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Boletín N°. 2375 La Cámara de Diputados es un órgano contralor del Ejecutivo Federal: Heliodoro Díaz Escárraga

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Heliodoro Díaz Escárraga aseguró que el Poder Legislativo es ahora un auténtico órgano contralor del Ejecutivo Federal, pues las decisiones de captación de recursos, su distribución y vigilancia corresponde a los legisladores y no a dependencias públicas o conveniencias políticas.

Durante la presentación de la obra editorial “Acervo Jurídico de la Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior en México”, a cargo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el marco de su 181 aniversario, el diputado informó que en un estudio independiente, realizado entre los años 2003 y 2005, revela que las atribuciones y participación de los representantes populares en materia de transparencia presupuestaria crecieron 15 puntos.

La Cámara de Diputados, dijo, comparte plenamente los objetivos de la entidad de fiscalización superior, al ofrecer a los legisladores, órganos estatales de fiscalización, instituciones académicas, dependencias, especialistas y sociedad, esta obra editorial que comprende casi dos siglos de trabajo legislativo sobre la regulación de la función pública.

Enfatizó que para el adecuado desarrollo democrático es indispensable transparentar y fiscalizar la administración pública, ya que así se previenen, inhiben y corrigen los subejercicios presupuestales, el tráfico de influencias y la falta de ética en el desempeño del servicio público.

Señaló que uno de los retos de la democracia es generar confianza en las instituciones mediante el combate a la opacidad del servicio público, además de la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización, que permitan a los gobernados conocer si dependencias y entidades ejercen, conforme a la normatividad, los recursos públicos.

Díaz Escárraga dijo que sociedad civil y servidores públicos deben contar con una mínima formación cívica, legal y humana, basada en el conocimiento de las reglas jurídicas y administrativas aplicables al gobierno.

Por ello, reiteró, la obra que sobre la fiscalización superior en México ha realizado la ASF es un trabajo de fondo que coadyuva al perfeccionamiento de la cultura de transparencia y democracia.

En el evento, efectuado en la Auditoría Superior de la Federación, su titular, Arturo González de Aragón, dijo que la democracia, la transparencia y la rendición de cuantas no son concesión graciosa de los gobernantes, sino obligación ineludible con la sociedad.

Afirmó que “no se transmite un buen mensaje a la población cuando se colocan a la acción fiscalizadora del Poder Legislativo todo tipo de obstáculos, entorpeciendo el cumplimiento y negaciones de información que sólo propician sentimientos de suspicacia y sospecha sobre la transparencia de acciones”.

El auditor comentó que la inseguridad, la corrupción e impunidad registran altos niveles de ocurrencia y hacen que exista la percepción de que la autoridad vacila en la aplicación de la ley y que algunos grupos de ciudadanos se resistan a cumplirla.

Precisó que la falta de observación de la ley no es asunto de equivocaciones en la impartición de justicia, sino de una inadecuada operación del Estado de Derecho.

González de Aragón reconoció los avances logrados en materia de transparencia y acceso a la información, no obstante, aclaró, se deben eliminar las excepciones a las normas, pues se corre el peligro de generalizar estas situaciones en lugar de que prevalezca su universalidad haciendo que sus efectos sean nugatorios para la sociedad.

Por ello, dijo, el propósito de esta obra editorial es integrar en un documento toda la legislación en la materia, propiciar el estudio del derecho administrativo de fiscalización, difundir las facultades, funciones y organización de la entidad superior, reconocer el desempeño del Poder Legislativo e inducir estudios más profundos por parte de expertos en la materia.

En el acto estuvieron el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza; la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Beatriz Luna Ramos, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Diego Fernández de Cevallos.

 
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