El diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia, Jesús González Schmal presentó una iniciativa que pretende facultar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que pueda revocar concesiones y permisos de manera inmediata a aquellos concesionarios que no cumplan con los avances y compromisos requeridos por la Ley de Aeropuertos.

En su exposición de motivos, el legislador señaló que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) concesionario en algunas terminales aéreas mexicanas, no ha cumplido con los compromisos planteados en el contrato de concesión.

González Schmal denunció que GAP, contrario a ello, ha recortado personal, no paga las contribuciones locales en impuesto predial, ni derechos por servicio de agua y drenaje, han hecho víctima a los usuarios del servicio que se han visto obligados a sentarse en el piso, carecen de servicios médicos, ambulancia, contratan servicios públicos irregulares, han incumplido la normatividad ambiental, entre algunas otras.

“Frente a tales experiencias negativas al interés nacional, se impone ahora este órgano legislativo asumir la responsabilidad de aportar los instrumentos legislativos pertinentes para contener la inercia clara del perjuicio y detrimento del patrimonio público, en específico respecto de las instalaciones aeroportuarias del territorio nacional”, dijo.

El también Presidente de la Subcomisión de Aeropuertos, aseguró que es imperativo revisar la ley, pues fue elaborada con el premeditado propósito de proteger al concesionario ante la autoridad aeroportuaria, cuando existiendo causas y razones para imponer sanciones y aun la revocación, se limita a la autoridad para actuar en la defensa del servicio.

Respecto a las metas propuestas desde la privatización para la operación aeroportuaria por la vía de la concesión, el diputado recordó que el Gobierno Mexicano pretendía la generación de empleos, contribuir al desarrollo regional, incorporar tecnologías de punta, aumentar la eficiencia de los servicios aeroportuarios, contribuir al ingreso de divisas, todo ello preservando el equilibrio del medio ambiente.

“Lo que ha sucedido después de casi siete años de concesión del GAP difiere diametralmente de estas expectativas y, paradójicamente, la privatización del sistema aeroportuario mexicano ha costado y seguirá costando en diversos aspectos a los mexicanos”, indicó.

Y es que, según el diputado de Convergencia, la creación de las empresas concesionarias fue pagada con presupuesto federal, se les pagan millones de dólares anuales por asistencia técnica y transferencia de tecnología, reciben el 1 por ciento de comisión por venta de turbosina de todo avión que aterriza en los aeropuertos concesionados y no se ha invertido lo comprometido en montos, ni en tiempos, no hay señales de modernización.

La iniciativa reformaría el artículo 27 de la Ley de Aeropuertos vigente.