burocrático nacional así como mayor austeridad en el gasto corriente, disminución del costo administrativo y eficientar el ejercicio del gasto.

Convergencia

El diputado Luis Maldonado Venegas, mencionó que los disensos deben dar paso a una serie de acuerdos que posibiliten la utilización de políticas públicas que ayuden en la solución de los problemas que aquejan a la sociedad.

Puntualizó que el Presupuesto mantiene las reglas de transparencia y rendición de cuentas, que promueven la colaboración entre poderes y el intercambio de información presupuestal y de gasto público. Asimismo dijo prevalecen las medidas de austeridad e insuficiencias en las expectativas de la sociedad, sectores e instituciones.

Postura en contra

El hacer uso de la palabra en contra, el legislador Guillermo Huízar Carranza indicó que en aras de proteger los intereses de banqueros, escoger una tasa de interés inalcanzable se está castigando a dos instituciones que son fundamentales para la vida democrática de México y que están a punto de morir: el Seguro Social y Petróleos Mexicanos.

Los recursos derivados del nuevo régimen fiscal simplemente los guardan en el superávit para cubrir el auténtico déficit con el que trabaja esta administración.

“Es hora de decirle la verdad a los mexicanos: este gobierno trabaja con déficit, así lo dice explícitamente el documento; lo que ocurre es que lo cubren con el superávit del Seguro Social y de Petróleos Mexicanos” puntualizó el diputado perredista.

Asimismo, del mismo partido, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que el Ejecutivo mandó un presupuesto recortado y la Cámara reconstituyo una bolsa, importante, total y absolutamente insuficiente, porque se pudo hacer más si se hubiera tomado una actitud de congruencia de la mayoría de quienes conformaron el presupuesto.

Sostuvo: “señores del PRI, podíamos o no reducirles la partida presupuestal al IPAB, pero la cobardía de su bancada no permitió que este acto de justicia y dignidad de la Cámara se pudiera dar, como un paso para salvar una cosa que es vergonzosa para los mexicanos, donde el tráfico de influencias se sigue convirtiendo en la fuente fundamental de riqueza”.

Ahora, con el mismo petate del muerto de la observación y del veto, advirtió: “doblaron las rodillas y sacrificaron el presupuesto para el campo y la UNAM”.

Asimismo, fueron modificados diversos artículos para transparentar los padrones de beneficiarios de los programas sociales.

Se obliga a la Secretaría de Hacienda a que considere la opinión de las Entidades Federativas para el diseño de las reglas de operación de los programas sociales y los criterios oficiales para la distribución del subsidio del Ramo Administrativo 20.

Fueron reservados para votación en lo particular 111 artículos, además de que se integró una fe de erratas, de la que también se reservaron algunos apartados.